El documento tiene por objeto “conocer la composición y funcionamiento (en las leyes como también en la práctica) de los órganos de apelación y control en cada uno de los países miembro de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información”. Da cuenta entonces del estado del derecho de acceso a la información pública en las Américas, desde el punto de vista del rol que han tenido los órganos encargados de resolver los conflictos que se suscitan entre ciudadanos y las entidades públicas en la entrega de la información, tales como las comisiones e institutos de información, defensorías del pueblo, entre otras.
Además, hace una revisión del funcionamiento de las instancias de apelación, lo que es importante en aquellos países que no cuentan con leyes de acceso a la información, o que no tienen este tipo de entidades rectoras.
Para el caso colombiano, entrega una visión actualizada del estado de la normativa de acceso a la información. Frente a la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sancionada el 6 de marzo de 2014 por el presidente de la República, se señala que “entró en vigencia para las entidades del orden nacional el pasado 6 de septiembre y será obligatoria para las territoriales a partir del día 6 de marzo de 2015”. Se encuentran aquí las principales características de los procedimientos y órganos de control y apelación, mecanismos establecidos en la normativa que regula el acceso a la información pública en Colombia: vía administrativa y vía judicial.
Cabe destacar los datos que señala al abordar la descripción del poder judicial. Siendo la instancia que “goza de independencia absoluta de acuerdo a la Constitución Política, por las funciones de nominación y nombramiento de importantes funcionarios públicos que tienen las altas cortes se ha generado un clima de politización y desconfianza(…). De acuerdo al Barómetro Global de Corrupción (BGC) 2013 de Transparencia Internacional, el 64% de colombianos perciben que la justicia es corrupta”.
En la etapa de socialización internacional de conceptos y experiencias sobre transparencia y acceso a la información pública, espacios valiosos para intercambiar comentarios y recomendaciones para la implementación de la Ley de AIP, recalca el informe la poca convocatoria que se ha presentado con respecto a las organizaciones que trabajan el tema en el país, participación de la sociedad civil que enfatizan “resulta fundamental” para la consolidación de este período.
En resumen, este informe se constituye como aporte para el debate que contribuye a reconocer y trabajar en los principales desafíos que experimenta la región en materia de acceso a la información, centrándose en el papel de las instancias de control y apelación, claves para el cumplimiento de este derecho.
Nota: La Alianza Regional es una red que reúne 23 organizaciones de 19 países, cuyo objetivo principal es fortalecer las capacidades y conocimientos de las organizaciones miembros para realizar intervenciones tendientes a mejorar las condiciones de acceso a la información y libertad de expresión en sus países. Por Colombia, son miembros de la Alianza Regional: La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Transparencia por Colombia.