El primer domingo de julio una niña de Puerto Guzmán, Putumayo, fue hallada muerta en su casa. Las primeras versiones hablaban de un suicidio, pero pronto las sospechas apuntaron a un posible caso de abuso sexual y homicidio. Las hipótesis evidencian violencias que no son excepcionales y que generan una alta impunidad.
Ángela Tatiana tenía ocho años, una hermana de diez y uno de dos. Su madre, Noelvia Caicedo, de 25, recuerda que le gustaba andar en bicicleta y que era “muy juiciosa”. El domingo 5 de julio se había encerrado a ver televisión como acostumbraba y cuando su hermana fue a buscarla la encontró en el piso.
“Fue cuando ella salió gritando: ‘Mami, mi hermanita está desmayada, está en el suelo’. Corrimos a ver lo que estaba pasando cuando a la niña la encontramos en el suelo, ahorcada. La encontramos con una guasca, con una piola, estaba hecho dos vueltas en la nuca”, relató la madre por teléfono.
La primera versión entregada por el comandante de Policía de Putumayo, coronel Francisco Gelvez, y recogida por algunos medios, fue que la niña “tomó la decisión de quitarse la vida una vez sus padres le hacen un llamado de atención para no salir a la calle (…) La niña decide encerrarse en su cuarto, suspenderse en una cuerda y quitarse la vida”. Luego el coronel dijo en una radio que bajo “el principio de buena fe” creyó lo relatado por la familia, pero que había “dudas razonables” sobre el suicidio por elementos que estaban surgiendo en la investigación. El dictamen de Medicina Legal sobre las causas de la muerte está pendiente.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) también habló de un supuesto suicidio. Dijo que tras lo ocurrido participó en un Consejo Municipal de Salud Mental con funcionarios locales y confirmó que la hermana mayor de Ángela Tatiana había sido llevada a un hogar sustituto mientras se realizaban las investigaciones.
Las hipótesis de un posible suicidio u homicidio estaban presentes, pero una nueva versión tomó fuerza. La periodista Alejandra Herrera, en su cuenta de Facebook y basada en “fuentes muy confiables”, contradecía lo dicho hasta entonces y mencionaba detalles que revelaban violación y asfixia. Herrera acompañaba el mensaje con una foto de la niña y otra de un pequeño féretro. A las pocas horas la periodista recibió del coronel Gelvez un pedido de eliminar la publicación y también amenazas de quien se identificó como madre de la niña.
“La Policía me quiso callar, ese señor me insinuó que lo que yo decía era falso, que por eso debía ser eliminado de mi cuenta”, explicó la periodista que trabaja en Neiva y que también cubre temas de Putumayo.
Herrera se refiere al comandante Gelvez. Al ser consultado por La Liga sobre el caso, el coronel reconoció que a dos periodistas, incluida Herrera, les hizo “una sugerencia” en el “ámbito de la confianza” porque se conocen desde hace tiempo. “Le dije: ‘mire, tenga cuidado con esa publicación porque eso no es oficial’, pero es una sugerencia que se le puede hacer a cualquier persona (…) No creo que eso sea interferencia en la libertad de prensa”.
El mismo día Herrera recibió un audio a través de Facebook Messenger de quien se identificaba como la mamá de la niña. En el audio se escuchan reclamos e insultos por la publicación, y la amenaza: “Si usted estuviera aquí en este momento yo creo que le metería su par de puños para que aprendiera a ser seria”.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que entre sus proyectos impulsa La Liga Contra el Silencio, rechazó en un comunicado “las intimidaciones” contra la reportera y le pidió a la Fiscalía que indague de dónde provienen y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie la evaluación de riesgo de la periodista.
Nueve días después de la muerte de Ángela Tatiana, la Fiscalía anunció la detención de un vecino, Ramón Sánchez Ortiz, “por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años”. El ataque se dio en 2017 y su víctima tenía siete años.
“El investigado al parecer le daba alimentos a la niña, que era vecina suya, a cambio de que guardara silencio sobre los abusos”, indicó la Fiscalía. La detención del hombre se dio en el marco de las investigaciones por la muerte de Ángela Tatiana, pero por las fechas y las edades no está claro si el ataque fue contra ella o su hermana mayor. Ahora falta esclarecer dos hechos relacionados con la misma familia, el de 2017 y el de 2020.
“Nos dijeron que habían capturado a un señor, un vecino de ahí al frente, que tenían pruebas de que él había como abusado, no sé, pero que había sido tiempo atrás”, explicó la madre a La Liga. “Si él es el culpable que pague por todo lo que él ha hecho”, dijo.
Un día antes del fallecimiento de Ángela Tatiana, otra muerte de una niña de 4 años se confirmó en Neiva. Salomé estuvo cinco días en cuidados intensivos en un hospital tras ser violentada en Garzón, Huila, por un hombre de 27 años que está detenido mientras el proceso avanza. Pocas semanas antes se conocieron otros dos casos de abuso sexual en los que estaban involucrados militares. Las víctimas eran una niña embera en Risaralda y una niña nukak en Guaviare.
En Colombia, entre enero y mayo de este año, Medicina Legal practicó 7.544 exámenes por presunto delito sexual. El 73% fue a menores de 14 años, según el último boletín estadístico mensual de la entidad, que también registra 57 homicidios y 47 suicidios en el mismo rango de edad. En la publicación Forensis de 2018, Medicina Legal registraba cifras de abuso sexual infantil y suicidio en “una clara tendencia al incremento”. El informe sugería “una importante asociación” entre los dos temas.
Los datos revelan el alto número de violencias de todo tipo, pero especialmente sexual, ejercidas contra menores de edad. Paula Robledo, Defensora Delegada para Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, lo resume así: “En promedio cada día 10 niños y niñas menores de cinco años son víctimas de violencia sexual y 6 de violencia física (…) 19 niños y niñas entre los 6 y 11 años son víctimas de violencia sexual y 9 de violencia física”.
Esa oficina advirtió “la falta o debilidad en las acciones por parte del Estado para el cumplimiento de la ley, de la focalización para la gestión y de la implementación de la política dirigida a la protección integral” de niños, niñas y adolescentes.
Violencias y silencios
Los casos de violencia sexual contra mujeres y menores de edad se registran en todo el país, pero las cifras de Putumayo superan la media nacional en relación con su población. Allí, además, se conjugan múltiples factores que agravan la situación.
Hay casos que llaman la atención. En julio de 2018, el entonces director seccional de Medicina Legal, Félix Antonio Ávila, fue capturado e imputado por los delitos de trata de personas; tráfico de niños, niñas y adolescentes; acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir y actos sexuales abusivos con dos menores de 14 años.
Esta región ha vivido la guerra y todas sus amenazas: guerrilla, paramilitares y ahora dos facciones disidentes de las FARC que se disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico. También están presentes el Ejército y la Armada. Putumayo fue escenario del Plan Colombia auspiciado por Estados Unidos.
Además hay minería ilegal, explotación petrolera, desplazamiento y despojo de tierras a indígenas. Hubo fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos y ahora erradicación forzada. Todo esto en una frontera selvática junto a Ecuador y Perú donde abundan los casos de explotación sexual infantil.
Putumayo “es un territorio históricamente marginado y abandonado por el Estado desde esa lógica centralista, abandonado en términos de inversión social y de presencia civil de la institucionalidad”, dice Valentina González, fundadora de Casa Amazonía, una organización que trabaja desde hace 15 años con mujeres y menores de edad.
Allá se impone igualmente una tradición de dominio patriarcal que permea las relaciones familiares y comunitarias y que se suma a las lógicas extractivistas y militaristas. “Eso implica que en las zonas rurales sucedan cosas que son totalmente desatendidas, que son silenciadas, que son en muchísimos casos normalizadas, y sobre todo son estos asuntos de violencias contra las mujeres, los niños y las niñas”, explica González.
Además las instituciones estatales trabajan con limitaciones materiales, sin personal idóneo, y son vistas con desconfianza por una población mayoritariamente rural.
En junio, en el Resguardo Siona de Buenavista, la guardia indígena detuvo a un hombre acusado de abusar de una niña siona y con varias denuncias anteriores por abuso contra otras tres niñas. La entrega a las autoridades de Puerto Asís estuvo llena de demoras, ineficiencia y falta de coordinación, lo que “casi permite la fuga del agresor”, según denunciaron los indígenas. En este caso intervino la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y otras organizaciones para pedir acciones.
Falta todavía mucho “por parte de la institucionalidad para dar una respuesta efectiva e inmediata en estos casos”, dice Paula Villa, de la CCJ, quien conoció el caso siona. En general, explica, además de la violencia propia de los actos, “hay una violencia institucional que termina revictimizando”.
La Defensoría del Pueblo, en un informe de 2018 sobre la situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en departamentos de frontera, muestra el aumento de casos de abuso sexual contra menores en Putumayo. La mayoría se presenta en la zona rural. También menciona el temor “a denunciar los diferentes delitos en contra de niños, niñas y adolescentes, por las posibles represalias que se pueden presentar”.
“Hay algunos sectores en Putumayo donde realmente denunciar es un riesgo altísimo y no tienen sentido. La gente dice: ‘para qué denuncio si no va a pasar nada y me voy a poner más en riesgo’”, dice González, de Casa Amazonía. Y cuando denuncian, en general, los casos “se quedan como un asunto de menor importancia, se van acumulando y la impunidad es altísima. No opera la justicia”, dice.
De los procesos penales por delitos sexuales contra menores registrados por la Fiscalía entre 2013 y 2017, 639 son casos de niñas de Putumayo. En 2018, 437 seguían en etapa de indagación y solo 30 habían llegado a ejecución de penas. La mayoría de las víctimas tenían 13 años (103), pero hay casos desde menos de un año (1) hasta 17 (30). Las cifras figuran en una base de datos publicada por El Tiempo.
“El sistema es una pared”
Nancy Sánchez, coordinadora de la Alianza Tejedoras de Vida, otra organización que trabaja en Putumayo desde hace más de dos décadas, confirma estas dificultades. Como parte de sus proyectos, la alianza representó legalmente nueve casos entre marzo de 2019 y el 10 de julio de 2020. Cuatro de ellos eran de menores de edad (dos por acceso carnal abusivo violento y dos por acto sexual con menor de 14 años). Los otros eran de adultas que sufrieron abusos sexuales cuando eran niñas.
Acudir a la justicia, dice Sánchez, consiste en estar detrás de los casos y “empujar y empujar”. A veces se logran cosas y hay que seguir empujando. Consiguieron una condena por feminicidio y cinco órdenes de captura que aún no se han hecho efectivas. “La otra pelea es ir detrás de la justicia para que los capturen, ese es otro ‘camello’ grandísimo (…) El sistema es una pared completa”. A veces los funcionarios no son los más diligentes.
Ocurrió, por ejemplo, con dos niñas presuntamente violadas por un exmiembro de la Armada. Durante el tiempo que Tejedoras de Vida tuvo el caso no hubo avances y sí muchos cuestionamientos a la fiscal que lo llevaba. El expediente está en Puerto Leguízamo, en manos de la fiscal 40, Trinidad Ortega López, la misma que ahora está a cargo de la investigación contra ocho infantes de Marina por presunto abuso sexual de una mujer adulta. La fiscal registra en la Procuraduría una suspensión de un mes por faltas “graves” en un proceso a su cargo por delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El fallo menciona “su falta de preparación y solvencia en el desempeño de la labor acusatoria”, y además “su falta de pericia y preparación”. Ese caso terminó con la absolución del procesado. En febrero de 2020 se le abrió una nueva investigación disciplinaria.
Otros casos sí registran acciones por parte de la justicia, pero terminan siendo insuficientes. Luisa Martínez, abogada del área de acceso a la justicia y no violencia de la Corporación Sisma Mujer, en Bogotá, detalla algunas conductas recurrentes: “Los actos urgentes se realizan y se pueden incluso presentar capturas. En esa medida, la Fiscalía lo que hace es como dar ciertos resultados inmediatos, pero no se encarga de materializar que efectivamente se garantice una justicia y se dé con la sanción de los responsables”.
De ahí que la impunidad ronde el 97 %, según Martínez. Detalla algunas situaciones recogidas y analizadas en el “Informe de seguimiento a la Ley 1257: diez años de la ley de no violencias hacia las mujeres”, realizado por Sisma Mujer con datos de la Fiscalía. En los casos registrados de julio de 2016 a junio de 2018 correspondientes a delitos de violencia sexual (a excepción de acoso sexual) el 86,8 % estaba en indagación y solo el 2,28 % en ejecución de penas. Al tomar un periodo más largo y un delito específico -acceso carnal violento desde 2009 a 2018- los resultados no varían significativamente. “En cuanto a la mayoría de los casos, las cifras muestran que no superan la indagación y no están garantizadas las condiciones de acceso a la justicia”, concluye el informe.
“Es un sistema lleno de trabas burocráticas y una ruta de atención integral que no está completamente clara por las autoridades, menos por las víctimas”, dice Martínez. En las denuncias de casos que afectan a menores de edad se añaden otras dificultades. Necesitan del acompañamiento de adultos y crece el miedo porque el agresor suele ser un familiar o una persona cercana.
Entre enero y mayo de este año, Medicina Legal registró en Colombia 6.479 casos de presunto delito sexual en menores de 18 años, 84 % en mujeres. En Putumayo fueron 74 niñas y 11 niños. Los municipios con más casos fueron Puerto Leguízamo, Puerto Asís y Valle del Guamuez.
Todas las expertas consultadas coinciden en que hay un subregistro que oculta las verdaderas cifras. Pero organizaciones como Tejedoras de Vida no bajan los brazos.
Durante la pandemia fortalecieron su campaña #NoEstásSola en Putumayo y lanzaron una línea de atención telefónica para prestar asesoría jurídica y acompañamiento psicosocial a mujeres y menores de edad. Además organizaron vigilias en varios municipios de Putumayo para exigir justicia por la muerte de Ángela Tatiana. La Asamblea Departamental y varias organizaciones también se pronunciaron.
“Digan qué pasó, si fue víctima o no fue víctima de violencia y de feminicidio”, exige la coordinadora de Tejedoras de Vida. Ella dice que seguirá insistiendo ante las autoridades para evitar que el caso caiga en la indiferencia del sistema y el silencio impune.