Por: Rutas del Conflicto, Mongabay Latam y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo de La Liga contra el Silencio
En medio de decenas de ranchos mal armados con láminas de zinc, plásticos y madera, sobrevive la comunidad indígena nukak, en el caserío de Aguabonita, a unos 20 minutos de San José del Guaviare. Subsisten como pueden, piden cada día dinero y alimentos en las calles de esa ciudad de la Amazonia colombiana y los acompañan decenas de niños, muchos de ellos de madres adolescentes que crecen en la comunidad.
Así han vivido desde hace varios años, en medio de la ocupación de su territorio por actores armados y el abandono de un Estado que tiene el compromiso de cuidar su cultura: la de un pueblo ancestral que tuvo su primer contacto con la civilización occidental hace menos de 40 años, cuando salieron de lo más profundo de las selvas del Guaviare.
En medio de estas circunstancias, a mediados de 2019, los nukak aceptaron la invitación de una empresa colombiana -que dice ser filial de una alemana- que se había acercado a uno de sus líderes para proponerle un negocio: vender bonos de carbono, una solución financiera a la crisis climática con la que podrían recibir pagos económicos por el cuidado del bosque húmedo tropical dentro de su resguardo cercano. Parte de la comunidad se desplazó a San José del Guaviare y otros municipios ante las circunstancias de pobreza y violencia en su territorio.
Algunas familias nukak se desplazaron a San José de Guaviare. Por: Juan Carlos Contreras
Aunque muchos indígenas no entendían de qué se trataba el negocio que les proponían los emisarios de la empresa Waldrättung S.A.S., se reunieron con ellos en el balneario cercano a San José. Según cuentan tres líderes de comunidad indígena, en medio de la comida y el licor que les ofrecieron ese día, los nukak y los representantes de la empresa firmaron un contrato con el que quedaban comprometidos a desarrollar conjuntamente un proyecto de bonos de carbono por 100 años.
Esa noche en el balneario, el líder nukak Manuel García estampó su firma en el “contrato de mandato con representación y cláusula de exclusividad e irrevocabilidad en favor del mandatario” que había redactado la empresa. Ese documento, que cuenta con sellos de la notaría única de San José del Guaviare, estipula que el Resguardo Indígena Nukak Maku –creado por el Gobierno colombiano en 1993, contiguo a un parque nacional del mismo nombre, para salvaguardar a este pueblo indígena y ampliado en 1997 hasta las 954.000 hectáreas de selva amazónica– confiaba a la empresa la tarea de “originar, estructurar, diseñar, implementar y desarrollar íntegramente un proyecto Redd+”.
La idea detrás de los proyectos Redd+ es enlazar a comunidades locales que están frenando la deforestación, como muchos pueblos indígenas en la Amazonia, con empresas que quieren neutralizar su propia huella de carbono. En Colombia, esas empresas privadas –que deben pagar un impuesto al carbono por los combustibles fósiles que consumen– pueden, en cambio, compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero apoyando proyectos que alientan la conservación. Los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana, que cuidan vastos territorios selváticos que están organizados bajo la figura de territorios colectivos y protegidos por la Constitución, son los socios idóneos para este tipo de mecanismos financieros que pueden ayudar a mitigar la crisis climática y traer valiosos recursos a las comunidades que conservan ecosistemas estratégicos, con frecuencia sin mayorapoyo del Estado colombiano.
Los nukak, con su inmenso resguardo en las selvas del Guaviare eran, sobre el papel, un aliado perfecto.
Conocido como el bosque del Orion. Contiene la piedra más alta del Guaviare. Por Juan Carlos Contreras.
Los problemas del contrato
Según el documento de 14 páginas, Waldrättung -que a veces también escribe su nombre como Waldrettung, que significa ‘rescate del bosque’ en alemán– se encargaba de poner los recursos y el equipo para poner en marcha el proyecto, inscribirlo en uno de los estándares de certificación, registrarlo ante el Gobierno colombiano, validar los créditos de carbono resultantes y venderlos. A cambio, los nukak se comprometían a que la empresa operara el proyecto de manera autónoma, a conseguir los permisos que fuesen necesarios y a velar por que dentro de su territorio no hubiese ninguna actividad que afectara la cobertura vegetal, como tala de árboles o cultivos de coca.
El acuerdo sería irrevocable y su duración, según el documento, “por un periodo no menor a cien años”.
Los nukak viven en condiciones de pobreza extrema fuera de su resguardo. Por: Juan Carlos Contreras.
Cuatro años después de firmado el acuerdo, esta alianza periodística buscó al líder nukak Manuel García, que era el representante legal del resguardo para la época. Explica que nunca entendió bien de qué se trataba el negocio y que se sintió presionado por los que serían sus socios. “Ellos nos dijeron que nos iban a dar unas bonificaciones por cuidar el oxígeno. Lo que pasó es que no hubo tiempo para pensar bien, llegaron con el documento de un momento a otro y yo lo firmé porque pensé que era viable, pero es que no nos explicaron bien en detalle”, dice García.
Ese acuerdo con la empresa Waldrättung contiene varios puntos que organizaciones ambientales e indígenas, ONGs jurídicas y expertos en el mercado de carbono consultados por la alianza periodística de Rutas del Conflicto, Mongabay Latam, La Liga contra el Silencio y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) describen como irregulares y desventajosos para los indígenas.
Por ejemplo, fue firmado sin el acompañamiento de entidades del Estado que pudieran asesorarlos para garantizar un proceso transparente y defender sus derechos. Tampoco fue socializado con la comunidad en pleno, que es la manera como se deben tomar las decisiones en los territorios indígenas. Los líderes firmaron sin la aprobación de la comunidad nukak, algo que -como se cuenta en la primera historia de esta serie- ya había ocurrido con el Gran Resguardo del Vaupés donde conviven indígenas de 19 pueblos. (Ver historia 1)
El pueblo nukak firmó un contrato por 100 años con una empresa, Waldrattung, que dice ser alemana. Por Juan Carlos Contreras.
El de los nukak es quizás el único contrato de Waldrattung en el que se puede observar en detalle las condiciones que ofrecía la empresa, aunque -como contamos en el primer reportaje- hay contratos en al menos otros tres resguardos: el Gran Resguardo del Vaupés que ocupa buena parte de ese departamento, así como los de Cuenca Media y Alta del Río Inírida (Cmari) y ___ en Guainía.. Varias de las comunidades han señalado que el Estado no los ha acompañado en ningún momento de las negociaciones y que, en la práctica, muchos líderes indígenas sienten que los ha dejado solos. Los resguardos consultados para esta investigación cuentan que ninguna entidad estatal los asesoró en el proceso y que, en muchos casos, luego de la llegada de Waldrattung, las comunidades no buscaron a funcionarios públicos por solicitud de la empresa.
Una lideresa indígena nukak, que pidió omitir su nombre por cuestiones de seguridad, dice que personas que representaban a Waldrattung les insistieron que todo debía hacerse de la manera más secreta posible y que era necesario que el contrato tuviese cláusulas de confidencialidad. “Una vez tratamos de buscar a una funcionaria de la Defensoría del Pueblo, a otras personas cercanas, pero la persona que negociaba por la empresa nos dijo que solo hablaba con nosotros, que era algo privado”, cuenta la lideresa.
Consultada por esta alianza, Waldrattung argumenta que al final no firmó el contrato con los nukak y que, por lo tanto, el documento que los indígenas ya habían firmado nunca adquirió validez jurídica.
Según explicó su representante legal, Helmuth Gallego Sánchez, la empresa sintió que no tenía garantías por parte de la comunidad por lo que, al final, él nunca puso su firma. “Nosotros no firmamos el contrato porque, al hacer la debida diligencia, no había confianza en el representante legal del resguardo y era muy difícil trabajar con la comunidad por su condición de nómadas”, afirma Gallego, aludiendo al hecho de que una comunidad indígena nomádica tiene una relación distinta con el territorio que una sedentaria. A la contrapregunta de qué información nueva encontraron en esa debida diligencia y por qué no había confianza, cuando ya habían incluso proyectado un contrato, el abogado no respondió y cambió de tema.
Una de las cosas que más preocupa a organizaciones sociales y ambientales que vienen trabajando con pueblos indígenas es que las negociaciones para llegar a estos contratos están mediadas, por un lado, por la asimetría en el conocimiento técnico sobre estos proyectos entre las partes y, por el otro, por la vulnerabilidad de muchas de estas comunidades, algunas de las cuales –como en el caso de los nukak– no cuentan siquiera con una estructura interna de gobierno robusta.
Ese es uno de los argumentos que ha hecho Akubadaura, una ONG jurídica fundada por abogados indígenas que antes habían trabajado en organizaciones legales como Dejusticia y que han acompañado desde hace varios años jurídicamente al pueblo nukak. “Se aprovechan de la situación de desconocimiento en muchos temas, de la situación de hambre y de exterminio, donde hay unas condiciones de desigualdad y de proporcionalidad entre la empresa y la autoridad indigena que firma”, señaló una de las abogadas de la organización. Para la organización, no es un negocio entre dos actores que tienen las mismas capacidades de negociación y una de las partes, los indígenas, hasta ahora están iniciando como un actor del mercado de bonos de carbono.
Los nukak son un pueblo de Contacto Inicial, su primer acercamiento se hizo en los años 80. Por Juan Carlos Contreras.
Un Estado que mira para otro lado
El gobierno de Iván Duque ha argumentado que no es su competencia supervisar las relaciones entre empresas y comunidades. En una investigación de 2021 sobre otras irregularidades en el proyecto Redd+ en el resguardo indígena de Matavén en Vichada, realizada por varios de los socios de esta colaboración, el Ministerio de Ambiente señaló que “no realiza ninguna supervisión (…) dado que esta es una iniciativa de carácter privada y, por lo tanto, se rige por la jurisprudencia que le asiste como ente que ejerce una actividad comercial de derecho privado”.
Según un experto con dos décadas de experiencia en el sector público ambiental, la ley colombiana no plantea que el Estado intervenga en estos contratos entre particulares, pero sí existen varias normativas nacionales y tratados internacionales firmados por Colombia, de carácter vinculante, que justamente protegen a las comunidades étnicas y sus territorios ancestrales de actividades económicas lesivas de sus derechos colectivos. Esto cobra mayor importancia dado que la mayoría de los 83 proyectos Redd+ que están en la plataforma del Registro Nacional de Reducción de la Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (Renare) del gobierno están planteados en grandes extensiones de bosque en manos de comunidades indígenas o afrodescendientes en sus respectivos resguardos y consejos comunitarios, ambas figuras de ordenamiento territorial que gozan de una especial protección en la Constitución.
Esa idea está en directa contradicción con las salvaguardas sociales y ambientales para proyectos Redd+, que nacieron en la cumbre de cambio climático de la ONU en Cancún en 2010. Como contamos en el anterior reportaje, Colombia desarrolló una interpretación nacional detallada de estas salvaguardas, con reglas claras sobre acceso a la información de los proyectos, el deber de rendir cuentas y la distribución de sus beneficios. Una en particular, sobre el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, estableció que “cualquier iniciativa que afecte directamente a uno o varios grupos étnicos y comunidades locales, debe previamente ser consultada con la comunidad” y que ese proceso debe contar con el acompañamiento del Ministerio del Interior y los organismos de control.
Colombia, además, es parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas y tribales, en el que se comprometió desde 1991 en varias vías a preservar los derechos culturales y territoriales de estos pueblos. Y es que al igual que los nukak, otras comunidades de diferentes etnias a las cuales la empresa Waldrattung les ha ofrecido contratos en los departamentos de Vaupés, Guainía, Vichada, Guaviare y Amazonas, insistieron en que no han tenido ningún acompañamiento de entidades públicas en las negociaciones de estos contratos.
A eso se suma que la norma más importante del Ministerio de Ambiente para regular el mercado de carbono, la Resolución 1447 de 2018, señala específicamente que esta entidad puede solicitar información complementaria, visitar proyectos e, incluso, pedir que se investiguen irregularidades.
El caso nukak es muy sensible por su condición de pueblo indígena que hasta 1988 estaba en situación de aislamiento y que aún se considera como en contacto inicial. Ese contacto tan reciente, sumado a la presencia de grupos armados ilegales en su territorio, los ha llevado a ser objeto de varias medidas de protección a nivel nacional. De hecho, la exposición ‘Huellas de la desaparición’ de la Comisión de la Verdad reconstruye la manera cómo esos actores han convertido el resguardo nukak en un escenario de guerra.
En 2009, la Corte Constitucional incluyó a los nukak en una sentencia histórica sobre 34 pueblos indígenas en riesgo de extinción física y cultural, en la que ordenó al Estado prevenir el desplazamiento de esas minorías étnicas, atender a las comunidades desplazadas con un enfoque diferencial que tuviese en cuenta su contexto y crear planes de salvaguarda étnica para cada uno de estos. “Los Nukak Makú están en peligro de extinción”, advirtió el histórico fallo proyectado por el magistrado Manuel José Cepeda. El argumento de la Corte para incluirlos era que la población nukak había descendido hasta las 500 personas, muchas de ellas con riesgos graves de salud y hambre, como consecuencia de varios desplazamientos masivos, epidemias, conflictos con colonos y amenazas de paramilitares y guerrilleros de las FARC. Un año después, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) los incluyó en su informe ‘Palabra dulce, aire de vida’ sobre los 32 pueblos indígenas en mayor nivel de riesgo de desaparecer en el país.
Varios expertos en temas indígenas argumentan que un contrato para un proyecto Redd+ de carbono que no tenga en cuenta estas condiciones de vulnerabilidad evidencia una política deficiente del Estado colombiano a la hora de proteger a los nukak.
“El gobierno creó el resguardo y asume que les está transfiriendo a los indígenas la responsabilidad del cuidado de los territorios y esto no debería pasar. El Estado sigue siendo responsable, más aún cuando son un pueblo con estas condiciones”, dijo a esta alianza periodística el brasileño Antenor Vaz, consultor en políticas públicas para pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial —conocidos como ‘Piaci’ en algunos países de la región—.
El investigador brasileño agrega que los nukak tienen unas características de vulnerabilidad alta, con muchas necesidades básicas insatisfechas relacionadas a su salud, vivienda y seguridad alimentaria. “El Estado colombiano no ha demostrado eficiencia en la relación con los nukak. Bajo estas condiciones es fácil que una empresa llegue e imponga las condiciones. Es clave que el gobierno los acompañe, al igual que organizaciones indígenas regionales y nacionales”, señala Vaz, que coordinó el informe ‘Pueblos indígenas en aislamiento en la Amazonía y el Gran Chaco’, que publicó la organización Land is Life en 2019.
En este informe se señala que Colombia no tiene una política ni protocolos claros para trabajar con comunidades en Contacto Inicial. “Los antecedentes del país con el caso Nükak, Kakua y Mapayerri son referentes de la descoordinación interinstitucional y la carencia de un verdadero enfoque diferencial para entender las vulnerabilidades inmunológicas, demográficas, culturales, políticas y territoriales de estos pueblos”, dice la investigación.
Vaz también argumenta que hay una obligación legal del Estado colombiano con los pueblos en contacto reciente y que el gobierno debe hacerse responsable por la protección de las comunidades nukak en la posible negociación de contratos de bonos de carbono. Por ejemplo, el Decreto Ley 4633 de 2011 señala que »el Estado garantizará el derecho de los pueblos indígenas no contactados o en aislamiento voluntario a permanecer en dicha condición y vivir libremente, de acuerdo a sus culturas en sus territorios ancestrales” y que “ en ningún caso (…) serán objeto de políticas, programas o acciones, privadas o públicas, que promuevan el contacto o realicen intervenciones en sus territorios para cualquier fin». Un proyecto del mercado de carbono, señala, cabría dentro de esa descripción.
Los expertos aseguran que ese acompañamiento de entidades del Gobierno nacional se justifica por la diferencia en el conocimiento que tienen ambas partes sobre la manera cómo funcionan los acuerdos y el negocio.
“Ven al pueblo nukak y a todos los pueblos indígenas como actores del mercado de carbono. Hay una desigualdad entre un actor global empresarial y un actor indígena que apenas está entrando en conocimiento de estas dinámicas”, dice la socióloga Aura María Puyana, quien fue coordinadora nacional del Programa Proindígena de GIZ, la agencia de cooperación del gobierno alemán en Colombia. Para Puyana, que ha coordinado varias investigaciones sobre la autonomía de los pueblos indígenas en el país, las condiciones de estos contratos y la manera en la que se han socializado, sin el acompañamiento del Estado, rompe con convenios como el 169 de la OIT donde se reconoce que son pueblos que deben ser protegidos.
Un negocio sin consulta previa
Una de las principales quejas de las comunidades indígenas de los departamentos de Amazonas, Vichada, Guaviare, Vaupés y Guainía, es la falta de información sobre cómo funcionan los proyectos y en general el negocio de los bonos de carbono. “Nos dicen que nos van a traer recursos para que vivamos mejor, pero yo no sé cómo es eso de que ellos venden el oxígeno, a cuánto lo venden o quiénes les van a dar plata”, dijo un líder de la comunidad nukak.
La organización Akubadaura viene argumentando que el Estado es el responsable de que los proyectos que se realicen dentro de resguardos indígenas se hagan bajo una consulta previa, que garantice el consentimiento libre e informado de los pueblos como colectivo, como ocurre en Colombia con proyectos de minería, hidrocarburos o infraestructura que afectan un territorio colectivo. Además de la consulta previa, Akubadaura enfatiza en que es necesario garantizar que no solo algunas autoridades, sino todos los miembros de la comunidad, estén enterados del proyecto, algo especialmente importante en pueblos como los nukak donde muchos indígenas han sido desplazados fuera del resguardo.
Helmuth Gallego, representante legal de Waldrättung, insiste en que no es necesaria una consulta previa, ya que estos no son proyectos extractivos y que lo que debe hacerse es un proceso avalado por los protocolos internacionales de proyectos Redd+, definidas por la ONU en Cancún en 2010, a través de las salvaguardas sociales y ambientales. “Nosotros hablamos inicialmente con el gobernador del cabildo y los capitanes de los clanes para que den la autorización de hacer el proyecto. Las comunidades son las que tienen establecidos sus estatutos y quien toma las decisiones es la asamblea, no son todos. No es el niño de cinco años y tampoco el señor mayor. Son las personas que la comunidad escogió para representarlos en la toma de decisiones”, afirma Gallego.
En esa misma línea coincide la Asociación Colombiana de Actores del Mercado de Carbono (Asocarbono), el gremio de empresas que desarrolla este tipo de proyectos, al cual Gallego intentó entrar y le fue negada su solicitud, según la asociación, por las constantes quejas de las comunidades, que señalaban que Waldrattung no seguía las metodologías de socialización que exige Asocarbono. “Estas metodologías que permiten informar a la comunidad deben ser auditadas por entidades que se llaman organismos de validación y verificación. Son terceras partes independientes de los programas de certificación y que sirven para respaldar precisamente estos procesos”, señaló a esta alianza periodística Francisco Ocampo, director ejecutivo de Asocarbono. En el proyecto de Matavén, sin embargo, esos auditores no repararon en la significativa diferencia entre la tasa de deforestación oficial del Gobierno colombiano y la de ese proyecto Redd+, planteada por el desarrollador y avalada por el certificador, que es la raíz de que pueda estar vendiendo más bonos de carbono de los que debería.
Aunque el Ministerio de Ambiente insiste en que no le corresponde supervisar a los actores del mercado de carbono, varias entidades del Estado vienen advirtiendo sobre algunos riesgos en este tipo de proyectos. La Contraloría General de la República, en su informe de auditoría sobre deforestación de 2020, advirtió -al hablar del proyecto en Matavén- que el Ministerio “no conoce lo que se hace en el territorio en el contexto de los proyectos Redd+” y que, más ampliamente, el Gobierno nacional “no cuenta con un instrumento que le permita contar con la información suficiente de la contribución del proyecto a la política ambiental y sus efectos en el territorio y los ecosistemas que alberga, más allá de la determinación de la reducción de emisiones” de gases de efecto invernadero.
Otras entidades estatales han recibido mensajes de las comunidades manifestando su preocupación por proyectos específicos. La Defensoría del Pueblo respondió a un derecho de petición de esta alianza periodística que, entre 2016 y 2022, ha recibido siete quejas por posibles irregularidades en proyectos Redd+, incluyendo una referente a un proyecto de Waldrattung, el de Cmari en el Guainía. En todos los casos, la entidad a cargo de velar por los derechos humanos, remitió los casos al Gobierno nacional (en tres casos al Ministerio de Ambiente y en cuatro al Ministerio del Interior, que se ocupa de temas étnicos), así como a las gobernaciones departamentales y a la autoridad ambiental regional.
Corpoamazonia, una de las dos autoridades ambientales en la Amazonia, hizo una advertencia pública desde mayo de 2019 sobre empresas desarrolladoras de proyectos de carbono, aclarando que “no tiene ningún vínculo contractual o de alianza estratégica” con éstas. “Es de conocimiento de esta institución que constantemente se presentan este tipo de ofertas a campesinos e indígenas de los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo [los tres de su jurisdicción], sin que a la fecha se conozcan resultados en beneficio de las comunidades”, señaló, añadiendo que había trasladado esa preocupación al Ministerio de Ambiente.
La otra autoridad ambiental amazónica, la CDA cuya jurisdicción abarca los departamentos de Guaviare, Guainía y Vaupés, señaló que sí tuvieron conocimiento del contrato entre Waldrattung y las comunidades Nukak por dos derechos de petición que fueron remitidos a los Ministerios del Interior y de Ambiente, así como a la Procuraduría, ya que es ese el conducto regular para gestionar esas solicitudes.
Denuncias como las de los nukak, así como los llamados de atención de entidades como la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y Corpoamazonia, evidencian que el Gobierno nacional y, en especial, el Ministerio de Ambiente han tenido múltiples alertas sobre posibles irregularidades en proyectos Redd+. Esa realidad subraya que es necesaria una mayor supervisión del Estado de la que actualmente está ejerciendo en ese mercado.