Con permiso de explotación de la ANM (Angencia Nacional de Minería) y de la CARDER (Corporación Autónoma Regional de Risaralda), funciona la empresa Dragado San Miguel S.A. en la hacienda Jaibaná que se encuentra a cinco kilómetros de Caimalito, Risaralda.
La ANM asigna y controla los volúmenes de extracción permitidos, mientras la CARDER monitorea el plan de manejo y vigila que se cumpla la norma ambiental. Además, tanto la draga como los areneros artesanales deben cumplir con el Registro Único de Comercialización, RUCOM, un instrumento que formaliza la venta de materiales.
La draga, con un tubo de succión de seis metros de largo y 20 centímetros de diámetro, tiene una capacidad de extracción de 150 metros cúbicos de arena del río en un tiempo de 8 horas; 25.000 anuales y con una expectativa de 96.000 a futuro. Los areneros artesanales tienen permiso para extraer 120 metros cúbicos mensuales, según la resolución 4003 de febrero del 2017.
La draga se encuentra ubicada en una curva sobre la margen derecha del río. Fotografía Círculo Espeletia.
Las normativas ambientales han cambiado, por eso ahora las exigencias son mayores. Para el arenero Jaír Henao, la draga es uno de los mayores problemas que enfrenta este gremio: “Nadie controla eso. La CARDER llega una vez al año y ellos sacan lo que es”. Es una de las tantas voces de inconformidad que se escuchan, pero son voces con miedo; miedo a los dueños y socios de la draga, personas con conexiones en el mundo político, sobre todo Juan Pablo Gallo, alcalde de Pereira.
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Los negocios del socio
Gustavo Adolfo Lozano Rendón es miembro de la junta directiva de Dragado San Miguel, en el año 2015 fungió como representante legal de esta compañía. Es un exitoso empresario del sector de la construcción en Pereira, de hecho, su empresa Espacio y Diseño Construcciones S.A.S, construyó el edificio Pinamar, ubicado en un exclusivo sector en Pereira. Lo curioso es que el alcalde, Juan Pablo Gallo, compró un apartamento en dicho edificio a un costo menor de lo previsto para un inmueble así. La Contraloría de Pereira determinó que no hubo irregularidad en la negociación.
El sector de la clínica poco antes de que se fuera toda la vía (por donde va el taxi en la imagen) debido a la enorme excavación realizada para construir una edificación de gran tamaño. Fotografía Nicolay Rivera.
Lozano también ha tenido a cargo obras con el municipio de Pereira y la gobernación del Valle del Cauca y Risaralda. La concesión inicial de la draga fue otorgada a Julia María Londoño quien la tramitó en 1997, desde el 2001 celebró contrato de concesión minera con Minercol a 30 años. Pero el 9 de agosto de 2018, Londoño cedió el contrato a la Sociedad Dragado San Miguel, que desde hace mucho antes tenía la concesión según los documentos registrados en la Cámara de Comercio. El trámite quedó registrado con un valor de 20 millones de pesos, una cifra muy pequeña teniendo en cuenta que la inversión inicial fue de 100 millones de pesos, según Londoño.
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Los areneros no solo están inconformes con la competencia desigual que supone la draga, también levantan la voz por el impacto ambiental: según los areneros, la draga pudo haber incidido en el desmoronamiento de una vía frente al sitio de extracción principal a orillas del Cauca, además, advierten posibles derrames de combustible en el cauce del río. Por último, los areneros denuncian un cable de acero que cruza por debajo del río desde la draga hasta la orilla opuesta, se han generado al menos dos accidentes de lancha.
Sin embargo, los areneros no han presentado denuncias formales por miedo: “Esa gente tiene mucha plata y puede hacer lo que quiera”, dijo uno de ellos, quien prefirió mantenerse anónimo. En la CARDER existen varios llamados de atención a la Dragado San Miguel: el 10 de diciembre de 2010 hubo un reclamo por el incumplimiento en la entrega de los informes trimestrales; en el concepto técnico 3289 de 2016 se ordenó “suspender de inmediato las actividades que se encuentran en las zonas fuera de los polígonos”. Los polígonos son los límites del área de concesión.
Dragado San Miguel fue consultado a través de su representante legal pero no concedió entrevista formal. Por mediación telefónica de la representante legal, Luz Edith Gallego, hubo una comunicación con uno de los accionistas quien no se identificó y de manera airada increpó al periodista por supuestamente reemplazar a las autoridades, lo calificó como posible criminal y después colgó la llamada.
Competencia desleal
En temporada de lluvias sube el cauce del río, los areneros saben que serán semanas de angustia económica pues su labor no se puede realizar; se ven obligados a emplearse en labores del Ingenio Risaralda. Sin embargo, no solo el clima está en contra de los areneros artesanales, la aparición de técnicas ilegales como el uso de motobombas por parte de algunos lancheros es otro rival al que deben enfrentar.
En los registros de la CARDER solo aparecen solicitudes para extracción artesanal de arena a partir de 1993, debido a que en ese año se expidió la Ley 99 mediante la cual se exige licencia ambiental. Los areneros son vigilados por el Ministerio de Minas a través de su agencia minera y por la CARDER.
Dentro del mismo gremio hay areneros que usan las motobombas. Para hacer más evidente el desequilibrio basta saber que un sacador artesanal llena una lancha de nueve metros por medio de unas 900 inmersiones con un pesado balde metálico en la mano y eso ocupa horas. Esa misma labor se realiza con motobombas en cuestión de minutos; esto, según la CARDER, causa además daños ambientales en el lecho del río. De hecho, en caso de ser descubiertos en esta práctica se enfrentarían a diferentes sanciones administrativas, según la Ley 1333 de 2009, régimen sancionatorio ambiental.
Aunque las autoridades aseguran que hay controles constantes, la evidencia es que tanto de día como de noche desde varias lanchas ilegales extraen arena empleando equipos no permitidos. La Policía no cuenta con lanchas suficientes para realizar operativos.
La inconformidad es tal que el año pasado se dieron varias protestas, dos de ellas con bloqueo de la vía que comunica Pereira con La Virginia. Después de estas marchas, se crearon grupos de trabajo donde participan las autoridades departamentales y municipales. Sin embargo, la inconformidad continúa, Jaír Henao, empresario y estudiante de Administración Ambiental comenta que “los lugares más bajos (del río) están siendo atacados con motobombas y en tres años se han hecho dos operativos policiales. Ya están sacando lanchas hasta de noche”.
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Tanto la alcaldía de Pereira como la de La Virginia expidieron decretos prohibiendo la navegación nocturna a través del Cauca entre 6:00 p.m. y las 5:00 a.m. No obstante, en la práctica no se cumple, se han visto lanchas realizando actividades ilegales en la noche. El uso de las motobombas no es nuevo, hay reportes periodísticos desde 1996 informando el uso de esta técnica.
Aunque no fue posible una declaración oficial, fuentes de la Defensoría del Pueblo y varios areneros comentaron que posiblemente hay actores ilegales ligados al narcotráfico detrás de la extracción ilegal. Rogelio Martínez afirma que “a los líderes nos han dicho que si nosotros insistimos en la lucha y en la defensa de nuestra actividad artesanal como comunidades ancestrales, pues vana generar muertos para que así dejen la joda y se acabe tanto bullicio con el tema de las motobombas”.
A pesar del temor, existen denuncias por amenazas ante la Fiscalía de La Virginia, la Dirección Seccional de Fiscalías y otra de ellas en un consejo de seguridad citado por el gobernador, sin embargo, los procesos no avanzan y continúan los rumores intimidatorios. El temor, la zozobra y el silencio siguen ocupando el cauce del río Cauca y sus orillas, pues muchos poderes se entrecruzan en una actividad que vista desde lejos pareciera ser no más que parte del paisaje costumbrista risaraldense.