Un equipo periodístico compuesto por tres profesionales tomó la decisión de internarse en el territorio, con el fin de indagar a fondo lo que sucede en la región. Como fruto de su trabajo, se creó una pieza en formato multimedia; en el que las fotografías 360 permitieron dimensionar la vivencia del territorio. Esta investigación fue realizada en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center For Journalists (ICFJ), junto a CONNECTAS. Además, fue destacado en el Premio ¡Investiga! 2018, siendo el ganador del segundo puesto en la categoría periodistas.
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Gran parte de la deforestación radica en la construcción de vías terciarias, por donde llegan nuevos colonos, quienes están invadiendo la selva con fines lucrativos a costa de la tala y quema para ganadería. En cuanto a los cultivos de coca, es evidente el aumento progresivo en zonas con bosques que tomaron miles de años en crecer y que son el hogar de flora y fauna única. Si seguimos así, la meta de cero deforestación para 2020 en la Amazonía colombiana, será inalcanzable, son algunos de los aspectos que resalta esta investigación.
“Un ejemplo de que se está perdiendo la guerra contra la deforestación en el Guaviare se puede ver cuando se atraviesa el puente sobre el río Unilla, el cual conecta el casco urbano del municipio de Calamar con la Reserva Forestal de la Amazonía, protegida por la ley 2 de 1959”.
Equipo Periodístico
También es preocupante la ausencia de control a cargo de las entidades estatales, lo cual ha desatado un infierno terrenal. Con la presencia de la disidencia, la autoridad pasó a manos de las guerrillas, las amenazas y asesinatos contra personas que buscan cómo proteger su territorio del exterminio, van en aumento. Así mismo, terrenos pertenecientes a la selva están siendo vendidos. Cualquiera con algo más de un millón de pesos puede comprar una hectárea de tierra, que es más costosa entre menos bosque tenga. Esto ha motivado la compra sistemática de la zona de reserva sin una titulación formal, que estarían haciendo ganaderos de Arauca, Casanare y Meta.
“Aquí, usted puede comprar toda la tierra que quiera. Nadie se lo va a impedir”.
José Ibáñez líder campesino
El portal Mongabay Latam afirma que “La tala de bosques que aumentó en un 44% entre el 2015 y el 2016 avanza en todas las regiones del país, afectando principalmente, los resguardos de biodiversidad de la Amazonía y del Chocó biogeográfico, sin mencionar el resto de las regiones colombianas que también son impactadas”. Por su parte Luis Gilberto Murillo que en su momento encabezó al Minambiente, dijo que la institucionalidad debía tomar cartas en el asunto de manera urgente, tras su propuesta de combatir las mafias que están detrás de la compra de tierras y que amenazan a las comunidades.
La solución que el Gobierno propone al crear una mesa presidida por la Alta Consejería para el Posconflicto y el Ministerio de Medio Ambiente, en la que los Ministerios de Minas y Energía, Transporte, Agricultura y entidades de control ambiental, formulen políticas para reducir la deforestación. Según el decreto 1257 de este año, esta mesa buscará “una gestión adecuada para la protección de bosques naturales”.
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La comunidad se ha organizado para interponer las respectivas denuncias. Sin embargo, afirman que no han tenido apoyo de las autoridades. Uno de los campesinos de la vereda Chaparral Medio, en el municipio de El Retorno y que prefirió ocultar su nombre, denunció ante la CDA la tala de 200 hectáreas en este territorio, que si bien no hace parte de la zona legal de reserva, sí registra una alta deforestación.
“A pesar de la denuncia, ellos siguieron tumbando. La gente les tiene miedo porque dicen que son personas que ocupan esos terrenos, pero el dueño es otro. Uno denuncia y no pasa nada”.
Campesino anónimo
Crear vínculos con las comunidades pertenecientes a territorios que enfrentan alta deforestación, conflicto armado e inconformismo hacia el actuar del gobierno, no es un trabajo que se da de la noche a la mañana. En Consejo de Redacción tuvimos la oportunidad de charlar con David Arango Guzmán, periodista que hizo parte de esta investigación.
¿Cuáles fueron los retos que asumió el equipo periodístico para realizar esta investigación?
Recopilar toda la información, evaluarla desde el punto de vista periodístico y darle contexto fue uno de los principales retos de este reportaje. Esto requirió solicitar información al Ministerio de Ambiente, Ideam, Fiscalía y Contraloría, también se necesitaron entrevistas de contexto del tema para tener una dimensión más grande.
Por otro lado, se requirió hacer desplazamientos a lugares del Guaviare en los que no había control del Estado. Por eso, tener el contexto de la zona y el acompañamiento de Connectas y el ICFJ fue clave para publicar este reportaje.
¿Cómo fue tu experiencia desarrollando este proyecto periodístico?
Este reportaje es el producto de una beca obtenida por Connectas y ICFJ y surgió como una oportunidad para hacer una historia que a nivel personal me había cuestionado bastante. En este sentido, me brindó la oportunidad de conocer distintas formas de hacer periodismo que desconocía. Este reportaje me abrió la puerta a un tema que ya había cubierto desde Bogotá, pero que exigía ponerse las botas y viajar.
¿Por qué escogieron este formato multimedia para la publicación de la investigación?
En Bogotá se sabe del departamento del Guaviare por el conflicto armado. Con estas herramientas multimedia podemos poner al usuario en este lugar y permitirle navegar una zona que no conoce. Con eso buscábamos un resultado diferente a solo contar la historia, buscábamos que fuera interactivo y por eso utilizamos mapas y video 360.
¿Cuáles fueron las fuentes de información claves para poder divulgar la compra sistemática de tierras en zona de reserva sin titulación formal?
En el Guaviare comienza la frontera legal creada por la Ley 2 de 1959, que está ilustrada en un mapa dentro del reportaje, y en ella solo se permite el uso forestal del territorio. Sin embargo, al cruzar esta zona se entra en un área totalmente deforestada. Sobre el caso, Supernotariado y Registro solo tiene información predial de lo que ocurre fuera de esta área, así que las fuentes eran personas y analistas de la deforestación que ya habían denunciado estos casos.
Sin embargo, a través de una visita al terreno pudimos constatar cómo veredas enteras se habían convertido en potreros y que las escuelas de esas veredas ahora están abandonadas por falta de alumnos. Los responsables son personas con mucho dinero, no los campesinos porque se trata de un proceso costoso.
¿Qué impacto consideras que ha tenido esta pieza periodística en las autoridades y en los ciudadanos para generar conciencia?
La publicación tuvo una buena recepción en redes sociales y grupos de ciudadanos la replicaron. Sin embargo, por parte de las autoridades no hubo una formulación de la política real contra la deforestación. Por el contrario incrementó la tala de bosques. La tarea es realizar contenidos más participativos, porque este es un tema que sí tiene impacto en la opinión pública y cada año va cobrando una mayor importancia en la agenda.
Frente a las palabras del Exministro Luis Murillo sobre realizar políticas coherentes para evitar la presión de la deforestación ¿Es viable ejecutar un proyecto de ley sabiendo que en el territorio la autoridad es regida por las disidencias y las leyes existente no se cumplen?
Creo que ningún funcionario aceptaría que esa es la realidad, que el Estado se diluye hacia la periferia. En Colombia hay territorios donde asesinan a los líderes campesinos y se destruyen cientos de hectáreas de bosque a la vez. Allí pedir protección para la biodiversidad es un chiste cuando nisiquiera la vida humana se respeta. Creo que, como todo funcionario, Murillo solo quería dar un parte de tranquilidad, reducir el impacto de la tala de bosques, que en 2017 fue de 200.000 hectáreas.
El final de este año llegará con una temporada seca y las talas masivas. Ya lo han dicho los expertos, como Manuel Becerra, si el Estado no se toma en serio el tema seguiremos destruyendo una de las reservas forestales mejor conservadas del Amazonas, poniendo en peligro al Parque Chiribiquete, que el gobierno pasado juró proteger.
Por otro lado, también creo que exigirle solo al Estado actuar es un error. Y ahí es donde el periodismo puede informar con responsabilidad a los ciudadanos sobre Amazonía colombiana, sobre su biodiversidad y los riesgos que corre. Esa es la tarea que nos dejan los funcionarios que firman leyes que no se cumplirán fuera de Bogotá.
Conoce la investigación completa aquí