En el país, la regulación de las tierras es controlada por el Estado, el cual entrega títulos y formaliza la propiedad. Sin embargo, la realidad es que el mercado carece de una regulación seria y presenta una alta tasa de informalidad.
A esto se suma el hecho que durante la historia del conflicto armado, los problemas agrarios siempre estuvieron presentes: Despojo, cultivos ilícitos, territorios controlados por la guerrilla y el desplazamiento forzoso que sufren las comunidades campesinas, por mencionar algunos, han generado una desigualdad y situaciones de injusticia cuyos efectos pueden observarse y sentirse en todo el país.
Un mapa interactivo permite seleccionar por comunidad, departamento y actividad ilícita para acceder a las historias.
Por ello, Óscar Parra, director del proyecto Rutas del Conflicto e Ivonne Rodríguez, periodista de VerdadAbierta.com, portales que se han especializado en mapear la historia y consecuencias del conflicto armado, realizaron esta alianza para ofrecer una herramienta a las víctimas y hacer del conocimiento público, las historias y los datos sobre los casos presentados en los departamentos más afectados por el conflicto.
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Se trata de un tema complejo, pues desde 1936 se han realizado múltiples intentos de reforma agraria en búsqueda de redistribuir la propiedad rural equitativamente. Sin embargo, todas las iniciativas han fallado. Prueba de esto es la calificación que recibe el país en el índice internacional ‘Gini’, cálculo que establece qué tanta desigualdad existe en la propiedad de la tierra. Este índice, calculado en Colombia por El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se calcula entre el 0 y el 1, y ubica al país en 0.88, lo que en voz de los investigadores quiere decir que “si diez personas tuvieran un pastel, que simboliza el total de tierra en Colombia, y lo partieran en diez pedazos, una sola persona poseería casi nueve de ellos”.
Además el Estado se contradice constantemente. La Ley 003 del 20 de julio de 2018, generó preocupación en las comunidades rurales pues contradice lo propuesto en el Acuerdo de Paz y la Reforma Rural Integral.
Estas desigualdades han sido aprovechadas por actores del conflicto armado para formar alianzas y hacerse con territorios para fines personales, aumentando la monopolización de la tierra y dejando a miles de víctimas.
Una de las historias narra la monopolización del agua en María La Baja, Bolívar, por parte de la agroindustria de la palma de aceite.
Es un hecho que la formación de las guerrillas se dió con la vista puesta en la redistribución de la tierra con el objetivo de asegurar rutas de distribución, consolidar su poder y ofrecer un discurso en pro de la entregar las tierras entregadas en concesión a trasnacionales al campesinado.
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Dependiendo de a quién se le pregunte, la cantidad de hectáreas que han sido despojadas a sus dueños reales varía. Algunas fuentes hablan de 1.2 millones y otras de 10 millones de hectáreas totales. Aunque se desconoce la cifra exacta, los investigadores aseguran que encontraron pistas para determinar cómo y quiénes las han despojado gracias a las indagaciones realizadas por un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Colombia y presentadas en el trabajo ‘Arañando la superficie: subestimaciones sistemáticas en la política de restitución y sus fuentes‘.
Ingresa al micrositio de Tierra en Disputa y conoce los detalles de este trabajo.