El 21 de enero del 2022, Luis Guillermo Pérez, magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), abrió una investigación contra cinco candidaturas a la Circunscripción Transitoria Especial de Paz número 6, que recoge 12 municipios del Chocó y dos de Antioquia. Solicitó pruebas para responder a la solicitud de revocatoria de estas por distintos cuestionamientos. El magistrado abrió el proceso tras recibir una denuncia anónima, que detallaba supuestas anomalías respecto a tres candidatos y dos candidatas que aspiran a esta curul en la Cámara de Representantes.
Uno de los señalamientos fue contra James Hermenegildo Mosquera Torres, avalado por el Consejo Comunitario Mayor de Nóvita, de quien dice “hace parte” del clan político Sánchez Montes de Oca. Como dato particular, afirma que Sócrates Mosquera, hermano del candidato y gerente de su campaña, integró el equipo de abogados que defendió a Patrocinio Sánchez Montes de Oca, condenado por peculado en 2010 por la Corte Suprema de Justicia.
Además, en los registros de la Rama Judicial reposa un expediente abierto desde 2019, en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial contra el abogado Mosquera Torres, por falta contra la dignidad de su profesión. El proceso lo promovió Martín Palacios Asprilla (uno de los que demandó al Estado por la toma a Bojayá). Aunque en primera instancia lo sancionaron con dos meses de suspensión en el ejercicio profesional, el demandante apeló y el caso está en revisión desde el pasado 17 de febrero. A esto se suma que hay ruido sobre su condición de víctima, ya que la Unidad para las Víctimas lo avaló en noviembre del 2021, tras un proceso de verificación que se llevó a cabo en un inusual tiempo récord de un mes.
La denuncia continúa contra Jazmir Blandón Palacios, avalado por el Consejo Comunitario Pedeguita y Mansilla, quien tendría líos judiciales. Según información de la Fiscalía, el candidato y exsecretario de Gobierno de Riosucio, fue imputado en 2021 por delitos contra la administración pública. Un investigador de las dinámicas del conflicto en Chocó, que pide reserva de su nombre por su vinculación laboral, alertó que el consejo comunitario que avaló a Blandón “es uno de los más problemáticos del Bajo Atrato”, pues su representante legal, Baldovino Mosquera Palacios, ha sido señalado por organizaciones sociales de ser cercano a empresarios asociados a las dinámicas de despojo en la región.
La lista sigue contra los candidatos de Revivir Sipí, porque “estarían inhabilitados”. Asegura la denuncia que Ana Rosalba Mosquera Palacios, quien representaba a la Fundación Misericordia de Dios de Riosucio, habría tenido contratos con la Alcaldía de ese municipio, y Blasney Mosquera Hurtado, a quien señala de haber sido candidata por el Partido Verde. Aunque la denuncia no especifica el dato, según la Registraduría, ella fue candidata al Concejo de Istmina, en 2015, comicios en los que logró 70 votos.
Un señalamiento similar pesa sobre el candidato Pablo Antonio López Moreno, de quien dice aspiró al Concejo de Riosucio, lo que el CNE tendrá que confirmar, pues tampoco se especifica la fecha en la que esto habría ocurrido. López Moreno ha sido representante legal del Consejo Comunitario de los Ríos La Larga y Tumaradó, misma organización que avala su candidatura, y es un líder social reconocido en la región, según señalaron fuentes consultadas para este artículo.