El 12 de abril la Gobernación ya tenía conocimiento del tema: médicos y enfermeras de un mismo establecimiento estaban contagiados. En consecuencia, se inició una investigación epidemiológica. El 15 de abril la clínica lo comunicó públicamente: eran 10 los trabajadores de la salud de la institución contagiados. Ese mismo día la Gobernación ordenó el cierre temporal de la UCI donde se inició el brote. El 18 fue cerrado el centro de salud con 34 casos confirmados, para así dejar puertas adentro a los pacientes que tenía, hasta realizar pruebas diagnósticas. Sin embargo, tenían permiso para seguir recibiendo pacientes contagiados y prestar servicios de urgencias. La orden del cierre fue dada por Víctor Manuel Tamayo, gobernador del departamento.
Un día después de cerrada la clínica —el 19 de abril—, el Instituto Nacional de Salud (INS) emitió su primer boletín con detalles de profesionales de salud contagiados en el país. En su segundo boletín ya se podía ver algo más: el detalle de cifras por departamentos. Según esta información, hasta el 20 de abril Risaralda era el segundo lugar del país, después de Bogotá D.C., con más trabajadores de salud positivos: 52 casos. La mayoría de los profesionales contagiados estaba en Los Rosales.
Medios locales y nacionales hicieron eco de los hechos, por tratarse de un significativo brote en un departamento pequeño, que inició cuando se cumplía un mes de declarada la emergencia sanitaria en el país. Pese al cierre, contener el virus fue difícil. En derecho de petición, respondido el 14 de julio, la clínica confirmó que en mayo 94 de sus profesionales estaban contagiados.
La cifra evidencia la crisis que enfrentaba el centro médico, pues solo el 12 de mayo, según el INS, Risaralda era el segundo lugar del país con más profesionales contagiados: 105. De ese número solo 11 pertenecían a centros de salud distintos a Los Rosales.
El origen
Según Martín Emilio Pérez, profesional en instrumentación quirúrgica de Los Rosales, la primera profesional contagiada de la clínica Los Rosales fue su esposa, Paula Mafla, enfermera coordinadora de hospitalización. En su versión de los hechos, el segundo pudo ser él.
Paula presentó dificultad respiratoria, dolor de espalda y dolor de pecho. Lo primero que sintió Martín fue anosmia: pérdida del olfato. Él cree que su contagio fue a través de su esposa. Sin embargo, la causa del contagio de la enfermera es un hilo roto. A ella le tomaron la prueba el 6 de abril y, según Martín, a los cuatro días, el 10 de abril, confirmaron que era positiva para COVID-19.
Pasaron nueve días desde la prueba hecha a Paula, para que la clínica emitiera un comunicado público en el que se lee: “Hoy la alegría de ver salir al primer paciente COVID-19 totalmente recuperado de nuestra clínica contrasta con la preocupación de ver el resultado positivo para este virus en 10 de nuestros compañeros”. El paciente al que se refieren en el comunicado, después de haber estado en la misma Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) donde inició el brote, salió de la Clínica Los Rosales el 10 de abril.
Gafas de dotación entregadas a un trabajador de la clínica
Tres días después la clínica reportó el aumento de los empleados contagiados, y los medios confirmaron que la entidad había pasado de 10 a 34 trabajadores positivos para COVID-19, sin contar pacientes. Fue entonces cuando se ordenó el cierre con excepciones. En un nuevo comunicado las directivas de Los Rosales reconocieron que no lograron el objetivo de proteger a sus colaboradores y que, en efecto, el mayor número de contagios se produjo en la UCI, la cual, según ellos, contaba “con mayor número de insumos de protección personal y con los protocolos de higiene más estrictos”.
Los trabajadores que aún no eran positivos para COVID-19 tenían zozobra frente a los resultados, y aquellos más sospechosos esperaban bajo aislamiento preventivo, en sus casas o en hoteles del centro de Pereira: aproximadamente 200 personas aisladas, según el secretario de Salud de Risaralda, Javier Marulanda. Con la llegada de los resultados corrieron por los pasillos de la clínica los nombres de los contagiados, y en un abrir y cerrar de ojos los casos siguieron aumentando.
Sin protección y sin pruebas
Desde que empezó la emergencia sanitaria en Colombia, el personal médico del país y sindicatos como la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (ANTHOC) manifestaron gran preocupación por la ausencia de Elementos de Protección Personal (EPP) y, en consecuencia, presentaron denuncias al Ministerio del Trabajo.
Alicia Vélez, vicepresidenta por Risaralda de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, manifiesta que justamente la mayor preocupación de los profesionales es saber si son o no COVID positivo y “eso solo lo podemos hacer con pruebas. Ese es el llamado que nosotros hacemos en este momento, que se focalice el personal de salud como personas prioritarias a quienes se les debe estar haciendo test de COVID constantemente”.
Según Sandra Lorena Cárdenas Sepúlveda, personera municipal de Pereira, antes de presentarse el cierre de la Clínica Los Rosales, la Personería presentó una propuesta al Concejo de Pereira para hacer pruebas al personal de salud del municipio: “Esa solicitud la realicé a nombre de todos los profesionales de la salud (…) precisamente por solicitud de muchos de ellos que estaban angustiados por el contacto que estaban teniendo; en ese momento aún no había suficiente claridad respecto de toda la bioseguridad que todas estas actividades debían implementar”. Cuenta Cárdenas que esto se hizo en atención a peticiones del gremio de la salud.
Cárdenas continúa diciendo que el Concejo apoyó la solicitud y la elevó a las autoridades del departamento, exactamente a la Secretaría de Salud departamental. La respuesta, según Cárdenas, fue “que no se podía realizar esta práctica de pruebas por cuanto constituía un detrimento del erario y una vulneración a la normativa vigente para la aplicación de las normas COVID en el sistema de salud”. Aclara que al momento de presentar la propuesta “las pruebas eran aún un recurso muy limitado, finito, por esa razón no fue posible implementar o adoptar esa medida preventiva en pro de estos profesionales de la salud, y tiempo después ya se emitieron todas las directrices por parte de las autoridades nacionales determinando en qué casos procedía la práctica de estas pruebas masivas”. El secretario de Salud no dio una entrevista para hablar al respecto.
En el país existe un lineamiento para el uso de pruebas, realizado por el Ministerio de Salud desde el 8 de abril, el cual va en su séptima edición, actualizada al 3 de agosto. En esa versión “se recomienda en trabajadores de la salud la implementación de programas de vigilancia enfocados en la identificación de aparición de síntomas, identificación de contactos estrechos no protegidos con casos sospechosos o confirmados, reporte de familiares sintomáticos o con sospecha o confirmación de infección por SARS-CoV-2/ COVID-19, para implementar cercos epidemiológicos dentro de un estudio de conglomerados o brotes, con el fin de establecer los individuos que se benefician de las pruebas diagnósticas (RT-PCR)”.
Tabla tipos de prueba
Frente a los tamizajes, el Ministerio de Salud no obliga a las instituciones hacer la prueba en determinado tiempo, pero sí sugiere hacerla cada 15 días o mensual de acuerdo al riesgo de exposición. Al no ser obligatorio deja en estado de vulnerabilidad al personal de salud del país.
Alexandra Cruz Arenas, politóloga con énfasis en Gestión Pública y presidenta de la Asociación Nacional de Salud Pública, explica que “los tamizajes sirven para hacer un análisis general y detectar dónde puede haber personas que de pronto hayan estado en contacto con el virus, para separarlos y hacerles la prueba PCR. De resto no nos sirve para nada más, porque no está indicando si la gente está contagiada”, por lo cual “si hay personas que tienen exposición constante, periódicamente, cada 15 días o cada mes, deberían hacerle su prueba para ir mirando el comportamiento, pero claro, ellos (IPS o EPS) dirán que no hay recursos, que los recursos toca optimizarlos”.
Los hechos, según el personal de salud
Martín Pérez tiene 47 años y trabaja en la Clínica Los Rosales hace 23 años. Tras la segunda prueba, realizada a los catorce días de confirmado el contagio, dio negativo, mientras a su pareja, Paula, le tuvieron que hacer una tercera prueba porque a la segunda dio positivo nuevamente. Pasados catorce días para él y veintiuno para Paula ya podían volver a trabajar, y la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL) dejaría de cubrir la incapacidad. “Pero la clínica nos adelantó las vacaciones (de 20 días) para que estuviéramos más tranquilos”. Al reingreso les hicieron una valoración médica y en adelante no les volvieron a hacer pruebas.
Al preguntársele a la clínica, en derecho de petición, sobre la periodicidad bajo la cual están realizando las pruebas indicaron: “Si algún funcionario presenta algún síntoma asociado a COVID-19, se le realiza de forma inmediata la prueba y se verifica su cerco epidemiológico”. La respuesta desconoce que el Ministerio de Salud también da una directriz para casos de personal de salud asintomáticos que estuvieron en contacto estrecho desprotegidos, es decir sin los EPP: “Si es un trabajador de la salud asintomático, realizar al día 7 del contacto estrecho con caso o fallecido confirmados, prueba RT-PCR”. ¿Está aplicando la clínica el sistema de vigilancia recomendado por el Ministerio? ¿Qué tan efectivo es?
Edificio de la clínica
En el mismo derecho de petición responden: “La IPS Clínica los Rosales realizó un total de 2.238 pruebas (entre abril y julio) a todos los funcionarios internos, prestadores de servicio y contratistas de la institución, entre estos se encuentran médicos especialistas, enfermeros profesionales, auxiliares de enfermería, vigilantes, personal de aseo, alimentación y la red prestadora de servicios” (sic). Lo que no queda claro es si estas pruebas fueron tamizajes, pruebas serológicas o moleculares.
El Ministerio de Salud determina como estrategia de salud pública que debe haber una “búsqueda activa (de casos COVID-19) en grupos poblacionales priorizados”, entre los que se encuentran los “grupos de trabajadores que a juicio de las Administradoras de Riesgos Laborales tengan alto riesgo de contacto estrecho a pesar de cumplimiento de distanciamiento físico y medidas de higiene respiratoria y de manos”. Lo que según el Ministerio de Trabajo se clasifica como “riesgo de exposición directa” e incluye principalmente a los trabajadores del sector salud, desde “personal de hospitalización, laboratorio clínico que tome y/o procese muestras de laboratorio, urgencias, unidades de cuidado intensivo, unidades de cuidado intermedio, salas de cirugía, servicios de consulta externa, personal de apoyo, personal administrativo, aseo, alimentación y vigilancia”.
Tras lo ocurrido en abril, lo lógico sería que la Clínica Los Rosales ampliara sus criterios para la realización de pruebas. Incluso, la búsqueda activa de casos debió iniciarse antes de haberse presentado los contagios en el personal de salud.
Pérez es enfático diciendo que siempre han tenido todos los elementos de bioseguridad “que son los normales que utilizamos, cada uno para su cargo”. Explica que los protocolos fueron cambiando constantemente, siendo notificados por escrito y a través de videos. Al principio, “con tanto cambio”, algunas cosas no eran claras: “Inicialmente, por ejemplo, no era claro si el N95 era necesario todo el tiempo, después que sí era necesario. Entonces hubo muchos vacíos en ese cuento. Y la manipulación (de los Elementos de Protección Personal) es lo mismo, que no puede tocar aquí, que sí toque aquí”.
Pérez llama la atención sobre los casos de contagio en el Hospital Universitario San Jorge, ya que según él no se ha publicitado nada: “Como el San Jorge sí es del Estado y Los Rosales no, entonces no le hacen bulla. Al de nosotros sí le hicieron bulla”. Y manifiesta que el riesgo de contagio “es parte del trabajo de nosotros, todos los días estamos expuestos a muchas cosas, lo que pasa es que ahora porque es el COVID, pero uno entra a una cirugía de un paciente con sida, pacientes con tuberculosis. Todos los días está expuesto a muchas enfermedades todo el personal de salud” (sic). Continúa: “en este momento es inevitable el ser contagiado, todos vamos a estar expuestos y todos estamos expuestos, yo, a manera personal, (pienso) que todos en algún momento se van a contagiar”.
Respecto a las posibles causas de contagio en Los Rosales dice “de pronto, en alguna parte hubo un error, porque todos somos humanos y nos podemos equivocar en un momento, es muy difícil; como le digo en ese momento había muchas dudas sobre muchas cosas”. A la fecha de la entrevista (julio) tenían la instrucción de usar overol —uno de los elementos de bioseguridad— solo para casos confirmados de COVID-19.
Como Martín Pérez, otros tres profesionales de la Cínica Los Rosales consultados, coinciden en que todos tenían los EPP, se estaban tomando las medidas instruidas bajo protocolos y no logran explicar cuál pudo ser la causa principal del brote.
Pasillo exterior de la clínica
Ángela María Giraldo, médica especialista en neumología, plantea que el contagio del personal de la salud es inevitable tratándose de un virus con una “transmisión tan acelerada. Obviamente tener los Elementos de Protección Personal disminuye el riesgo, pero no quiere decir que el riesgo se borre por completo”. Considera que “la clínica Los Rosales es el ejemplo de manejo de un brote epidemiológico durante una epidemia. Primero, no hay ninguno de nosotros muerto. Ninguno de nuestras familias. Segundo, se estableció una línea donde dijeron ‘vamos a cerrar’ (…) o sea, fue un cierre paulatino de los servicios, digamos que la Clínica se cerró al 70 %”. Cosa que no fue aclarada por los medios locales y nacionales, a través de los cuales siempre se habló de un cierre total.
Sebastián Orozco, médico con experiencia en urgencias, coincide con Giraldo y narra que el área donde él se desempeña —urgencias— fue la única que siguió funcionando ininterrumpidamente porque “no se puede parar el mundo completamente”, considerando que, además del virus, los pacientes pueden presentar otro tipo de patologías graves de atención inmediata. Cree que este hecho tuvo eco mediático porque “lo que más vende en el país es el amarillismo”.
Otros dos profesionales de la Clínica Los Rosales exponen las que consideran pudieron ser las fallas.
Óscar Pastrana, médico anestesiólogo, expresa que cuando llegó a trabajar a la clínica, después de haberse presentado el primer brote de los 34 contagios, no había un protocolo para ponerse y quitarse los EPP. “Es tan importante tener los implementos como saber utilizarlos y ahí no tenían protocolo”; explica que no es invento suyo sino que hace parte de un documento emitido por la OMS.
Pastrana continúa: “Debe haber alguien externo vigilando el orden en que usted se pone y se quita los elementos de bioseguridad, porque si no lo hace en ese orden usted se puede estar llevando partículas a la boca, la nariz y los ojos”.
La OMS sugiere ponerse y quitarse los “EPP siempre bajo la orientación y supervisión de un observador capacitado”. Frente a esto, el mismo profesional dice que le indicó al gerente John Fernando Quevedo, por medio de un audio, “me parece increíble que aquí no tengan protocolo para ponerse y quitarse los elementos de bioseguridad”. Además, indica que no contaban con protocolo para manejar cadáveres de pacientes COVID-19 o con sospecha de tener esta enfermedad, y menciona que durante su prestación de servicios murió un paciente por otra dolencia, que era sospechoso para COVID-19, y no sabían cómo manejarlo. “¿Cómo es posible que se te muera un paciente con COVID-19 y no saben cómo lo van a sacar? Eso es importantísimo porque en esas secreciones uno se puede contagiar”.
Al respecto, intentamos hablar con el gerente de la Clínica, pero después de insistir a través de varias de sus asistentes, durante reiterativos días, no quiso dar la entrevista.
Otro profesional —quien pidió reserva del nombre— manifiesta que “no tenían el equipo de protección mínimo que se debía usar en ese entonces, por eso se contagiaron”. Y añade, “si tú te agarras a hacer pruebas de muestras de manera selectiva pues vas a encontrar gente. ¿Por qué no hicieron lo mismo en el San Jorge, en Comfamiliar y en todas las clínicas?”.
En circular 0029 de 2020 emitida el 03 de abril, el Ministerio del Trabajo explica que las ARL deben apoyar a los empleadores en la mitigación del contagio, con un 7 % de ingresos por cotizaciones de riesgos laborales para “suministro de elementos de protección personal, chequeos médicos frecuentes de carácter preventivo y diagnóstico y acciones de intervención directa relacionadas con COVID-19”, pero “la colaboración que deben prestar las Aseguradoras de Riesgos Laborales (…) no exime al empleador de cumplir con su obligación respecto a proporcionar los Elementos de Protección Personal y realizar actividades en seguridad y Salud en el trabajo”.
El primer reporte enviado por la clínica Los Rosales al Ministerio del trabajo para dejar constancia de la entrega de estos elementos en medio de la pandemia es del 15 de mayo. Otras siete entidades de salud de Risaralda también entregaron su primer informe en el mismo mes.
Carlos Alberto Betancourt, director territorial por Risaralda del Ministerio del Trabajo, explica que, a partir de quejas del personal de salud en Colombia por ausencia de EPP, el ministerio solicitó que cada institución de salud hiciera seguimiento a la entrega de elementos, en cantidades y condiciones específicas, a través del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) de cada entidad. “A partir de la primera semana de mayo del año 2020 hasta la fecha (23 de julio), la Dirección Territorial de Risaralda del Ministerio del Trabajo, en respuesta a las directrices del señor ministro del Trabajo, ha enviado semanalmente el informe de seguimiento y cumplimiento de entrega de EPP de las instituciones de salud adjudicadas a esta territorial”.
¿Entonces qué tipo de vigilancia se está haciendo, si los primeros reportes se entregaron pasados dos meses del inicio de la emergencia sanitaria y aproximadamente un mes después de emitida la directriz?
Transeunte afuera de la clínica Los Rosales
Brotes en Risaralda y Colombia
Cuando a Paula, la enfermera contagiada en Los Rosales, le hicieron la prueba, en Colombia iban 305 profesionales de la salud contagiados —según el Instituto Nacional de Salud— y cuando le dieron el resultado la cifra ascendía a 372. El día que la clínica fue cerrada por 34 casos positivos, los contagiados eran 570 en todo el país.
Otros centros médicos ubicados en Pereira también han debido cerrar áreas completas por el grado de contagio de su personal de salud. Es el caso del Hospital Universitario San Jorge donde se presentaron 26 positivos, confirmados entre el 12 de junio y el 18 de julio. En esta entidad se han realizado 954 tamizajes tanto a profesionales de salud como administrativos, entre el 26 de mayo y el 23 de julio, según datos suministrados por el mismo hospital en respuesta a derecho de petición. Respecto a este brote Yolima Sánchez, secretaria de Salud de Pereira, confirma que “no lo cerraron todo, cerraron solamente las áreas donde estaba la prestación de este servicio”. Cuando se le preguntó si esta situación no ameritaba la toma de pruebas de todo el personal de la institución, manifestó que “no, porque no es necesario si yo no soy contacto estrecho de un paciente positivo”.
En el Hospital Santa Mónica, de Dosquebradas, se han realizado 160 pruebas de PCR y “se han presentado 6 casos en personal: 2 auxiliares de enfermería, 2 patinadores de cocina, 1 auxiliar de odontología y 1 auxiliar de oficios generales”, según derecho de petición respondido el 11 de agosto. En el Hospital San Vicente de Paul, de Santa Rosa de Cabal, han “realizado 48 pruebas rápidas para tamizaje (…) como búsqueda activa en población asintomática” y no se han confirmado casos positivos, según indicó el mismo hospital en derecho de petición respondido el 21 de julio. Y según la Secretaría de Salud de Pereira, al 22 de julio, había dos casos de personal contagiado en la Empresa Social del Estado (ESE) San Joaquín.
En Risaralda, al 08 de septiembre, el INS reportó un acumulado de 139 casos de personal de salud que han tenido COVID. La mayoría se contagió durante la prestación del servicio.
Mientras, la Secretaría de Salud departamental informó, en respuesta del 14 de julio a un derecho de petición, que “desde el inicio de la pandemia COVID-19 en el mes de marzo de 2020 hasta la fecha, se han notificado por parte de las UPGD (Unidad Primaria Generadora de Datos) del departamento de Risaralda, 137 casos positivos en personal que brinda asistencia en salud, de los cuales 113 se encuentran ya recuperados y 24 están aún activos” (sic).
El INS trabaja con la información entregada por las secretarías de salud departamental.
¿Quién dijo miedo?
Para este artículo se contactaron 35 profesionales de la clínica, de los cuales solo 6 dieron su testimonio, uno pidió no citar su nombre y otro no indicar que estuvo contagiado por temor a las actitudes que pueda tomar la ciudadanía. Otro más, que se negó a dar entrevista, indicó que después de una denuncia pública que hizo por su despido recibió amenazas, y otra persona planteó que sí daba la entrevista “siempre que no afecte mi estabilidad laboral en la clínica donde laboro actualmente”. El miedo en el personal de la salud no es un asunto exclusivo de Risaralda, en el país muchos trabajadores de este sector no ofrecen entrevistas ni entablan denuncias por temor a ser despedidos, especialmente porque los modelos de contratación bajo los cuales laboran no les garantizan un respaldo en caso de despidos injustificados.
Vigilante con uno de los trajes de bioseguridad en una de las entradas principales de la clínina Los Rosales
En Los Rosales, a Pastrana, el médico anestesiólogo, le notificaron el 4 de mayo que el 4 de junio se daría por terminado su contrato de prestación de servicios, acudiendo a la cláusula que indica que “cualquiera de las partes podrá ponerle término de manera unilateral al presente contrato en cualquier tiempo, sin que tenga que justificar su decisión y sin que por ello se cause a su cargo compromiso resarcitorio de perjuicios”. Esta notificación se la dieron mientras estaba en el Hotel Los Rosales, aislado por ser sospechoso de COVID.
Pastrana inició el contrato el 20 de abril con una vigencia hasta el 20 de julio. El 25 recibió a su colega Víctor Ballén, el único caso entre el personal contagiado que se complicó, requiriendo ser internado en la UCI. El 27 de abril, tras haber intubado a Ballén, Pastrana presentó síntomas que fueron empeorando hasta llegar a episodios de fiebre. Ese mismo día de abril, la clínica, a través de su prestadora de servicios —Coomeva EPS—, le notificó cinco días de incapacidad. Según cuenta, estuvo alrededor de 65 días en el hotel pese a que las dos pruebas que le realizaron dieron negativo para COVID. Al final de todo dice: “A mí me tocó ponerle una acción de tutela a Los Rosales y la gané”. Con esta lo reincorporaron a la clínica. Considera que es un mensaje para que se entienda que los médicos no deben ser tratados de cualquier manera.
La situación no se quedó así. El reintegro ordenado por el juez de tutela de primera instancia tenía un término máximo de cuatro meses, durante los cuales Pastrana debía acudir a los jueces laborales. Pero antes de que se cumpliera el plazo la sentencia de reintegro fue revocada en segunda instancia “por improcedencia de la acción de tutela en el presente evento, al existir otros medios de defensa idóneos y no detectarse la ocurrencia de un perjuicio irremediable”, según el Juzgado Segundo Penal del circuito para adolescentes. La clínica le notificó en consecuencia que su contrato terminaba por segunda vez, en esta ocasión a partir del 19 de agosto.
Pastrana manifiesta que “esto ha sido una completa decepción” y que ha tenido dificultades para reclamar su liquidación, dice: “Hicieron el pago a una cuenta judicial del Banco Agrario pero aún no la he podido retirar”. El 7 de septiembre el Juzgado Tercero Laboral le indicó, a través de correo electrónico, que “en el menor tiempo posible se autorizará la entrega del título judicial consignado a su favor”, pero apenas el 29 de septiembre el mismo juzgado le confirmó: “Nos allegan la conversión del título, solo hace falta que sea autorizado por el secretario y la juez”. Es decir, que después de más de un mes de su despido Pastrana aún no tenía en sus manos el dinero de sus prestaciones sociales.
Oscar Pastrana en las instalaciones de la clínica Los Rosales después de su reintegro
Conozca el PDF del caso pastrana: https://consejoderedaccion.org/https://consejoderedaccion.org/wp-content/uploads/2020/10/01_CASO_OSCAR_PASTRANA.pdf
De acuerdo con el derecho de petición respondido por la clínica “todo el personal que fue positivo para COVID-19, el cual se encuentra recuperado, aún se encuentra vinculado”.
El 5 de mayo Los Rosales publicó, en su sitio web, que se permitía la reapertura de la clínica; según explican “por medio de la resolución 00-665 de fecha 5 de mayo del 2020 la Gobernación del Departamento de Risaralda y la Secretaria de Salud hacen el levantamiento de las medidas sanitarias preventivas de seguridad y control que suspendían la prestación de los servicios”.
Al cierre de este reportaje el secretario de Salud departamental tampoco concedió entrevista. De las voces oficiales solo queda lo dicho por la Secretaría de Salud municipal, quien expone que la hipótesis de la investigación epidemiológica de Los Rosales es que el contagio fue por fallas al momento de retirar los EPP, fallas que según el ente oficial son genéricas y se han presentado en otras instituciones de salud a las cuales les han hecho vigilancia.
Según Mónica García, ingeniera estadística experta en salud pública, se estima que al menos entre un diez y un veinte por ciento de profesionales de la salud se contagien. Pese a esto, “es importante que cada institución de salud genere una evaluación de riesgos” y aclara que sí se pueden hacer muchas cosas para prevenir el contagio del personal: “No podemos normalizar el hecho de que tengamos profesionales de la salud contagiados, hemos perdido muchas vidas de profesionales”.
Plantea que los gerentes de salud deben garantizar la entrega de todos los equipos necesarios, en los tiempos y cantidades requeridas, además de dar capacitaciones sobre su uso; y en cuanto a los profesionales, García reiteró que tienen una responsabilidad en el cuidado de otros y el autocuidado. Recomienda que en general toda persona se asuma como posible portador del virus, de manera que eso lo obligue a ser precavido con todas las medidas posibles, en todos los lugares, “eso hace que el virus que camina con nosotros no se riegue y no contagiemos a más personas”.
Si bien la Clínica Los Rosales fue uno de los primeros brotes de personal de salud presentados en Colombia, los conglomerados se siguieron generando en todo el país al punto que el 8 de septiembre el INS reportó 389 brotes o conglomerados. En estos conglomerados se tomaron 16 483 muestras que permitieron confirmar 4.033 casos de profesionales contagiados. Martha Ospina, directora del INS, detalla que se considera conglomerado todo contagio de dos o más casos que se presentan al mismo tiempo: mismo día, mismo lugar. Siempre que sea un escenario distinto al hogar.
En este panorama no se vislumbra el fin de esta histórica pandemia y el personal de salud de Risaralda, y de todo el país, sigue reclamando al Estado, a sus aseguradoras y a las empresas con las que laboran que los protejan, porque si la primera línea es derrotada la guerra contra este virus estará perdida.
Fotografías: Santiago Ramírez Marín
Esta investigación es resultado de la convocatoria Becas Consejo de Redacción 2020