El Aro: la historia detrás de la masacre

Esta investigación busca desentrañar los mecanismos secretos de una de las operaciones paramilitares más brutales de la historia: la complicidad del ejército, los silencios estatales, la política corrupta y la ambición desmedida. Es, también, un cuento de horror transformado en el relato de resistencia de sus víctimas.

María Ester Jaramillo Torres vivía por cuarta vez el nacimiento de un bebé. Ahí, en El Aro, el pueblo recóndito, lleno de caminitos taponados por barro espeso, jardines adornados con orquídeas y mangos dulces, siempre custodiados por mujeres cándidas y hombres poseídos por la fuerza de un ferrocarril, la mujer se agarraba con potencia aniquiladora de la cabecera de su cama, y gritando con voz ronca – afectada además por el penetrante sereno del norte antioqueño –, pujaba para que sus órganos internos le abrieran paso al frágil y diminuto cuerpo de Martha.

El vapor de las ollas oxidadas ensopaba la piel callosa de María Ester, sus huesos se retorcían y en las calles de adoquín a medio hacer, las señoras del pueblo olían el agrio olor a sábanas ensangrentadas que se escapaba –como si fuera un chiflón-, por las rendijas diminutas de la casa de la mujer.

Ambas nacieron en un pueblo de color tan verde como los cultivos de fríjoles que parecían océanos de tallos lánguidos, que se mantenían tupidos y estáticos alrededor de ese caserío que, durante décadas, estuvo escondido entre un tumulto de montañas espesas, conocido como el Nudo de Paramillo.

El pueblo fue bautizado a mediados del siglo XX por Miguel Ángel Builes, obispo de Santa Rosa de Osos, como Builópolis, nombre que asignó al enigmático lugar en honor a su apellido; sin embargo, como el lugar era una especie de bostezo montañoso, es decir, una mancha circular desvestida de los harapos selváticos, y cuidada por algunas casas de barro, los habitantes lo llamaron El Aro.

El Aro, corregimiento de Ituango, departamento de Antioquia.

Había 60 casas construidas y los paramilitares incendiaron 42 de ellas[1]; según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos[2], era un pueblo donde “habitaban entre trescientas (300) y quinientas (500) personas”, que se dedicaban a la cría de ganado y a las labores típicas del campo. Así fue hasta aquel octubre de 1997.

Cuando Martha nació, el cuatro de abril de 1958, ya había pasado una década desde que la guerra entre liberales y conservadores se había convertido en un fantasma sanguinario, que había despedazado las vidas de pueblos enteros en Colombia. Pero La Violencia[3] nunca alcanzó a llegar hasta El Aro y Martha se crio en un territorio cuya tranquilidad fue, durante cuarenta años más, imperturbable. 

Mapa de El Aro. Imagen realizada por Héctor José Castillo.

María Ester era la partera del pueblo, trajo más niños al mundo de los que ella misma recordaba el día de su muerte, entre ellos, y sin ayuda alguna, a sus hijas.  A todas las parió encerrada en alguna parte de su casa, gritando en un cataclismo ensordecedor de amor corajudo. Por eso, cuando Martha habla de su mamá y del pueblo donde nació, se agarra con fuerza el pecho, aprieta el puño de su mano izquierda, mira al techo de su casa, ubicada en Bello, Antioquia, y dice con la voz entrecortada:

En el pueblo había más señoras a las que les gustaba atender partos, pero, realmente, la partera del pueblo era mi mamá. Yo la acompañé a varios nacimientos, pero cuando ya me capacité como promotora de salud, no la acompañaba tanto. Compartíamos ideas, compartimos lo que sabíamos -porque las parteras son muy caprichosas, tienen su forma de atender- y uno, después de haber aprendido, y después de haberse capacitado en un hospital, las ideas se vuelven muy diferentes a las de ellas. Yo le aprendí mucho a mi mamá, pero también le enseñé mis cosas. En muchos partos estuvimos juntas y entre las dos trajimos al mundo muchos niños de El Aro.

A veces, ella atendía los partos y si sentía que tenía dificultades, me llamaba y yo llegaba a ayudarle. Ella hizo partos en El Aro hasta el día en el que se murió; el primer recuerdo que tengo de mi mamá es de ella atendiendo partos y el último recuerdo que tengo de ella es trayendo niños al mundo.

Mi mamá tuvo en El Aro muy buenas amistades, la querían mucho. Ella compartía con la gente todo lo que tuviera. El Aro era un pueblo muy bueno, la niñez de uno siempre es buena, yo crecí muy bien, al lado de mi mamá, al lado de mis hermanitas y de mi familia; era un pueblo donde había mucha gente, hasta el día de la masacre, El Aro era muy poblado y había bastantes habitantes.

No había colegio, solo había una escuelita que iba hasta grado quinto, y después hubo un colegio anexo al San Luis de Yarumal, que iba hasta cuarto de bachillerato. Cuando era niña, disfrutaba mucho el pueblo, en esa época todo era muy bonito, no había Internet, entonces uno dedicaba mucho tiempo a la mamá, a uno mismo. Nosotros no sabíamos en ese entonces nada, supimos lo que era un teléfono y un televisor hasta cuando estuvimos jóvenes.

Yo pasé muy bien mi juventud en El Aro. Allá estudié, trabajé, tuve novios, bailé y paseé. En El Aro hacían unos rumbonones deliciosos, unas fiestas buenísimas con mis compañeros de estudio y con todas mis amistades, la pasábamos muy bien, no puedo decir que pasé una mala juventud, pero cuando ocurrió la masacre, quemaron los lugares buenos, los lugares chéveres donde nosotros salíamos a bailar.

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Según declaraciones de abogados e investigadores vinculados al caso de la masacre de El Aro –cuyas identidades se mantienen en reserva por efectos de seguridad -,  los paramilitares lavaron sus uniformes con jabón azul. Costó tiempo borrar de los camuflados esas manchas de sangre fosilizadas que se habían tatuado en la ropa de los escuadrones que llegaron a El Aro el 25 de octubre de 1997.

Francisco Enrique Villalba Hernández[4], uno de los paramilitares que participó en la ejecución de la masacre, bajó corriendo del pueblo con la respiración agitada; sus piernas cansadas por el trajín de los asesinatos que había perpetrado en El Aro parecían ramas blandengues empotradas en su cuerpo, ennegrecido por la mortecina. Olía a sudor y a bareque carbonizado, las suelas de sus botas negras y deshilachadas, que gargajeaban contra el tapete de piedras puntudas del profundo Ituango Alto[5], ocultaban los puntos de sangre que él, junto a un ejército de paramilitares, robó del pueblo donde pasaron sus últimos días.

Villalba Hernández se entregó a la justicia colombiana en el año 1998, y desde entonces se convertiría en uno de los testigos claves para entender detalles de la planeación y ejecución de la masacre de El Aro, y de la mencionada participación del entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez como uno de los presuntos autores intelectuales de ese hecho. Villalba sabía mucho y en abril del año 2009, fue asesinado después de develar ante la justicia y los medios de comunicación secretos y detalles claves para entender lo que ocurrió detrás de la masacre de El Aro.

En una de sus últimas declaraciones, que rindió en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de la Dirección Nacional de Fiscalías, el exparamilitar afirmó que, al salir del pueblo, “hicimos un retén en Puerto Valdivia, paramos los buses de Rápido Ochoa y Brasilia, les dijimos a los civiles que se bajaran, los dejamos en un kiosko (sic) y le dije a los conductores que nos llevaran. Yo me monté en el bus de rápido OCHOA, COBRA[6] en Brasilia y Yunior[7] en un camión. Llegamos a la base de entrenamiento entre Caucasia y la Caucana.”[8]

Villalba logró aguantar, en esa base de entrenamiento, la monotonía tensa que siguió a la masacre de El Aro, hasta que fue citado por Carlos Castaño[9] para que se vieran en La 35[10], el lugar donde todo había comenzado.

Según Villalba, en esa reunión “había hartos paramilitares y una Convivir del pueblo PAPAGAYO[11], nos reunimos ahí, ya después llegó don CARLOS (Castaño), (Salvatore) MANCUSO, LOS HERMANOS URIBE[12] Y UNOS GANADEROS. (…) Estuvieron unos militares, el teniente de la cuarta brigada[13] (…) hubo un discurso de CARLOS CASTAÑO, después me llamó aparte Carlos Castaño y me dijo él es el gobernador de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe, usted fue exitoso para la operación, siempre por eso le he tenido confianza para las operaciones delicadas. (…) Hizo el discurso Álvaro Uribe y dijo que la operación había sido un éxito, nos daba las gracias (…) Carlos Castaño sacó una medalla de oro que tiene el mapa de Colombia con un campesino parado en el centro con una bandera y dice AUC (y se la impuso a Villalba) como condecoración, ahí terminó la reunión”[14].

***

Las líneas delgadas del cirrus empezaron a brotar sobre el cielo de Medellín como si fueran carreteras de neblina pegadas en el cielo; de repente, las nubes se juntaron y se armó una tormenta eléctrica sobre la capital de Antioquia.

Las calles de Medellín se convirtieron en pozos horizontales de agua putrefacta, que ponían a naufragar los pies de quienes trataban de refugiarse de la furia del arroyo. Eran las seis de la tarde y este periodista debía encontrarse quince minutos después con Simón de Jesús Franco, uno de los personajes más enigmáticos y claves para entender las razones que pudieron haber dado origen a la masacre de El Aro. Jesús empezó sus luchas como como líder campesino del norte de Antioquia cuando era un jovencito, fue uno de los fundadores y dirigentes de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y perteneció a la Unión Patriótica. Estuvo exiliado en Nicaragua y en El Salvador durante dos lustros, por lo que su acento es un extraño remache de tonos centroamericanos que se mezclan con el afable hablado antioqueño.     

El encuentro con Jesús sería en la entrada del Parque Biblioteca Belén. Mientras él llegaba, entré a una panadería y pedí un café. Minutos después, sonó el celular:

– Aquí estoy, hijito-, me dijo. -Estoy parado esperándolo en la biblioteca, venga que hace mucho frío-.

Volví a la biblioteca con los pantalones emparamados, estaba buscando al hombre de voz tosca y cortante con el que había estado hablando desde hacía algunos meses; de repente, una figura titánica levantó su mano. Me quedé mirándolo; vestía botas de caucho, jean roto, chaqueta gris, una bufanda de extraños colores, gorro de lana y barba oxidada por la vejez y el sol recibido por las caminatas en el Bajo Cauca como líder campesino. Su figura varonil contrastaba con la tierna sombrilla violeta con estampados de unicornios, que sostenía con su mano derecha. – ¡Soy Chucho! -, gritó.   

Mientras extendía su mano derecha, se disculpó:

– La sombrilla es de una amiga. Pero mire, llovió tan fuerte que cerraron la biblioteca, no tenemos dónde sentarnos, y a un lugar con mucha gente no entro ni de riesgos.

– Pues sentémonos acá-, le dije, señalándole el vestíbulo de entrada del edificio.

Nos acomodamos lo mejor que pudimos y, sobre el cemento frío y soportando la bandada de truenos que amenazaban con otra tempestad, Jesús empezó a recordar en voz alta cuando los grupos paramilitares de Córdoba, Urabá y del norte de Antioquia se empezaron a tomar los territorios de Ituango:

Yo integré la primera coordinadora departamental de Unión Patriótica en Antioquia y, previamente, me correspondía desarrollar el trabajo en la región del Bajo Cauca, y en esa subregión está El Aro.

Hace algunos años, para uno llegar de Medellín a Ituango, se tiraba de diez a doce horas; como el terreno es bien encañonado y con mucha falla geológica, constantemente se presentaban derrumbes, tocaba esperar a que hubiera un transbordo para llegar al pueblo (Ituango), y la condición de la vía era sumamente irregular, era un terreno destapado que cogía desde los Llanos de Cuivá[14], pasando por San Andrés de Cuerquia, hasta llegar al Valle de Toledo y, por fin,  encaramarse a Ituango. Para uno subir hasta allá, primero se ubicaba el terreno por el río Cauca, por un puerto que se llamaba Puerto Escondido, y de ahí uno coge loma arriba hasta El Aro, un terreno también muy agreste.

Inicialmente, aparecieron algunos frentes del EPL[16], algunos tenían unos corredores[17] y posteriormente fue haciendo presencia el Frente 18 de las Farc y, simultáneamente, transitaba una que otra comisión del ELN[18], que se concentraba más al lado del Bajo Cauca, por Tarazá, Puerto Valdivia, más cercano al norte del río Cauca -pero tirando como si fuera a Anorí, a Angostura, por los lados de Yarumal-, concretamente, hacía Campamento y Anorí, que ha sido un corredor histórico del ELN.

Los campesinos se abastecían de productos en Puerto Valdivia, y luego los comercializaban, pero el abandono por parte del Estado con esa carretera de Antioquía (la de Ituango), que conecta con la costa atlántica, era histórico. No había apoyo del Estado con las vías de esa zona del país. Ituango, sobre todo los territorios del Bajo Cauca, como Tarazá, Puerto Valdivia, Caucasia, Cáceres, Nechí, Bagre, Zaragoza, eran regiones muy ricas en oro.

Históricamente, el campesinado de esos territorios se dedicaba a la extracción artesanal del oro; de ahí que los movimientos insurgentes, sobre todo las Farc, hacían un control del área para evitar la contaminación a través del mercurio[19] y del aceite en las aguas. El requerimiento que se le hacía a la gente era que cuando se hicieran los huecos para hacer las explotaciones grandes del oro con aceites, se taparan para evitar la proliferación de zancudos, pues es una región caliente.

Entonces, se asentaron en esa zona frentes del EPL, ELN y Farc, esos grupos convergían en ese corredor. Pero la fuerza inicial que había en esa región era la del Ejército y la confrontación era del Ejército contra los distintos movimientos guerrilleros, que en ese momento estaban llegando.

Ante el auge que fue cogiendo la Unión Patriótica en el área, comenzó la creación de grupos paramilitares en la zona, en abierta connivencia con las fuerzas oficiales del Estado.

Así se fue incentivando el conflicto en el Bajo Cauca: fuerzas armadas como el Ejército, la Policía, Fuerza Aérea y paramilitarismo, tratando de aniquilar a la guerrilla, fundamentalmente a las Farc. Y así se inició la guerra con los paramilitares en esa zona, ellos querían apropiarse de las áreas que más producían oro, y la guerrilla quería defender esas zonas. El conflicto en el Bajo Cauca no empezó por la coca, sino por el oro.

***

El ataúd plateado navegaba sobre las cabezas de los fanáticos que gritaban, con el corazón partido, el nombre del muerto. Esa tarde decembrina de 1993, los espíritus afiebrados de quienes habían sido sus seguidores durante los años desmadrados del Cartel de Medellín, se azotaban entre ellos para ver – por última vez – en el fondo del féretro, el cuerpo baleado de Pablo Escobar Gaviria.

– ¡Se vive, se siente, Pablo está presente! -, bramaba la multitud en cólera mientras lloraba la muerte del patrón. Esos gritos que estallaron desde el corazón de Medellín para despedir a Escobar, se convertirían en la banda sonora del triunfo de los Pepes[20] y del regreso al Bajo Cauca de Ramiro de Jesús Vanoy Murillo, más conocido en el mundo del paramilitarismo como el ‘Cuco Vanoy’.

‘El Cuco’ fue un paramilitar que durante la década de los años ochenta empezó a surgir como un experto del crimen y la delincuencia; era la época en la que el MAS[21] estaba desarrollando operaciones criminales para desaparecer estructuras guerrilleras y -posteriormente- actuar en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos. El ‘Cuco Vanoy’ trabajaba para Henry Pérez, el hombre que custodió los laboratorios de droga del Cartel de Medellín en el Magdalena Medio hasta 1990, año en el que se unió a la cruzada que paramilitares, liderados por Fidel Castaño, y cabecillas del Cartel de Cali emprendieron en contra de Pablo Escobar.

Desde 1984 por instrucciones de Henry Pérez, ‘el Cuco’ se convirtió en uno de los fundadores del Grupo Mineros, una tropa de autodefensas Campesinas del Magdalena Medio que operaba en el Bajo Cauca; pero con la alianza que Pérez desarrolló con los Pepes, Vanoy se tuvo que trasladar hasta el Valle del Cauca, para unirse a la causa de los Perseguidos por Pablo Escobar y apoyar las operaciones de narcotráfico perpetradas por el Cartel de Cali, y así, cuando el máximo líder del Cartel de Medellín cayó fulminado sobre un techo de la capital de Antioquia, ‘el Cuco’ pudo volver a los territorios del  Bajo Cauca antioqueño, específicamente en la margen izquierda del río Cauca (en sentido sur-norte). Su base de operaciones fue en el corregimiento La Caucana, de Tarazá.

Siempre tenía escondidos los ojos detrás de sus párpados desprendidos; sus labios firmes, como si fueran pequeñas carreteras de carne superpuestas en el rostro, sostenían su bigote achilado y de color azabache. Y los brazos velludos, que hacían juego con su cabeza llena de las manchas producidas por el sol de la guerra, convirtieron al ‘Cuco Vanoy’ – después de su retorno al Bajo Cauca, en 1994 -, en un símbolo de sadismo y sevicia entre los habitantes de Ituango.

Tras su regreso al territorio que lo había visto crecer como una promesa del paramilitarismo en Antioquia, con el apoyo de los hermanos Castaño, de ‘Macaco’[22], y de ‘Julián Bolívar’[23],  el ‘Cuco’ transformó el Grupo Mineros en uno de los esperpentos armados más sólidos de Antioquia: el Bloque Mineros.

De acuerdo con un artículo publicado por el portal de El Espectador ‘Colombia 2020’, titulado ‘El trazo criminal del Cuco Vanoy en el crimen organizado y las autodefensas, entre 1995 y 1998, Vanoy logró expandir la fuerza de las tropas paramilitares en un área que superaba los 14.757 kilómetros cuadrados entre el Bajo Cauca y Córdoba. Su accionar sería recordado por haber presuntamente participado en violaciones al Derecho Internacional Humanitario, agresión sexual a mujeres, reclutamiento forzado, el control territorial para la apertura de rutas terrestres para el tráfico de estupefacientes y masacres perpetradas en contra de la población civil.

Juan Esteban Jaramillo, miembro de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, contó para esta investigación cómo surgió el poderío del Bloque Mineros en el norte de Antioquia bajo el liderazgo del ‘Cuco Vanoy’:  

El Bloque Mineros hunde raíces en las Autodefensas del Magdalena Medio. Llegó principalmente a Caucasia; el Bajo Cauca se volvió su zona central de actuación y llegó hasta ahí con una finalidad muy clara: hacer una expansión de la frontera cocalera hacia ese territorio y, por otro lado, había un fin muy ligado al tema contrainsurgente en ciertos territorios (de Antioquia).

Para el año 1984, la llegada de este grupo no fue como un bloque paramilitar propiamente, ni tampoco de autodefensa, llegó como algo que se dominó el ‘Grupo Mineros’, que actuaba como una especie de escuadrón de la muerte y se dedicaba a labores de exterminio social.

En buena parte de la zona donde hacía presencia el Bloque Mineros, se estaban desarrollando las configuraciones políticas de esa época que eran, principalmente, del Partido Liberal o de partidos como la UP, o movimientos de izquierda que controlaban buena parte de la política de ese territorio.

Por esa razón, se explican ciertos hechos de violencia en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos, pero el Bloque Mineros también empezó a participar en algunas incursiones y en distintas actuaciones del paramilitarismo en el territorio. En muchos casos actúa, no como el actor principal, sino como un anillo de seguridad para las operaciones que se dan en ciertos territorios, que es más lo que sucede con las masacres de El Aro y La Granja.

La participación del Bloque Mineros, si bien está demostrada en estas masacres, se logra identificar que su actuación en esta zona se dio como una manera de crear sistemas de seguridad en esos territorios.

Entonces, el Bloque tenía dos objetivos: uno, expandir la frontera cocalera, y dos, cambiar la composición política que se da en el territorio, ir debilitando ciertos actores políticos que hay en la zona, y confrontarse con las guerrillas que están en el territorio.

El Bloque Mineros permitió la entrada y la salida de los actores de los bloques paramilitares que estaban en esa zona y que ejecutaron las masacres en esos territorios, y también es muy claro que en esa área de influencia de Hidroituango, el Bloque Mineros tuvo un papel protagónico. En el Pescadero[24] tuvieron diferentes acciones, enfrentamientos permanentes con las Farc EP, ese era un terreno de disputa entre estos actores.

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“Los honorables magistrados de la Corte Constitucional y el país entero pueden tener la certeza de que los antioqueños tenemos toda la determinación para derrotar la violencia de manera transparente, buscando la recuperación absoluta de los derechos humanos. El fallo invita a los ciudadanos a asumir con total determinación la actitud de construir la paz, la reconciliación, la convivencia, y derrotar el crimen y la violencia”; esto afirmó Álvaro Uribe, entonces gobernador de Antioquia, en declaraciones a la prensa publicadas por el periódico El Tiempo el 22 de octubre del año 1997, a raíz de una decisión de Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que modificó a través de la Resolución 7164 del 22 de octubre de 1997 el funcionamiento de ‘las Convivir’.

La mencionada modificación a la resolución creada para reglamentar la Ley de servicios de vigilancia y seguridad privada, se daría luego de que un grupo de ciudadanos demandara la inexequibilidad de dos de los artículos del Decreto 356 del 11 de febrero de 1994: la norma que daría el aval para que se creara el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, que sería recordada en la historia como el inicio de ‘las Convivir’.

Fue un decreto ley expedido por el gobierno del entonces presidente de Colombia César Gaviria Trujillo, y que fue aprovechado por Álvaro Uribe con el fin de prestar los siguientes servicios a los territorios más afectados por el accionar de la guerrilla: A. cooperativas de vigilancia y seguridad privada. B. servicios especiales de vigilancia y seguridad privada. C. seguridad privada y servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada.

El decreto empezaría a configurarse en diferentes zonas del país como una disposición que permitía la formación de grupos armados privados, involucrando a la sociedad civil en el conflicto armado colombiano. Con los años, ‘las Convivir’ empezaron a ser parte del proyecto contrainsurgente del paramilitarismo, que ya estaba tomando fuerza en el país, al facilitársele que las tropas paramilitares engrosaran sus filas y fortalecieran su operatividad bélica en distintas regiones, sirviendo también como esquema camaleónico para líderes paramilitares, como ‘Cuco Vanoy’ en el Bajo Cauca.

Según el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep – Justicia y Paz, para finales de 1997, en Colombia había 38 bases paramilitares y 414 grupos de ‘las Convivir’, distribuidos de la siguiente manera:

Imagen realizada por Héctor José Castillo.
 

Imagen realizada por Héctor José Castillo.

En el Bajo Cauca, ‘las Convivir’ sirvieron como un apoyo contundente hacia el paramilitarismo para arreciar en contra de las Farc EP, la guerrilla que había decidido, en su VIII conferencia -celebrada en 1993 -, recuperar el control del Bajo Cauca, debido a la riqueza minera que se podía encontrar en esas zonas del departamento, y ampliar su área de influencia en el Urabá antioqueño.

Según un informe especial de Revista Semana, publicado en 1995, para ese mismo año el Frente Noroccidental de las Farc EP “estaba constituido por los frentes 5,18, 34, 35, 36, 57 y 58, con un número cercano a los 600 hombres”. De acuerdo con este archivo, la persona delegada por el Secretariado de esa guerrilla para dirigir las operaciones del control territorial en el Bajo Cauca era ‘Iván Márquez’, quien, según Semana: “En lo político, (Márquez) creó las Unidades Solidarias Bolivarianas (USB), pequeñas células guerrilleras encargadas de hacer proselitismo político entre el campesinado. Fuentes de los servicios de inteligencia afirmaron que hasta ahora han sido detectadas 28 USB en población del norte de Antioquia y del sur de Córdoba”.

En documentos a los que esta investigación logró tener acceso, se identificó que entre diciembre de 1994 y enero de 1995, menos de un año luego de que el estatuto para la prestación por particulares de servicios de vigilancia y seguridad privada hubiera entrado en vigor, Jaime León Palacio Palacio, el inspector departamental de Ituango, y Argemiro Mazo, presidente de la Junta de Acción Comunal de ese municipio, así como Omar Valle Guerra, en ese entonces alcalde de Peque, municipio de Antioquia que colinda por este y norte con Ituango, tenían permanente contacto con ‘Rafael Reyes Malagón’, el comandante del Frente 18 de las Farc EP.

En una carta obtenida para este reportaje el alcalde de Peque le informaba a ‘Reyes’ que una avioneta de placas HK212 – 7E, estaría sobrevolando el municipio “con la finalidad de tomar aerofotografías para la formación catastral del municipio”; en el mismo documento, el mandatario local le agradecía al comandante guerrillero por “lo que esté a su alcance en beneficio de nuestra comunidad”. Por su parte, los funcionarios de Ituango le solicitaban a ‘Reyes’ una reunión para manifestarle su preocupación frente a la situación delicada que sufría el municipio en ese momento: “le agradecemos el deseo y quizás la urgencia de conversar con usted sobre problemas de orden público que directa o indirectamente nos incumben a todos”, decían.

Según un abogado que pidió reserva de identidad, poco tiempo después de que fueran entregados al frente guerrillero, inteligencia militar incautó estos comunicados, y eso -entre otras razones- pondría en alerta a fuerzas paramilitares y agentes políticos de Antioquia para que se empezaran a planear los ataques en contra de la población civil como mecanismo de control territorial y castigo social por parte de ellos y de unidades de vigilancia privada en las zonas urbanas y rurales de  Ituango.

 ***

Fui a donde Yunior para pedirle permiso, le dije que si me dejaba buscar a mi hermanito y me dijo que dónde estaba él. Le dije que Wilmar, mi hermanito, estaba en una finca en la entrada del pueblo y que estaba sembrando el ‘frisol’, le dije que él estaba con un trabajador de la finca y él me dijo: – ¡Ay, jueputa, fue el pelado que matamos! -, así narra Miladis Restrepo cómo supo que Wilmar de Jesús Restrepo, su hermano menor, había sido uno de los primeros asesinados en la incursión a El Aro.

Desde el miércoles 22 de octubre empezó la masacre. Los paramilitares lucían como peregrinos de la muerte por los caminos rasposos del Bajo Cauca. Antes de llegar a El Aro, un escuadrón de treinta hombres armados llegó a la vereda Puquí[25], entró a la finca de Omar de Jesús Ortiz Carmona, y asesinó a Ortiz y a Fabio Antonio Zuleta Zabala,  trabajador de esa finca, y una de las pocas víctimas de la masacre de El Aro, a la que se le hizo el respectivo proceso de levantamiento por parte de las entidades correspondientes, esta investigación tuvo acceso al documento que certifica el mencionado proceso.

Durante los siguientes tres días, avanzaron hacia El Aro, dejando en cada una de las veredas y fincas por las que cruzaban un corredor de muertos. El 25 de octubre, el ejército de paramilitares entró a ‘Mundo Nuevo’, una finca que estaba ubicada a pocos minutos de El Aro; en ese predio, Wilmar, de catorce años, estaba trabajando como jornalero, esperando a que la marcha paramilitar terminara su incursión. Desde que Wilmar era bebé le aterrorizaban las armas; por eso, cuando su hermana – la mujer que atendía el único teléfono del pueblo – recibió la llamada que alertaba desde Puerto Valdivia a los habitantes de El Aro acerca de la llegada de los paramilitares, Wilmar se fue corriendo a la finca de su padrino.

A Wilmar y al trabajador Alberto Correa Sucerquia los sorprendieron mientras sembraban frijol en ‘Mundo Nuevo’, según el testimonio que Miladis Restrepo brindó para esta investigación, a Wilmar lo obligaron a que se pusiera sobre los hombros un morral muy pesado. Luego de que al viejito (Correa Sucerquia) lo hubieran matado, a mi hermanito se lo llevaron como rehén.

Él (Wilmar) se cansó, llegó a un laguito y les dijo (a los paramilitares) que no era capaz de seguir, porque eso pesaba mucho, y se sentó. Y en medio de eso, empezó una balacera con la guerrilla, a mi hermanito le dieron un tiro y le quebraron el brazo; él sólo lloraba, y les decía que no lo fueran a matar, que lo llevaran donde la mamá, que la mamá estaba en El Aro. Eso fue lo que me contó un paramilitar, riéndose. Me contó que cuando Yunior dio la orden de que lo mataran, mi hermanito solo llamaba a la virgen.

Aunque desde el día en que empezó la incursión en Puerto Valdivia, los habitantes de El Aro empezaron a escuchar los tiros, solo hasta el 26 de octubre –fecha en la que estaba prevista la celebración de los comicios regionales-, los escuadrones de paramilitares llegaron a El Aro por la Caucana y por la entrada de la Finca Manzanares, de acuerdo con testimonios brindados por sobrevivientes de la masacre, los paramilitares también ingresaron al territorio por Puerto Valdivia. El miedo había llegado al pueblo luego de que el rumor de una supuesta incursión viajara una semana antes desde Puerto Valdivia, como lo recordó para esta investigación Miladis Restrepo:

Todo empezó desde el domingo anterior. Había zozobra, miedo, porque llamaban por teléfono y decían que ya iban los paramilitares, que ya estaban cerca de El Aro, que se prepararan. Los que nos avisaban era gente conocida, personas que tenían familia en el pueblo, llamaban del puerto, de la Caucana, de Medellín, de varias partes. Nos decían que los paramilitares iban para El Aro y que iban a acabar con todo.

El lunes, que fue el día en que ellos empezaron a subir de Puerto Valdivia hacia El Aro, ya empezaron matando gente. Era terrible, porque uno no se podía mover del pueblo, ellos estaban por todas partes. Fue una semana tortuosa, yo trabajaba en la central del teléfono y escuchaba todos los reportes. El sábado empezó mucha balacera, se escuchaba bala por todas partes.

Recuerdo mucho que esa mañana (la del sábado) mi mamá le preguntó al trabajador del municipio, llamado Modesto Múnera, que limpiaba las calles del pueblo y vivía pendiente de todas las cosas del acueducto, que de dónde venía el ruido de las balas, porque mi mamá ya estaba preocupada por mi hermanito. Ella había despachado a Wilmar por la mañana y él le dijo a mi mami: -si yo no vengo por la tarde, me fui para donde mi padrino-, o sea, para otra finca que había por ahí, porque ya tenía miedo, y él era muy nervioso.

Esa semana había estado durmiendo con mi hermanita, porque le daba miedo, por los rumores de la gente, entonces, él le dijo a mi mamá: si no aparece por acá, me voy para donde mi padrino cerca de una finca, que se llamaba Manzanares. Mi mamá se puso muy nerviosa, porque el niño no estaba; a eso de las tres o cuatro de la tarde, empezó la balacera en el pueblo y se escuchaba muy fuerte, eso fue el sábado 25.

Eso era una cosa impresionante, se escuchaba tan horrible. Nosotros nos encerramos, cuando de pronto escuchamos que pasaron por la casa de mi mamá y había un señor que estaba tomando, porque había una cantina con billares, el lugar era de un cuñado mío y por allá estaba bebiendo un señor que se llamaba Nelson Palacio, con Modesto Múnera, Andrés Mendoza, pues había bastante gente con ellos; cuando fue que escuchamos que se los llevaban, se escuchaba que los empujaban, que los trataban muy mal, les decían guerrilleros, cuando escuchamos unos tiros, eso fue cuando ellos entraron al pueblo, como a las tres o cuatro de la tarde.

Cuando se estaba oscureciendo, a eso de las seis, mientras los paras sacaban a toda la gente de las casas, porque obligaron a la gente a salirse de las casas, empezaron a matar gente, los acostaron boca abajo ahí en la plaza donde había un palo mango. Mi hermanita, la niña de la casa, se asomó por debajo de la puerta y nos dijo que había alguien ahí, cuando empezaron a dar tiros ella se asomó y nos dijo -ma, ahí hay un señor y está muerto, no se mueve, porque está en el suelo, y la otra gente está moviéndose-. Mi hermanita nos decía que a todos los tenían sin camisa.

Ese día yo pensaba y decía que mejor morirnos todos, para no vivir todo eso, porque nosotros le decíamos a mi mamá -volémonos por acá, por el solar-, y ella nos decía que no, que qué tal que nos encontráramos gente por ahí escondida y nos mataran, o que de pronto el niño de la casa nos fuera a buscar, porque se llegó la noche y no apareció, y no volvió nunca.

Mi mamá decía que no nos podíamos ir, porque de pronto Wilmar iba a buscarnos y lo mataban por ahí solo. Esa noche se pasó en pura oscuridad, y solo se oían los perros latiendo, los grillos, y los paramilitares seguían por ahí, se escuchaban las conversaciones de ellos.

Al otro día, domingo, a las seis de la mañana, nos sacaron de la casa, nos trataron muy mal. Entraron a la fuerza, -hijueputas guerrilleros-, nos decían, – ¡que salgan! -. Nos trataban muy mal. Nos decían que nosotros éramos guerrilleros todos. Cuando nos sacaron de la casa vimos cómo estaba El Aro de destrozado: en la plaza estaba regado todo lo de la botica comunitaria, que era como una farmacia.

A mí me habían capacitado para eso, pero no cobrábamos sueldo, éramos voluntarias, cuando yo no estaba en el teléfono estaba en la botica, porque el teléfono lo compartía con dos operadoras para podernos pagar, entonces estaba todo eso regado en la plaza. Había comida tirada, la gaseosa regada por todas partes, y ahí estaba el señor del municipio, estaba muerto, los paramilitares habían matado al señor Múnera.

Si hay un relato cruel en los hechos que involucran a Francisco Villalba Hernández, o ‘Cristian Barreto’, en las acciones cometidas en detrimento de los pobladores de El Aro, es el asesinato cometido en contra de Aurelio Areiza que, según testimonios de víctimas y pobladores del corregimiento, era el dueño de ‘La María’, la tienda más grande del pueblo. De acuerdo con testimonios de Villalba Hernández, que fueron hallados para este reportaje, el entonces paramilitar llegó hasta la tienda de Areiza: le pregunto sobre la guerrilla y me dice: yo no sé nada, le encuentro en la casa de él un radio de comunicación, le cojo a una moza de él, una señora que vivía con él, cuando la cojo a ella, me dice, yo le entrego las armas que están en la casa, yo ingreso a la casa y veo unos bultos de arroz y le preguntó ¿dónde están las armas? y me dice ahí, había como veinte bultos de arroz, empezamos a tumbar los bultos y en la parte de abajo había un hueco y ahí estaban las armas, había una ametralladora, una miniuzi, dos fusiles galil y una AK-47 y un mortero, (…) los guerrillos que vienen bajando y yo mando a que amarren (a Areiza), me dijo que si yo sería capaz de matarlo, yo dije si toca, tocará matarlo y me dijo no le voy a colaborar y si puede matarme máteme, cuando yo lo acosté en el piso boca abajo, (…) tocó amarrarlo de un pie a un palo de naranja, y el palo de naranja amaneció seco, el señor ya ahí empieza a debilitar, empiezo a torturarlo para matarlo y no le entraba la bala por ninguna parte, de ahí tomé la decisión de quitarle los genitales y sacarle el corazón, nos dio lidia pero se hizo[26].

Cuando Miladis recuerda la muerte de Aurelio, empieza a empalagarse de sudor, cierra los ojos, agarra una almohada que está sobre la cama de su aparta estudio – el lugar donde transcurre la entrevista- y le pide a su hijo que le traiga un vaso de gaseosa con hielo. Respira profundo y, mientras trata de sobrellevar los recuerdos de aquella noche de octubre, dice: todavía esto es muy horrible. Don Aurelio no era un señor, ni muy grande, ni muy bajito, era gordito, un poquito calvito, era blanco, muy servicial, muy buena gente, y muy católico. A él lo amarraron el domingo en la mañana, cuando nos tenían a todos en la iglesia, en el atrio, pasaron con don Aurelio amarrado. Como a la una de la tarde lo volvieron a pasar amarrado y lo llevaron al cementerio, y allá lo tenían amarrado. Después de que lo torturaron, se escuchaban los lamentos de ese señor, era muy horrible, lo tenían en el cementerio amarrado y allá lo mataron.

Martha Posso, la hija de la partera, que vive en Bello, Antioquia y trabaja en procesos comunitarios con los niños que hoy están en El Aro, recuerda que Aurelio era una gran persona, él tenía una tienda de abarrotes, compraba grano a los campesinos, café, trigo, y con eso él iba a Yarumal o a Puerto Valdivia, era un señor que le prestaba el servicio a la comunidad, era muy respetuoso, se pegaba sus borracheras, porque le gustaba mucho, pero no era una mala persona. En El Aro no hubo y no hay colaboradores de la guerrilla; a don Aurelio le tocó ese día porque él tenía su tienda y tenía una finca con ganado, y entonces, llegaba (la guerrilla) y decía que necesitaban una vaca, ¿y él qué podía hacer? pues decirles que se llevaran la vaca. Si necesitaban un mercado, a él le tocaba darles a ellos el mercado, ¿por qué lo hacía? porque él no se iba a hacer matar por no entregar un mercado o por no dar una vaca, de todas maneras, si él no la regalaba, se la quitaban. Yo pienso que don Aurelio no era ningún colaborador de la guerrilla, como siempre lo han dicho, y como se sigue diciendo. No, yo no creo eso. Yo opino que él era colaborador con toda la gente, con todos los que vivían en el pueblo y con todos los que llegaban al pueblo. El Aro es una zona roja hace muchísimos años y la guerrilla siempre operó ahí, debíamos aprender a vivir con ellos, pero eso no nos hacía parte de ellos.

El día que los paramilitares llegaron a El Aro, Martha estaba en Puerto Valdivia; había tenido que bajar para hacer unas diligencias y comprar mercado, y justo cuando llegó allí se enteró de que los paramilitares habían llegado a El Aro: se comentaba que existía un grupo paramilitar y que en cualquier momento podrían llegar al pueblo. Yo trabajaba como promotora de salud en El Aro, y en ese año me terminaron contrato. Yo estaba trabajando en ese momento en el puesto de salud, pero antes, habían llegado al pueblo y me robaron el croquis que yo tenía en el puesto de salud, el croquis del pueblo, yo tenía un mapa donde aparecían todas las viviendas, donde quedaban las tiendas, donde quedaba la casa cural, el kiosco, los médicos, todo. Tenía mi croquis bien ubicado, donde especificaba todo, y explicaba cómo era el corregimiento y a ellos les gustó ese croquis y se lo robaron antes de la masacre, y luego fue que pasó la masacre (…).

Me quedé en Puerto Valdivia esperando a que me dieran razón de mi familia, en El Aro estaban mis hijos, mi mamá, todos. En el transcurso de la semana fueron dejando salir a la gente. El miércoles, por fin, salieron las mujeres y los niños salieron también. Mis niños empezaron a bajar con la gente que llegaba, pero a mi mamá la dejaron allá como rehén de ellos, la obligaron a que les cocinara a más de 50 hombres.

El viernes en la tarde le dieron salida, le dijeron que ya se podía ir y a ella le tocó irse sola por el camino y llegó en la noche a Puerto Valdivia. Ella estaba sola cocinándole a toda esa gente. Los paramilitares sacaron a toda la gente del pueblo y la única mujer que quedó en El Aro, mientras todos ellos nos quemaban las casas, fue mi mamá.

Villalba Hernández cuenta que las casas quemadas fue una iniciativa de “YUNIOR, él fue el último que salió del pueblo, (…) yo salí primero, porque tenía 4 bajas y los pelados estaban cansados, a YUNIOR se le dijo que el pueblo no era pa incendiarlo, ya después de la masacre en una reunión con CARLOS CASTAÑO se le comentó que eso no era así que eso estuvo mal hecho”[27].

Para Martha, la tortura acabó cuando se reencontró con su mamá, ella llegó a Puerto Valdivia con los pies rajados y las manos ampolladas de revolver la comida que había preparado al medio centenar de paramilitares.

Según Miladis, el momento más cruel de su vida empezó cuando encontraron el cuerpo de Wilmar: llegaron en dos bestias, eran las dos de la tarde, estábamos por allá, paradas en el atrio de la iglesia, mi mamá estaba rezando, porque a mi mamá le gusta rezar, y estaba en la iglesia. De un momento a otro la llamaron, y vimos a mi hermanito muerto, lo tiraron allá y lo agarraron a pata. Que porque era un guerrillero.

No podíamos llorar. El niño cayó al piso como si fuera un bulto de papas y todos ellos, todos, le comenzaron a dar patadas en la carita, en el estómago, en el bracito. Y le decían ¡guerrillero! Mi mamá y yo agarramos duro el árbol de mango para no llorar.

 

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Según el informe de la Corporación Jurídica Libertad, ‘Colombia Nunca Más. Extractivismo – Graves violaciones a los derechos humanos’, publicado en el año 2017, “Los principales hechos victimizantes en la zona (Ituango) son el desplazamiento forzado, el asesinato u homicidio (selectivo y masacres), la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales (…). El aumento de desplazamiento forzado se explica, en parte, por la expansión del paramilitarismo: Bloque Mineros en el Norte (…). La presencia de estos grupos hace frecuentes las masacres, los homicidios y las desapariciones forzadas. (…) Las masacres fueron ante todo una estrategia paramilitar para generar no solo terror sino control social y territorial. En el 2006, el Estado fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) por omisión, aquiescencia y colaboración por parte de miembros de la fuerza pública con grupos paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por las masacres de El Aro y La Granja en el municipio de Ituango. Por su parte, el Bloque Mineros, en el proceso de Justicia y Paz, reconoció su responsabilidad en estas masacres”.

Fuente: Sentencia José Higinio Arroyo, Bloque Mineros. 2016

De acuerdo con la sentencia dictada en contra de José Higinio Arroyo Ojeda, durante la masacre de El Aro se perpetraron los siguientes crímenes: homicidio, secuestro extorsivo, tortura, hurtos y desplazamiento forzado. Según el documento “las funestas consecuencias que conllevó (para los habitantes del territorio) desplazarse con sus núcleos familiares (a zonas de resguardo), convirtió a la masacre en un delito de altísimo impacto. Al respecto nótese que la mayoría de los desplazamientos se efectuaron en dos grandes masacres, la de “El Aro”, en octubre de 1997, en la cual se reportó por la Fiscalía 1.472 víctimas de desplazamiento forzado en tanto que, en la masacre del municipio de Peque, acaecida en julio de 2001, se reportó por la Fiscalía alrededor de 3.042 víctimas de desplazamiento, agrupadas en 679 núcleos familiares”.

Según el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política Cinep – Justicia y Paz, en Colombia, durante el año 1997, las víctimas de infracciones graves al DIH, teniendo en cuenta los presuntos responsables, se divide así:

Según el mismo informe, el número de masacres por mes perpetrado durante 1997 fue de la siguiente manera:

De acuerdo con la misma fuente, los responsables de estas masacres se dividen entre ejército (2%), guerrilla (14%) y paramilitares (84%). Así pues, desde 1997, las masacres se convirtieron en un arma de terror, despojo y control social entre las poblaciones campesinas.

De acuerdo con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este es el consolidado de las víctimas directas por las que se ordenó reparar el Estado colombiano.

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Rubén Darío Pinilla mandó a hacer un jugo de guayaba con leche minutos antes de que empezara la entrevista. Ese mismo día había llegado a su apartamento luego de un largo viaje por Europa y sus maletas aún estaban regadas en la habitación como si fueran estorbosas gárgolas con ruedas; desde el primer piso de su apartamento se escuchaba el gentil alegato que sostenía con su equipaje por haberle refundido el buzo que se quería poner esa tarde de junio.

Pinilla fue el presidente de la Sala Penal de Justicia y Paz de Medellín hasta el año 2015 y luego, cuando ejerció fue Magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín desde que se creó esta instancia judicial hasta que renunció, en agosto del año 2017, fue el hombre que libró duras batallas para develar las retorcidas historias que se esconden detrás del paramilitarismo en Antioquia.

Años antes, -en 2013- había sido el magistrado que ordenó, a través de una audiencia de legalización de cargos de varios miembros del Bloque Cacique Nutibara compulsar copias para investigar a Álvaro Uribe Vélez, esa petición fue tumbada por la Corte Suprema de Justicia, pero Pinilla insistió de nuevo, y mediante la Sentencia proferida el 24 de septiembre de 2015 contra varios ex paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, logró compulsar copias contra Álvaro Uribe por estar presuntamente vinculado con promoción, auspicio y apoyo de grupos paramilitares[28].

Pinilla Cogollo aclaró para este reportaje cuáles han sido las etapas procesales de la investigación compulsada en contra de Uribe por lo previamente mencionado: “La decisión original es del 4 de septiembre del 2013. Esa es una decisión en la cual se legalizan cargos del Bloque Cacique Nutibara, y se ordenó expedir copias al presidente Álvaro Uribe por su presunta participación en la promoción y organización de grupos paramilitares. Aunque la legalización de cargos, o la exclusión de los miembros del Bloque Cacique Nutibara fue anulada, la decisión de expedir copias contra Álvaro Uribe siguió y sigue vigente”. De acuerdo con el ex magistrado, las copias que fueron compulsadas por la Sala Penal de Justicia y Paz de Medellín “no se enviaron a la Corte, sino a la Comisión de Acusaciones. Hubo otras que la Fiscalía envió directamente a la Corte, pero las nuestras no”.

Durante su extenso paso por el poder judicial en Antioquia, Pinilla tuvo a su cargo distintos procesos relacionados con violación a los derechos humanos, como el de la masacre de El Aro. 

Cuando encontró el saco, bajó las escaleras de madera en forma de caracol. Pisaba con firmeza cada escalón y su voz era tan fuerte que lograba superar los decibeles histéricos de la licuadora que terminaba de hacer su jugo. Mientras se acercaba a la sala para comenzar la entrevista, dijo: en esta casa tomamos jugo de guayaba dulcecito, ahora verá.

Es un hombre cálido, elegante como un gentleman y alto. Se frotaba las manos, huyendo de la brisita que entraba por la puerta del balcón, se sentó en un sofá de cuero, esperó a que le pusieran el jugo sobre la mesa ratona, justo a su lado y empezó a narrar hechos que le dieron sentido al enigmático rompecabezas que se debía componer para comprender lo que ocurrió antes y durante la masacre de El Aro:

El primer contacto que tuve con los hechos de violencia ocurridos en Ituango, fue en 1997, por las épocas de la masacre (de El Aro). Era un contacto muy tangencial, porque yo trabajaba en la Sala Penal y conocía a Jesús María Valle[29], y recuerdo que me lo encontré en la calle, por Carabobo[30], y me hizo un reclamo: “a mis campesinitos los están matando de rodillas, los están masacrando y el Tribunal no hace nada”. Yo, obviamente, me sentí tocado, pero le dije que nosotros no éramos los que adelantábamos las investigaciones, que nosotros simplemente éramos los que hacíamos los juicios en segunda instancia, y que no teníamos conocimiento de eso. Pero luego, en un evento, en el que coincidencialmente estaba Jesús María, él hizo unas denuncias contra las fuerzas militares por su participación en esos hechos, por la alianza que él veía entre las Fuerzas militares y los paramilitares. Eso fue dos meses antes de que lo mataran.

En cuanto a los hechos de El Aro, debo decir que, en primer lugar, la alianza que hubo entre paramilitares, militares y autoridades civiles es una cuestión que está fuera de toda duda, eso fue un acto coordinado con Estado y ejecutado en asociación con autoridades civiles, fuerza pública y paramilitares. (…) Es claro, que durante el tiempo que duró la masacre, que fueron siete u ocho días, no hubo ninguna acción de las Fuerzas Militares, ni de las autoridades civiles para tratar de contrarrestar la toma paramilitar; obviamente, las autoridades civiles y las Fuerzas Militares estaban enteradas, este dato es crucial: el 26 de octubre había elecciones regionales y el alcalde de Ituango dijo tres días antes de los comicios lo que iba a pasar. Él fue informado de la toma de El Aro, él sabía todo acerca de los paramilitares y de las masacres que estaban ejecutando, y él le informó eso a la Gobernación, y le informó a la IV Brigada. La Gobernación y la IV Brigada estaban enterradas de eso, ¿y quién lo dijo?, el alcalde municipal, no lo están diciendo los ‘paras’, ni nada, lo está diciendo José Milagros López, entonces alcalde de Ituango.

Hay otros dos datos importantes: uno, es imposible que con esos antecedentes que informó el alcalde de Ituango, con la naturaleza de la toma y por el tiempo que duró la masacre, que las autoridades civiles y militares no tuvieran conocimiento de lo que estaba pasando allá, máxime que estábamos en pleno periodo electoral, donde todas las alarmas se prenden, es decir, donde había todo para ayudar a la población. En periodo de elecciones, la información circula con mayor fuerza, porque todos están pendientes de lo que suceda con los puestos electorales. Entonces, por esa constelación de circunstancias, era imposible que las autoridades no conocieran lo que estaba pasando en El Aro. Además, en El Aro también había puesto electoral, era imposible que no supieran que ahí no se podía hacer votación, o que las votaciones estaban en peligro, y era imposible que la Guardia Nacional no lo supiera.

Segundo, cuando ellos (los paramilitares) terminaron la masacre, empezaron a recoger cabezas de ganado, sacaron 1.200 cabezas de ganado, y las bajaron a Puerto Valdivia, en plena troncal, con los campesinos arriándolas, porque pusieron a los campesinos a arriar; es inverosímil que esa cantidad exorbitante de cabezas de ganado haya pasado desapercibida, no eran diez, ni veinte, eran muchos camiones cargando ganado en Puerto Valdivia, en la troncal, en época electoral; no es creíble que las autoridades militares y las autoridades de Puerto Valdivia no se enteraran de eso.

Otro dato que me parece curioso: ese día que ellos salieron (de El Aro) a Puerto Valdivia con las cabezas de ganado, ya había pasado la fecha de elecciones, pero en esa zona decretaron toque de queda. ¿Para qué? Si los paramilitares ya estaban saliendo de la troncal con todas las cabezas de ganado, ¿por qué la policía y los militares pidieron toque de queda? Simple, era un toque de queda para que pudieran cargar y transportar libremente el ganado.

Una de las políticas más claras de los paramilitares era sembrar terror en la población civil, aterrorizarla con los métodos más inhumanos, como parte de esa política contra insurgente. Muchas de esas cosas están justificadas en una política de terror que tenía un sentido, una finalidad, y ese objetivo está ligado a la Doctrina de la Seguridad Nacional, que no es otra cosa más que el fenómeno paramilitar.

La Seguridad Nacional tiene tres pilares: uno, identificar al disidente, al opositor, al que piensa distinto, como socialista, que tiene ideas socialistas, ideas comunistas, es decir, el que representa un peligro para la ideología establecida; si el individuo es así, entonces es un enemigo y hay que tratarlo como enemigo, y con el enemigo es posible llegar hasta el extremo, y como este mundo se divide entre amigos y enemigos, fuerzas de la democracia y fuerzas del comunismo, entonces, a esos otros hay que aniquilarlos, según la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Dos, la guerra no es solamente de los ejércitos, ni de las instituciones, está el objetivo de involucrar y ganarse a la población civil para que participe en ese combate, eso explica toda la historia de las Convivir. Y tres, el eje de la Seguridad Nacional es que el enemigo no es solamente el que está armado, sino también el civil, el particular, que por su forma de pensar puede servir de aliado al enemigo. El objetivo no es solo los que están armados, sino también los civiles desarmados que piensan diferente.

La masacre de El Aro fue un eslabón en la larga cadena de crímenes ejecutados por el paramilitarismo entre 1997 y 1999. Esta saga de asesinatos selectivos en contra de población civil, defensores de derechos humanos y del medio ambiente tuvo como uno de sus primeros capítulos el asesinato de Elsa Alvarado y Mario Calderón, ambos activistas del Cinep[31], quienes fueron asesinados en su propio apartamento, ubicado en Bogotá, la madrugada del 19 de mayo de 1997; luego, entre octubre y noviembre de ese mismo año se cometieron las masacres de El Aro y de Dabeiba, ambas en Antioquia.

En febrero de 1998, tras haber denunciado las masacres que se estaban desarrollando en Ituango, fue asesinado en su propia oficina, en Medellín, Jesús María Valle Jaramillo; y en una operación muy similar, en abril de ese mismo año, mataron a Eduardo Umaña Mendoza[32]. Esta lista de crímenes también se conecta con el asesinato de Jaime Garzón Forero, ocurrido en agosto de 1999.

Imagen realizada por Héctor José Castillo.

Según la fuente reservada mencionada anteriormente, este escenario de horror obedecía al radicalismo de la Seguridad Nacional, y a un plan liderado por actores políticos y líderes paramilitares del país. Este proyecto de asesinatos selectivos hizo parte de un “ataque de sistema contrainsurgente” diseñado por la comisión de ‘Los Notables’, un grupo de seis destacados políticos e industriales de Colombia, que funcionó como el cerebro del paramilitarismo durante los años noventa.

El exmagistrado Pinilla asegura que era una comisión asesora, funcionaban como el cuerpo de consulta de (Carlos) Castaño, pero también eran los que, en un momento determinado, decían si una cosa se hacía o no. Cuando había una misión gruesa, manejaban todo el proceso de consulta, eso es lo que establecí en la investigación. Lo cierto es que había un grupo de personas de ascendencia de la sociedad, que tenía una función consultiva y asesora dentro de esa organización y, en determinados casos, para aprobar o desaprobar.

Con esfuerzo y algo de orgullo, Pinilla logra recordar entre dientes cinco de los seis nombres de los individuos que habrían conformado la Comisión de Notables:

(…) La comisión estaba conformada por Rodrigo García Caicedo, un prestante ganadero de Córdoba, José Miguel Narváez, Pedro Juan Moreno, Monseñor Isaías Duarte, y Jorge Visbal Martelo.

De acuerdo con otra fuente confidencial, José Miguel Narváez, entonces subdirector del DAS, influenciaba fuertemente a Castaño para que ejecutara operaciones contrainsurgentes y así fortalecer la Doctrina de la Seguridad Nacional y lograr el control de territorios por parte del paramilitarismo.

En una declaración rendida ante la Fiscalía General de la Nación[33], Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, reveló que, desde comienzos de la década de los años noventa, Narváez “llegaba con informaciones, llegaba con libros y se sentaba con CARLOS (Castaño) a hablar”.

La estrecha relación que había entre Visbal, Narváez y Castaño queda evidenciada en la resolución de detención preventiva por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación del 28 de junio de 2010. Allí se reproduce el segundo párrafo de una carta que fue enviada por Carlos Castaño a Salvatore Mancuso:

También, en grabaciones a las que esta investigación tuvo acceso, Iván Roberto Duque Gaviria, más conocido en el paramilitarismo como ‘Ernesto Báez’, afirma que Visbal y Narváez visitaban frecuentemente campamentos paramilitares:

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Le dicen ‘el Flaco’, es tímido, tiene un bigote pintoresco – casi calcado de las dos ramas de pelos escuálidos que siempre estuvieron sobre los labios de Cantinflas -; fue miembro del Frente 18 de las Farc EP desde comienzos de los años 90, su barriga pronunciada es el antónimo del apodo que recibió de sus amigos farianos; es amable y su acento proveniente del profundo Córdoba es – además del Acuerdo de Paz firmado en el año 2016-, su orgullo más grande.

El primer encuentro con Elmer Arrieta, este es su nombre de pila, fue en el Jardín Botánico de Medellín. En medio de la multitud de extranjeros, la figura paciente del ex combatiente de uno de los frentes guerrilleros más feroces de la extinta guerrilla de las Farc EP, espera en la puerta de uno de los salones del lugar. A su alrededor, un esquema de seguridad compuesto por cuatro hombres protege con recelo la vida de quien -en ese momento-, es candidato a la Asamblea Departamental de Antioquia de Medellín por el nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). 

Se sienta en un rincón, pide un café, mira alrededor con algo de angustia, remoja la garganta con el negro azabache del café expreso y empieza a narrar los años en los que -mientras era guerrillero-, los paramilitares empezaron a instalarse en el norte de Antioquia:

Fueron años muy difíciles, llegábamos a veredas, a corregimientos, a pueblos, y uno se ponía las manos en el corazón y pensaba: – ¿Dios dónde estaba en ese momento? ¿Dónde estaba Dios cuando arrasaron con este pueblo, donde asesinaron mujeres en embarazo? En esos lugares nunca se tuvo compasión con los niños, y uno llegaba y veía dos, tres, cuatro niños tirados en el piso. Y uno se encontraba con ancianos de 85 o 90 años asesinados, asesinan a las personas que no son capaces de combatir’, pensaba uno.

En Ituango sucedía una cosa muy particular, porque seguramente en otras partes del país lo hacían con otro propósito. Pero en Ituango, el objetivo de la violencia era la implementación y construcción de Hidroituango. A medida que la gente se pronunciaba o se expresaba frente a que el territorio no estaba preparado para una represa, y que cortarle la columna vertebral a uno de los ríos más importantes de Colombia era una locura, entonces optaron por convencer a la gente por la vía armada. Y empezaron los asesinatos selectivos, se dieron asesinatos, cuestiones de terror colectivo.

Ahí fue cuando comenzaron a poner en práctica el tema de las masacres, y de la quema de veredas completas; llegaban a una vereda y donde estaba el caserío, entonces le iban metiendo fuego para que la gente se desmoralizara y se fuera para las grandes ciudades. Eso iba abonando a que, por un lado, fueran dándoles espacio de trabajo a los paramilitares, y por el otro, para que, si se iban 10, 15, 20, 100 familias, eran 100 familias menos que iban a negociar con la empresa; eso se daba para beneficios directamente del megaproyecto.

Las comunidades están de acuerdo en que ese tipo de ataques eran perpetrados por la misma empresa con estos grupos paramilitares. Cuando Uribe llegó a la Gobernación, la guerra se recrudeció, porque aumentó la violencia, las muertes selectivas y colectivas. Todo era mucho más arbitrario; esa conexión y esa complicidad entre paramilitarismo y fuerza pública se empezó a dar de una forma descarada; porque, anteriormente, se daba, pero de manera más clandestina, más disimulada. Pero cuando Uribe tomó el poder, pasó un año, y ya tranquilamente el Ejército estaba a una hora de diferencia de los paras; muchas veces se veía la base así: paramilitares a la derecha y militares a la izquierda.

Pero esa alianza entre paras e instituciones públicas, y el interés por los megaproyectos, fue el comienzo de mucha tragedia. Todo eso le rompe a uno el corazón, porque la gente de El Aro era muy soñadora, les gustaba soñar mucho, tenían buenas perspectivas, ellos en esa época soñaban con la carretera, y no la tuvieron, no sé ahora si la habrán metido.

Recuerdo que el señor de la tienda, Aurelio, siempre que llegábamos, nos atendía lo más de bien, pero luego intenté volver y eso ya era un cementerio. Había muy poquita gente, la gente desmotivada, desilusionada, vivos, pero sin ganas de seguir viviendo, porque lo que sucedió con El Aro fue muy horrible.

De acuerdo con diferentes testimonios de campesinos de El Aro y La Granja, cuando se inauguró la Hidroeléctrica El Pescadero S.A., en 1997, empresa ejecutora de la hidroeléctrica ‘Pescadero Ituango’, los ingenieros del proyecto tuvieron que darles dinero a los frentes paramilitares, para que protegieran el megaproyecto del accionar de la insurgencia, y a la guerrilla, para que no atentaran en contra de la obra. Así comenzaría uno de los proyectos que sacudió y partió en dos la historia del norte de Antioquia.

Según el reportaje publicado en la base de datos de Consejo de Redacción ‘Tierra de Resistentes’, titulado ‘El territorio indígena que ahogó la poderosa Hidroituango’, “el río Cauca viajaba desde su nacimiento en las alturas del páramo de Sotará, entre los departamentos de Cauca y Huila, 1.076 kilómetros por las cordilleras Central y Occidental de los Andes hasta el corregimiento de Orobajo, del municipio de Sabanalarga, en Antioquia, para dar sustento a sus hijos”.

De acuerdo con Arrieta – información que corrobora el líder campesino de Ituango Simón de Jesús Franco -, los territorios que tenían interacción directa con el proyecto estaban destinados a convertirse en piezas que potencializarían el impacto y funcionamiento del megaproyecto. Como parte de él, Franco añade que “en El Aro iban a construir una represa pequeña a la que iban a llamar ‘El Espíritu Santo’, por eso necesitaban desaparecer ese pueblo”.

Un documento publicado por la Revista Mundo Eléctrico[34] incluye una tabla sobre la “Influencia directa local” de la megaobra, según la cual, El Aro tiene “interacción con el proyecto” tanto por el embalse como por las vías de acceso.

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De acuerdo con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para 1997, “El Aro se consideraba una zona de influencia guerrillera, debido a que “El Nudo de Paramillo” queda ahí, que es la unión de tres cordilleras, desde donde se puede desplazar a diferentes lugares. La zona es un punto estratégico de tránsito de cuatro grupos: el Ejército, la policía, los paramilitares y la guerrilla”.

Para esa época, el interés de los líderes de los grupos paramilitares por aprovechar las rutas que conectaban el Nudo de Paramillo con las zonas de Sucre, Córdoba, mar Caribe y Montes de María a través de mecanismos de violencia, se debía al “objetivo de la expansión hacia los aludidos territorios (Bajo Cauca), municipios de Ituango y Peque, dominados preponderantemente por el Bloque José María Córdova de las FARC, no era otro que el de obtener control sobre el Nudo del Paramillo, principal corredor del noroccidente del país para las actividades del narcotráfico, no sólo por su condición geográfica que favorecía el cultivo de plantas de coca, sino por la facilidad para instalar laboratorios de procesamiento y establecer rutas seguras para extraer los estupefacientes hacia el exterior”[35].

Lo anterior también está conectado con el Tratado de Interdicción Marítima, que el entonces presidente Ernesto Samper firmó con el gobierno de los Estados Unidos en febrero de 1997, “por el cual se promulga el acuerdo entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos de América, para suprimir el tráfico ilícito por mar”.

Según el mismo Samper, en su artículo titulado ‘Prohibición o legalización – la economía de las drogas – una nueva visión’, “cuando se concentra la interdicción en una zona marítima o terrestre, el mercado (de estupefacientes) encuentra nuevas rutas alternativas con asombrosa eficiencia. Así sucedió cuando la fuerte interceptación marítima ejercida sobre el Caribe a finales de la década de los 90 desplazó las rutas hacia México desde donde hoy se están moviendo hacia Guatemala, Honduras y el Salvador, a medida que avanza la represión en el norte de la península azteca”.

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21 años después de la masacre, a los habitantes de El Aro les fue otorgada la titulación de sus respectivos bienes inmuebles. Varios de ellos volvieron al pueblo a recomponer su lazo con el territorio, a revivir su tejido con el pasado. Pero personas como Martha consideran que esa titulación, que fue otorgada por la alcaldía de Ituango en el año 2017, es injusta, debido a que “nos prometieron las escrituras, pero me dieron la titularidad de una casa a la que no le puedo dar uso de nada durante diez años, eso es mucho tiempo. Nos prometieron unas escrituras y nos dieron unas titulaciones que no sirven para nada”.

La mamá de Martha había comprado la casa en 1967 a uno de sus primos, en seis mil pesos. Cincuenta años después de haberla negociado, el único registro de propiedad que Martha tiene sobre la vivienda familiar es una carta escrita a mano (páginas uno y dos). En 2017, cuando la alcaldía del municipio hizo todo el proceso de titulación con los habitantes, a Martha le cambiaron la carta de propiedad de su mamá por unos documentos (1, 2, 3, 4, 5 y 6) poco entendibles y que ella considera arbitrarios, pero que Mayra García, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali y experta en procesos de restitución de tierras, explica:     

Las escrituras son  una propiedad de origen privado, es decir,  fue de un titular y la vendieron, pero cuando se habla de titulación, quiere decir que es un predio del Estado, que eso fue lo que pasó en El Aro.

Cuando es un territorio colectivo también se llama titulación, lo cierto es que hay títulos legítimos, pero siempre que haya titulación, el documento es un equivalente a una escritura. Pero ¿qué es lo que pasa con las escrituras? que se generan por medio de una escritura pública cuando es de origen privado, en cambio, en la titulación, no se encuentra una escritura pública sino una resolución de la gobernación o de la alcaldía donde se encuentra el territorio.

¿Por qué los habitantes de El Aro no tienen escrituras de los predios donde tienen sus casas? porque tienen una resolución. Para evaluar los tipos de predios se debe tener en cuenta la naturaleza jurídica de cada terreno, es decir, si el predio es de naturaleza pública se puede hacer una resolución y se dará la titulación, eso fue lo que pasó.

El documento que le fue asignado a la señora Martha Posso, así como al resto de los habitantes de El Aro es un bien fiscal, ese bien le pertenecía al municipio, el municipio constató unos requerimientos que ellos mismos habían establecido; en este momento lo que hay en esos terrenos es una sesión, es la alcaldía les prestara el predio con opción de compra, pero ellos no lo van a comprar porque ya lo tienen, y ellos van a ser propietarios definitivamente cuando pasen los diez años de condición estipulados en el documento y cumplan los requerimientos.

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Habían pasado menos de cinco meses desde la masacre en El Aro. Era viernes, 27 de febrero de 1998. Jesús María Valle, entonces abogado y líder del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia, denunciaba ante los organismos de control del departamento los hechos violentos de Ituango[36].

Valle Jaramillo había estado recopilando las pruebas con las que buscaba demostrar el vínculo que los grupos paramilitares de Córdoba y Sucre tenían con miembros de la fuerza pública. Según el abogado, bajo la mirada omisiva del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, se facilitó la incursión paramilitar a los corregimientos de Ituango.

Era mediodía; Nelly, la hermana de Jesús María, quien trabajaba como secretaria en su despacho, había salido a almorzar mientras él decidió quedarse en la oficina revisando papeles relacionados con esas masacres.

En julio de 1997, meses después del comienzo de las investigaciones de Valle Jaramillo, al despacho del comandante de la Cuarta Brigada, Carlos Alberto Ospina, llegó una carta,  sin remitente -a la que este reportaje logró acceder -. En el documento, los emisarios manifiestan ante el comandante que se sienten “indignados por las informaciones que ha venido difundiendo en todos los medios de comunicación el señor Jesús María Valle Jaramillo”.

Y así empezaría el ciclo de amenazas y persecuciones que el paramilitarismo emprendió en contra de uno de los defensores de derechos humanos con mayor influencia en la región antioqueña.

Juan Guillermo Valle, sobrino de Jesús María, recuerda que su tío fue señalado por el Ejército como auxiliar de la guerrilla. Por esa época (1997) empezaron los señalamientos por parte del ejército y de la policía en contra de él; los medios de comunicación no favorecieron mucho, más bien fueron colaboradores, y luego de que empezaran los señalamientos en contra de Jesús, se desaparecieron las pruebas que él presentaba en contra de las autoridades militares y de las autoridades policiales como auxiliadores de fuerzas armadas ilegales.

Frente al tema de las masacres, Jesús María no se empezó a dar cuenta de eso de un día para otro, porque eso en Ituango es un tema de vieja data, eso era algo que Jesús María y su equipo, conformado por distintos defensores de derechos humanos de Antioquia, lo sabían y tenían identificado.

De Jesús recuerdo su entrega al trabajo desde que tengo uso de razón. Recuerdo siempre su entrega permanente por la defensa de los derechos humanos, por la defensa de los derechos de los campesinos de Ituango, eso es algo que nunca voy a olvidar, era una persona que trataba por igual a todo mundo, él servía por igual a pobres, ricos, soldados, policías, a cuanta persona solicitaba su ayuda.

Cuando lo empezaron a amenazar, él pensaba permanentemente en la vida de su familia, en sus sobrinos y en sus hermanos. Para él, su vida entera era su familia, y él soñaba con que su familia saliera adelante, que se formara, y ayudaba mucho, siempre ayudaba con todo el mundo, trataba de que todos nosotros saliéramos adelante, siempre luchando y trabajaba para sacar adelante su familia.

Era una persona alegre, pero al mismo tiempo muy serio en su trabajo, era una persona seria, pero al mismo tiempo, era afable con su equipo. Todas las misiones, todos los obstáculos a los que se tuvo que enfrentar para defender los derechos de las personas más vulnerables en Antioquia, lo hizo con toda la altura y con toda la entereza.

20 días antes de su asesinato, -el seis de febrero de 1998-, Jesús María Valle se presentó ante la Fiscalía Delegada de Jueces Regionales a cumplir con una diligencia de declaración, debido a una denuncia que le interpusieron miembros de la Cuarta Brigada por calumnia, por las investigaciones que él adelantaba. En la diligencia, Valle Jaramillo hizo fuertes afirmaciones: 

Yo siempre vi, y así lo reflexioné que había como un tácito, o como un ostensible comportamiento omisivo hábilmente urdido entre el Comandante de la Cuarta Brigada, Comandante de la Policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez[37], Pedro Juan Moreno[38] y Carlos Castaño.

Por el comportamiento omisivo de Álvaro Uribe y de Pedro Juan Moreno entendía que había una alianza macabra en estos tres años, que su pretexto de acabar a la guerrilla ha fortalecido el tráfico de drogas[39]. 

La fuerza que ha tenido el grupo paramilitar en Ituango tiene un ostensible apoyo en el tráfico de estupefacientes[40].

La tarde del 27 de febrero, Valle se había reunido con Carlos Jaramillo, un contacto que tenía en Ituango, y quien le estaba ayudando a reunir las pruebas necesarias para los casos relacionados con las masacres de Ituango.

Luego del almuerzo, con la modorra densa del mediodía antioqueño, Nelly volvió a la oficina, ubicada a pocas cuadras del Parque Berrío, justo al frente del Banco Popular, un lugar fuertemente custodiado por la policía. Saludó al portero, tomó el ascensor y llegó hasta la entrada del despacho, donde se encontró de frente a dos hombres de mirada penetrante y con maletas en sus manos, parados justo debajo del marco de la puerta que conducía a la oficina de su hermano.

Los hombres se identificaron como miembros de la guerrilla. Cuando ella abrió la puerta, se le se adelantaron, la empujaron hacia una esquina, mientras a Carlos Jaramillo, el amigo de Jesús María que había llegado de visita, lo agarraron de su chaqueta y lo llevaron a la fuerza para otra habitación.

Nelly rezaba en susurro y nunca les quitó la mirada a los hombres. Jesús María estaba en un rincón de su oficina, sudando, respiraba profundo, cerraba los ojos y aplastaba con fuerza sus manos contra el piso. De pronto, una mujer llegó repentinamente al lugar, le quitó los cordones de los zapatos, le amarró los brazos y las piernas, y cuando escuchó el clic de la pistola que se preparaba para dispararle, miró a la hermana con los ojos desorbitados y le dijo:  Tranquila, Nelly, ya estamos aquí.

Lo pusieron boca abajo, apretaron su cara contra el piso, le apuntaron a la cabeza con el arma dotada con silenciador. Luego, sonaron dos tiros secos y Valle cayó fulminado.

Aunque en Ituango la guerra ha continuado, El Aro quedó detenido en el tiempo, como si fuera un Atlantis selvático, cubierto por los árboles salvajes que – durante décadas – sirvieron de pared camaleónica para que guerrilleros y paramilitares se pudieran esconder de los enemigos. Para Miladis, volver a El Aro es recordar que “los paramilitares enloquecieron a mis perros, me mataron a mi hermanito y nos hicieron sufrir mucho. No hay muchos motivos para ir”.

Pero Martha logró vencer el miedo. Todos los meses viaja hasta El Aro, hace sancocho con sus vecinos y con los hijos de sus vecinos, toma aguardiente en los kioscos y cuando el sol poniente está camuflándose entre las montañas del Bajo Cauca, Martha sube a una loma y le toma fotos al atardecer. “Lo hago para agradecerle a Dios que pude llegar hasta mi pueblo, lo hago porque es muy lindo que, a pesar de las tragedias, en El Aro todavía haya niños lo más de alegres; los atardeceres en El Aro son muy lindos, los miro y se me olvida lo que pasó y así puedo seguir viniendo a mi pueblo tranquila”.

Y mientras las nuevas generaciones que viven en El Aro crecen con las herencias de los recuerdos crípticos de la muerte y el dolor, en algún lugar del Bajo Cauca está presente el alma diáfana de Jesús María Valle y de las quince personas que fueron asesinadas en la masacre de El Aro, esperando a que sus ríos dejen de ser cementerios de agua, a que sus montañas dejen de servir como el pasadizo de crímenes secretos y a que quienes planearon sus muertes queden expuestos – algún día – ante la luz del sol poniente.

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[1]  Sentencia del proceso no priorizado. Grupo: Bloque Mineros A.U.C. Postulados: José Higinio Arroyo Ojeda. Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz. Magistrada ponente: María Consuelo Rincón Jaramillo. Medellín, 28 de abril de 2016. Página, 780.

[2] Sentencia del 1 de julio de 2006. Caso de las Masacres de Ituango VS. Colombia.

[3] La Violencia fue un período de confrontación política transcurrido a mediados del siglo XX, que se caracterizó por agresiones y asesinatos especialmente sanguinarios, protagonizados por seguidores de los partidos Liberal y Conservador que, oficialmente, nunca declararon una guerra civil.

[4] Francisco Enrique Villalba Hernández, alias ‘Cristian Barreto’, fue condenado junto a Carlos Castaño y Salvatore Mancuso por los hechos conocidos como la masacre de El Aro. Entró a cumplir 33 años y 4 meses de prisión tras entregarse a la justicia el 13 de febrero de 1998. Después de ofrecer testimonio ante la Fiscalía General de la Nación, fue asesinado el 23 de abril del 2009.

[5] Denominación de los habitantes de la región para la zona donde está ubicado El Aro.

[6] Comandante paramilitar bajo cuyo mando incursionaron 150 hombres armados en El Aro.

[7] Isaías Montes Hernández, también apodado con el alias de ‘Mauricio’.

[8]Declaración rendida por él, el 15 de mayo del año 2008. Insertada en el Cuaderno Original No. 24 del expediente judicial sobre el asesinato de Jaime Garzón Forero.

[9] Máximo líder de las AUC, responsable de decenas de masacres y varios magnicidios. Desaparecido en 2004 y dado por muerto en 2006, tras encontrar lo que serían sus restos en una finca cercana a Santa fe de Antioquia.

[10] Finca que servía como base de operaciones para los grupos paramilitares y donde aparentemente fueron ocultados los restos mortales de Carlos Castaño.

[11] Traducido del Embera Catío “Carepa”.

[12] Alude al empresario Santiago Uribe Vélez y al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

[13] Alfonso Manosalva Flórez, quien llegaría a ser Brigadier General.

[14] Declaración rendida por él, el 15 de mayo del año 2008. Insertada en el Cuaderno Original No. 24 del expediente judicial sobre el asesinato de Jaime Garzón Forero.

[15] Uno de los siete corregimientos del municipio de Yarumal, Antioquia.

[16] Ejército Popular de Liberación.

[17] Zonas de tránsito de los distintos grupos armados por los territorios.

[18] Ejército de Liberación Nacional.

[19] Metal líquido altamente contaminante usado en minería para extraer el oro de las piedras, formando una amalgama que facilita su separación de la roca.

[20] Acrónimo de ‘Perseguidos por Pablo Escobar’. Fue un grupo de narcotraficantes y paramilitares, que fueron socios de Pablo Escobar, que se aliaron provocando una poderosa guerra urbana que terminó con la muerte del capo.

[21] Muerte a Secuestradores, primer grupo paramilitar financiado por el narcotráfico en Colombia.

[22] Carlos Mario Jiménez Naranjo. Líder del Bloque Central Bolívar de las AUC. Fue extraditado a Estados Unidos durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Cumplidos 11 años de prisión, fue devuelto a Colombia.

[23] Rodrigo Pérez Alzate. Ex líder del Bloque Central Bolívar de las AUC. La sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá lo condenó a ocho años de prisión, siendo esta la máxima sentencia permitida por la Ley 975 de 2005. Quedó en libertad en el año 2015.

[24] Vereda del municipio de Ituango.

[25] Vereda ubicada en Valdivia, Antioquia.

[26] Tomado textual de la declaración rendida ante el ente el 15 de mayo del año 2008. Insertada en el Cuaderno Original No. 24 del expediente judicial sobre el asesinato de Jaime Garzón Forero.

[27] Declaración rendida ante el ente el 27 de febrero del año 2008. Insertada en el Cuaderno Original No. 24 del expediente judicial Jaime Garzón Forero.

[28] De acuerdo con un informe periodístico publicado en el año 2014 por Noticias Uno, “Dado que (Uribe) se posesionó como congresista desde el 20 de julio del 2014, la ley obliga a que (el caso) llegue a la Corte Suprema de Justicia, y la corte debe investigar y juzgar en única instancia”. Sin embargo, en el mismo informe se indica que a la fecha no estaba clara la “la competencia de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Comisión de Acusación, porque (Álvaro) Uribe fue ciudadano sin fuero, presidente y senador”. Actualmente, el proceso continúa en manos de la CSJ, en espera del fallo.

[29] Defensor de derechos humanos.

[30] Vía ubicada en Medellín.

[31] Centro de Investigación y Educación Popular

[32] Profesor, abogado y defensor de los derechos humanos, asesinado en 1998. Aun siendo ampliamente documentado, el caso sigue en la impunidad.

[33] Del 27 de agosto del 2009 11:19am. (Bajo radicado 2009082711190301)

[34] No. 79. Capítulo 5. La magia de la transformación.

[35] Sentencia expedida en año 2016 contra José Higinio Arroyo. Tribunal Superior de Medellín. Sala de Justicia y Paz. Magistrada ponente: María Consuelo Rincón Jaramillo.

[36] Luego de que el periódico El Espectador publicara el artículo ‘Carlos Castaño y Salvatore Mancuso condecoraron a paramilitares por masacre de El Aro’, en el que se hacía referencia a declaraciones rendidas por Francisco Enrique Villalba Hernández; el senador Álvaro Uribe reaccionó ante el mencionado documento con una carta publicada por el mismo medio de comunicación: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/alvaro-uribe-velez-se-refiere-masacre-de-el-aro-articulo-635870

[37] Entonces gobernador de Antioquia.

[38] Secretario de la gobernación de Antioquia (1995-1997).

[39] El 6 de febrero del 2018 la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín compulsó copias ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue al ex presidente Álvaro Uribe por su presunta participación en el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo. El mismo día, como senador de la República, Uribe reaccionó a través de su cuenta de Twitter: “(Otros hackers como siempre en elecciones). El Tribunal de Antioquia pide que me investiguen por la masacre del Aro y por el asesinato de Jesús María Valle. Llevan miles de folios en esas investigaciones, toda clase de presiones en mi contra, nada creíble que me comprometa”. Ver tuit completo: https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/960932209996763136?s=20.

[40] Diligencia de declaración a Jesús María Valle. 6 de febrero de 1998.

Esta investigación hace parte del especial periodístico ‘Conflicto y corrupción, tres historias con sello CdR’, realizado bajo el proyecto ‘Becas CdR’ de Consejo de Redacción.