La historia de victimización de las poblaciones del Pacífico caucano y vallecaucano empezó hace más de cuarenta años y, pese a estar atravesada por dos procesos de desmovilización, no se detiene ni parece acercarse a una conclusión en el futuro cercano. En los años 80 entraron a Buenaventura las Farc y a los tres municipios de la costa caucana el Eln. Entre 2000 y 2004, el arribo paramilitar llenó la zona de un horror que aún tiene ecos en el territorio y que, tras la desarticulación de las Auc, la región quedó ocupada por bandas criminales, que sobreviven hasta hoy. Así lo relatan la Defensoría del Pueblo, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad.
Por estos antecedentes se consolidó la Circunscripción Transitoria Especial de Paz número nueve, integrada por los municipios de Buenaventura, López de Micay, Timbiquí y Guapi. Un representante de sus víctimas llegará este año a la Cámara de Representantes.
Entre los aspirantes, el protagonista del momento es Néstor Segundo Hurtado, a raíz de las sospechas de contar con un respaldo político cuestionable. Como aseguró La Silla Vacía, tras este administrador de profesión, inscrito en la carrera por la curul de paz a través de la Fundación para el Desarrollo Alternativo Ambiental Turístico, estaría la sombra de Juan Carlos Martínez Sinisterra, exsenador condenado por parapolítica.
Pero al margen de las triquiñuelas políticas, las mayores amenazas para las elecciones en esta circunscripción, la cuarta entre las dieciséis con mayor cantidad de Consejos Comunitarios, están en el orden público y la violencia sostenida por antiguas y nuevas estructuras criminales. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), los cuatro municipios del Pacífico Medio tienen riesgo electoral asociado a la violencia. Además, López de Micay está en riesgo alto de fraude electoral.
Sin duda, la situación más alarmante del territorio se encuentra en Buenaventura, el municipio con el mayor número de habitantes en la circunscripción, cuyo riesgo electoral es extremo. Según la Defensoría del Pueblo, en el municipio costero del Valle del Cauca fueron asesinados tres líderes sociales en 2021. A finales del pasado enero, a menos de dos meses de las elecciones a Congreso, la institución reportaba el desplazamiento forzado de 704 familias hacia la capital del departamento. Entre ellas, 11 estaban compuestas por indígenas wounaan y 60 salieron expulsadas del Consejo Comunitario del Bajo Calima.
Según Héctor Fabio Gómez Cuama, miembro del Consejo Comunitario del río Mayorquín, las disputas territoriales entre los grupos armados son constantes en el municipio y ocurren indistintamente en la ruralidad y la zona urbana. Además, hay una persecución constante con amenaza y desaparición de líderes y lideresas.
Entre las estructuras armadas de la zona emergen como protagonistas las fracciones resultantes de la extinta banda “La Local”, documentadas por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Junto a ellas hacen presencia en el municipio el Eln y la columna Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, grupos que intercambian fuego y hostilidades con la fuerza pública.
Al consultar con Gómez sobre el ambiente previo a las elecciones del 13 de marzo en Buenaventura, contestó: “No hay garantías, dada la situación de recrudecimiento del conflicto. Una gran cantidad de población se ha desplazado de los territorios y perderán el derecho a elegir”. Una conclusión que parece extendida a los demás municipios de la circunscripción tras los recientes desplazamientos forzados en Guapi, los homicidios en Timbiquí y los actores armados en López de Micay.