En el Pueblo de la Memoria Histórica, ubicado en la vereda Agualinda en El Carmen de Atrato, en Chocó, los pobladores carecen de títulos de propiedad de sus parcelas. Se asentaron allí hace 27 años como una estrategia de resistencia contra la guerra, pero a pesar de sus peticiones para ser propietarios y lograr mayor estabilidad económica no han logrado que las autoridades agrarias las resuelvan.
El proceso lo comenzaron 80 familias, que vieron una oportunidad de vivir y explotar un predio de cinco hectáreas de la vereda Agualinda y que luego lo convirtieron en un refugio pacífico para protegerse de la violencia generada por el intenso conflicto armado que azotaba la región. En sus alrededores chocaban las guerrillas del ELN y una de sus disidencias, conocida como Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), además de las antiguas Farc, grupos paramilitares y el Ejército Nacional.
Las viviendas y sus pequeñas parcelas rodean la derruida sede del antiguo hospital para enfermos de tuberculosis que se inauguró en 1952 y fue abandonado a comienzos de la década de los años ochenta. Varias de las familias se instalaron en esa edificación al carecer de recursos económicos para vivir en otro lugar.
80 familias iniciaron el proceso de asentamiento en la vereda Agualinda hace 27 años. Ese es el mismo tiempo que llevan esperando la titulación de predios pero enfrentan un problema: están ubicados en una zona de reserva forestal como el resto del municipio. Fotografía: Vivianey Balvin.
La inquietud ronda a los pobladores del Pueblo de la Memoria Histórica, agricultores en su gran mayoría, y cuyas familias ya suman 200, según la Organización Campesina y Caficultora de El Carmen de Atrato (Occca). Ellos consideran que la falta de escrituras amenaza su estabilidad, obstaculiza sus oportunidades de desarrollo y genera incertidumbre.
En más de dos décadas, las peticiones de los labriegos no han tenido eco en el Estado. Por lo menos seis gobiernos han pasado por la Casa de Nariño desde que se asentaron en aquel lugar y no los han tenido en cuenta. Su esperanza es que ahora sí sean escuchados por el actual Gobierno, que ha prometido una profunda reforma agraria para beneficiar a los campesinos más pobres y sin tierra.
Unidos para resistir
La historia de este pueblo se remonta a 1996, cuando 80 familias campesinas decidieron establecerse en la vereda Agualinda e iniciar un movimiento de resistencia pacífica para hacerle frente al conflicto armado. Un año atrás, habían constituido la Organización Campesina y Caficultora de El Carmen de Atrato (Occca), bajo el liderazgo de Froilán Zapata Cardona.
Tres años después, y luego de varias gestiones ante las autoridades, en 1999 obtuvieron el comodato del antiguo sanatorio de tuberculosis, convirtiéndolo en el lugar de encuentro de la comunidad, también organizaron la capilla y adecuaron el convento como sitio de reuniones y de trabajo. Próximamente será inaugurado como museo del Pueblo de la Memoria Histórica De acuerdo con el informe Memorias que germinan, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), las familias campesinas resistentes “impulsaron proyectos productivos y sostenibles como los trapiches de caña y el cultivo de café”.
De hecho, con mucho esfuerzo lograron sacar adelante su propia marca del grano: Café El Señor de la Tierra. Una taza de su bebida contiene, según los labriegos, “una lista de reclamos, luchas, sueños, ilusiones y esperanzas de que un día sea camino de prosperidad y dignidad”.
Pero a este proceso de resistencia le falta dar un paso más para su fortalecimiento: adquirir la propiedad de la tierra que habitan y trabajan de manera legítima. Sin embargo, el camino transitado para lograr ese propósito está lleno de obstáculos.
De acuerdo con Zapata, líder de la Occca, las irregularidades y ambigüedades en este proceso, sumadas a la burocracia y la falta de recursos, han generado una situación de incertidumbre jurídica que pone en riesgo la permanencia de la comunidad del Pueblo de la Memoria Histórica, pues sus habitantes están imposibilitados para adquirir créditos personales para mejorar sus viviendas y sus unidades productivas.
Ese drama, por ejemplo, lo vive Luis Adolfo Muñoz, un campesino de 73 años de edad, quien está desde el comienzo del proceso de resistencia en este caserío. Llegó a aquel lugar procedente de la vereda Guaduas, en El Carmen de Atrato. “Fui víctima en 1987, nos desplazaron y llegamos a llevar del arrume acá”, recuerda.
En esa situación de desarraigo, el labriego se unió a la Occca y junto con las demás familias se dedicó a trabajar para reconstruir su vida en las tierras que rodean el sanatorio, pero el deterioro de su salud y las demoras del Estado para resolver la titulación lo llevó a vivir en una de las habitaciones del lazareto.
“Tengo un problema, vea el solarcito, lo arropa una cañería, porque son lagunas muy hondas y tengo que hacer unas cañerías para hacer un filtro, y vaya a ver si hay con qué comprar el filtro, esos tubos son muy caros y ni para los filtros ni para el alcantarillado, eso le está cayendo al solar mío y está tumbando barrancada, porque llega con mucha presión de los lados de arriba”, se lamenta Luis Adolfo.
A las dificultades económicas y falta de ayudas estatales se suma su estado de salud. Los médicos le han aconsejado reposo para no agravar sus dolencias cardiacas, “pero me toca trabajar obligado”, dice.
Luis Adolfo fue favorecido hace varios años con un crédito del Banco Agrario por 44 millones de pesos para la construcción de su casa. No obstante, le exigieron la escritura de la parcela como respaldo. “Salió esa ayuda y yo la perdí porque lo único que tengo es un solar sin título”, se lamenta.
Las familias asentadas en el Pueblo de la Memoria Histórica crearon un movimiento de resistencia pacífica para hacerle frente al conflicto armado. Hoy cuentan con su propia marca de café y esperan sacar adelante más proyectos. Vivianey Balvin.
Situación similar padecen Rosalba Rivera, de 64 años de edad, y su esposo, José de Jesús, de 82 años ambos son víctimas del conflicto armado, habitan el Pueblo de la Memoria Histórica desde hace un par de décadas y se han enfrentado a varios obstáculos para obtener la titulación de su predio. “Hemos invertido mucho tiempo y esfuerzo por las escrituras de esta tierra, pero no hemos logrado obtener nada, solo son promesas”, dice la mujer.
Esta pareja recibió el pequeño lote como regalo y la comunidad les ayudó a construir la casa. “Acá nos colaboraron con un ladrillito, una cosa y la otra, y así pudimos tener donde vivir”, recuerda Rosalba y se lamenta de no recibir ayudas de mejoramiento de vivienda por falta de un título de propiedad. “Llevamos años y nunca hemos recibido una ayuda del Gobierno, y yo las necesito porque mi esposo está muy enfermo y tenemos muchas necesidades”.
Pero acceder a la titulación no será fácil. A comienzos de este año, los pobladores del Pueblo de la Memoria Histórica fueron enterados de una situación que imposibilita, por ahora, cualquier titulación: las cinco hectáreas que habitan, así como buena parte de El Carmen de Atrato, están en zona de reserva forestal, una medida de protección regulada por la Ley 2 de 1959.
Dudas sobre el área protegida
De acuerdo con datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el municipio de El Carmen de Atrato tiene un área de 83.029,38 hectáreas, de las cuales 82.764,87 hectáreas forman parte de la Reserva Forestal del Pacífico, constituida por la Ley 2 de 1959.
La Zona de Reserva Forestal del Pacífico (ZRFP) fue constituida en 1959 junto con seis zonas más (Central, Amazonía, serranía de Los Motilones, Sierra Nevada de Santa Marta, Cocuy y río Magdalena) con el fin de fortalecer el desarrollo de la economía forestal y la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre.
Inicialmente, la ZRFP contó con una superficie de 11.155.214 hectáreas, y con el paso de los años se ha reducido por diferentes razones, entre sustracciones para colonización, titulación de tierras ya ocupadas, constitución de territorios indígenas y construcción de vías y puertos, según reporta el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).
De acuerdo con la Resolución 1926 de 2013, que adoptó la zonificación y el ordenamiento de la ZRFP, esta área protegida contaba para ese año con 8.069.756,75 hectáreas, distribuidas en los departamentos de Antioquia (972.439,86 ha), Cauca (167.639,51 ha), Chocó (3.552.424,02 ha), Nariño (1.857.317,04 ha), Risaralda (98.967,25 ha), Valle del Cauca (996.756,14 ha) y Córdoba (535.199,37 ha).
El Chocó, según esa reglamentación, es el departamento con mayor área integrada a la zona de reserva forestal, abarcando 16 municipios, entre ellos El Carmen de Atrato, con 82.764,87 hectáreas, tal como lo precisó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
“Debido a lo anterior, y dada la normatividad actual, no es posible adelantar procesos de formalización de predios privados ni adjudicación de baldíos a persona natural o entidades de derecho público, hasta tanto no se realice un proceso de sustracción”, aclaró la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ante una solicitud de información para este reportaje.
