Un predio de apenas 50 hectáreas en el municipio de Maríalabaja, Bolívar, tiene enfrentadas a 42 familias campesinas con el más grande palmero del país: Carlos Murgas, conocido como el Zar de la Palma. La historia de este terreno atraviesa la historia de Colombia. Pasa por la reforma agraria de los años 70, el surgimiento del narcotráfico, el auge del conflicto armado, el dominio del paramilitarismo en la región Caribe y hasta los tiempos del desarrollo agroindustrial. Una historia que cobra valor en la actualidad, justo cuando el gobierno de Gustavo Petro anuncia una reforma rural integral que, según ha dicho, no cometerá los errores del pasado.
Todo empezó en 1962 con la puesta en marcha del Proyecto Bolívar N° 1, a cargo del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), que buscaba la construcción del Distrito de Riego de Maríalabaja, un municipio ubicado al margen izquierdo del Canal del Dique, en el noroeste del departamento de Bolívar. La obra pretendía la adecuación e irrigación de más de 25.000 hectáreas y beneficiaría a 1.300 familias. El proyecto despertó la ilusión de los campesinos de la región. Sin embargo, medio siglo después, una de las tierras compradas por el Estado para el proyecto tiene enfrentados a campesinos y empresarios.
Para la construcción del distrito de riego se requirió la compra de 2.150 hectáreas de tierra, que serían inundadas y afectadas por la construcción de tres embalses. Fue así como el Incora adquirió 102 hectáreas que hacían parte de la finca La Candelaria, las cuales serían afectadas por la construcción de uno de los embalses, el de Arroyo Matuya. Estas obras son consideradas por las comunidades de las veredas de Palo Altico y El Recreo como el primer desplazamiento forzado que les tocó vivir. La presión económica que ejercía el proyecto sobre sus hogares los obligó a vender sus tierras al Incora.
“Muchas fincas fueron compradas por el Incora para hacer la represa. Una de esas parcelas fue la de mi papá. Nosotros vendimos porque el agua se nos metió en la casa”, recuerda José González*, un campesino que estuvo desplazado entre 1968 y 1970. Hoy, junto a 42 familias, ha decidido ocupar un predio cercano a la represa, ya que en la región hay muy poca tierra para la siembra de cultivos de pancoger. Su lucha, puntualmente, se denomina La Franja y por ella han vivido un auténtico viacrucis.
El predio La Franja es un bloque de tierra de aproximadamente 50 hectáreas que separa la finca La Candelaria (predio privado) del embalse Matuya y, al parecer, hace parte del lote de 102 hectáreas que fue adquirido por el Incora a los primeros dueños de La Candelaria. Posterior a su llenado, una porción de tierra quedó por encima del nivel de las aguas y ese lote es el que hoy es motivo de disputa entre empresarios y campesinos.
La entrada a la Candelaria se encuentra a cuatro kilómetros de María La Baja, en un sector conocido como La Curva. Desde allí se puede observar que el terreno está sembrado de palma africana. La plantación de 268 hectáreas perteneció hasta el 2015 a la firma comercial Murgas Dávila S.A.S. Además de las grandes extensiones de palma también se ven las ruinas de una casa vieja, una piscina resquebrajada por los años y un cartel de advertencia:
Foto: Archivo particular.
Murgas Dávila S. A.S es una sociedad comercial registrada en la Cámara de Comercio de Barranquilla y representada por Carlos Roberto Murgas. La firma fue creada en 1998 por el empresario y su esposa, María Victoria Dávila Dangond y se dedica exclusivamente a la inversión de fondos y dineros en acciones, bonos y valores bursátiles. Inicialmente la empresa fue creada bajo la figura de S en C y, posteriormente, pasó a ser una S. A. S. En 2015 entró en liquidación y cedió el lote El Deseo de 440 al grupo empresarial Oleoflores S.A.S. Luego de su registro, Murgas hizo uso de varias figuras comerciales con su empresa y finalmente incursionó en el mundo agroempresarial.
II
Carlos Roberto Murgas Guerrero es un ingeniero agrónomo nacido en Bogotá hace 80 años. Es miembro honorario de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) y de la Cámara de Comercio de Norte de Santander. El Zar de la Palma, como se le conoce, es dueño del grupo empresarial Oleoflores S.A., una empresa dedicada al cultivo de palma que tiene más de 50.000 hectáreas sembradas en los departamentos de Bolívar, Cesar, La Guajira y algunos municipios de Norte de Santander. Además de la siembra de palma, participa en todo el circuito comercial: recoge las cosechas, transforma el fruto en sus derivados y los comercializa.
Desde la década de los 90, Murgas ha ocupado cargos públicos y privados en el sector agro-empresarial colombiano. En 1992 fue Gerente General de la Caja Agraria; de 1998 al 1999 fue ministro de Agricultura, también ha sido representante de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y en 2013 fue nombrado presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla. En su trayectoria, Murgas ha entablado relaciones con políticos de distintos niveles, como los expresidentes Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018). Por ejemplo, el gobierno de Uribe creó un paquete de medidas para fomentar y reglamentar técnicamente la producción de biodiésel de aceite de palma y regular sus condiciones de comercialización. En el 2006, Murgas se posesionó como representante legal de la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras a Gran Escala de Maríalabaja (Usomarialabaja) y asumió la administración del Distrito de Riego, el cual redireccionó para el impulso del cultivo de palma.
Este impulso ayudó para que en 2007 Murgas inaugurara, en presencia del entonces presidente Uribe, la primera planta de biodiesel, ubicada en Codazzi, Cesar. En 2012, el presidente Santos visitó las instalaciones de La Planta Extractora Maríalabaja, también propiedad de Murgas, pero ubicada en el municipio de Maríalabaja, Bolívar. El expresidente Santos también fue un decidido promotor de la palmicultura, sector al que le inyectó más de 11.500 millones de pesos, con lo que este monocultivo pasó de tener 426.000 hectáreas en el 2012 a más de 512.000 para 2017.
Un predio con un turbio pasado
Vista de una parte del lote La Franja que separa la finca La Candelaria del embalse Arroyo Matuya, predio que hoy es motivo de disputa entre los campesinos y la firma comercial Murgas Dávila S. A. S. Foto: archivo particular.
En las últimas décadas, los Montes de María han visto la aparición de personas que llegaron a la zona a adquirir grandes extensiones de tierra. Tierras que luego vendieron a una segunda generación de compradores y firmas ganaderas. Después de la desescalada del conflicto armado en la región, este grupo de propietarios vendió sus predios a una tercera generación de compradores que en su mayoría representan a firmas y conglomerados empresariales, que luego de demostrar la tradición notarial pusieron en marcha grandes proyectos agroindustriales y ganaderos en territorios habitados tradicionalmente por comunidades étnicas y campesinas que habían salido desplazadas de sus hogares por la violencia.
Desde mediados del 2004 hasta el 2006, la firma comercial Murgas Dávila sostuvo varios encuentros y reuniones con representantes de Ganadería Las Pampas Ltda, una firma en proceso de liquidación y en cuya historia hay trazas de presuntas relaciones con carteles del narcotráfico e indicios de testaferrato. Ganadería Las Pampas llegó a la zona en 1980 mediante la compra de la finca La Candelaria a la familia Coronel Varela. Al momento de hacer efectiva la transacción, los nuevos dueños le cambiaron el nombre y la bautizaron El Deseo.
Con dicha empresa, Murgas entabló conversaciones para la compra de las tierras pertenecientes al globo de terreno denominado El Deseo, cuya área es de 440 hectáreas dentro de las cuales se encuentra el lote La Franja. Todo el globo fue adquirido en los años 80 por Las Pampas para la cría y engorde de ganado. En enero de 2004, Carlos Murgas se reunió con el presunto propietario del terreno: Ricardo Murillo, reconocido en Maríalabaja como representante de la empresa Tuercas y Tornillos. Según los campesinos, este era el nombre ficticio de la empresa fachada con la cual narcotraficantes pertenecientes al cartel de Medellín compraron tierras para la ganadería en los municipios de San Onofre y Toluviejo (Sucre), y lograron configurar una red de fincas en la zona.
“Murgas le pidió a Ricardo Murillo sacar de inmediato a las diez familias campesinas que veníamos ocupando las tierras, porque si no él no recibía las tierras”, recuerda Efraín Julio*, un campesino que por casualidad pasaba por el lugar en el momento en que se desarrollaba la reunión. La exigencia de Murgas fue cumplida pocos días después. Los campesinos luego de haberse enterado de la reunión esperaban tener chance de entablar conversación con Murillo o el nuevo dueño de las tierras, pero esto no se dio.
Para desalojar a las familias de la finca se hizo uso del grupo paramilitar asentado en el municipio. En ese momento, los campesinos se encontraban cultivando en uno de los lotes que hacen parte de la finca, recuerda Oscar Beltrán*, quien junto a otros campesinos fue desalojado de la tierra. “A principios del 2004 nos sacaron a nosotros del potrero en el que estábamos trabajando. Eso fue muy duro, cada vez que pasamos por estas tierras recordábamos lo que nos hicieron los paramilitares en este sitio. No fue que mataran a nadie, pero sí nos desplazaron a todos, nuestras cosechas se perdieron. Todo lo que habíamos sembrado durante un año lo perdimos en una hora. De ahí no hemos tenido más vida tranquila. Eso nos dio mucha tristeza”. Algunos de los campesinos aseguran no haber denunciado este hecho por el temor de ser señalados y perseguidos. Luego de quedar la tierra vacía se efectuó la venta de la finca.
Además de ese lote, los propietarios de Las Pampas aprovecharon para vender a Murgas los derechos de posesión y dominio que ejercían sobre dos predios más, de los cuales, Las Pampas no gozaba de la propiedad jurídica, pero que incorporaron al negocio mediante un proceso de englobe. Así, el lote de 22 hectáreas que se encuentra adjunto de “El Deseo” quedó incorporado a las propiedades de Murgas.
Ganado, tuercas y tornillos
Maríalabaja, por encontrarse en las faldas de los Montes de María, tiene una posición estratégica. Por un lado, conecta la serranía con el golfo de Morrosquillo, que tienen salida al mar Caribe y está en la ruta que va al sur de Bolívar y al bajo Cauca antioqueño; y por el otro, tiene salida al canal del Dique, que desemboca en la bahía de Cartagena. Es una zona con grandes recursos hídricos, como el distrito de riego y un vasto complejo de ciénagas y arroyos que hacen de sus tierras un lugar próspero para la agricultura y la ganadería. De ahí que Maríalabaja sea una ruta de tráfico de droga y asentamiento de grupos ilegales. Por eso para la extinta guerrilla de las FARC (frentes 35 y 37), el ELN (Frente Jaime Bateman Cayón), el EPL y las AUC (Bloque Héroes de los Montes de María) ha sido importante controlarlo.
El Distrito de riego de Maríalabaja se construyó a finales de 1960, como parte de la revolución verde y la reforma agraria impulsada por el gobierno de Lleras Restrepo.
“La compra de tierras en la región del litoral Caribe por parte de narcotraficantes se viene dando desde 1980 para la consolidación de territorios situados alrededor de la carretera que comunica a Cartagena con la región del Golfo de Morrosquillo. Un proceso que ha sido acompañado por grupos de autodefensa que ayudan la expansión territorial y las actividades ilícitas relacionadas al narcotráfico”, consigna el informe de 2003 del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y la Vicepresidencia de la República de Colombia.
Precisamente, Ganadería Las Pampas Ltda fue registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá en 1978 e integrada por: Jaramillo Rey y Cía S. C. S, Diego Estrada Vallejo y Cía S. C. S, Gustavo Uribe Duque, Miguel María Duque y María Mercedes Vallejo de Duque. Se dedicaría a la explotación agrícola y ganadera de fincas o predios rurales. Las Pampas estuvo representada por Hernán Jaramillo, quien también fue representante legal de la firma comercial Gancebú S. A., otra empresa en liquidación desde la cual Jaramillo Uribe ejercía dominio sobre la finca Belén, ubicada en la vereda de Palo Alto, en San Onofre, Sucre. Según los campesinos, está finca hacía parte de la red de predios que eran usados por Tuercas y Tornillos para almacenar droga y se usaba como base militar desde la cual se controlaba la zona del golfo de Morrosquillo.
Así las cosas, al parecer Hernán Jaramillo Uribe representó entre 1980 y 2005 legalmente a dos firmas empresariales desde las cuales ejerció dominio jurídico sobre varios predios que estarían relacionados con carteles del narcotráfico. Esos predios hoy están en manos de firmas y empresas señaladas de participar en procesos de despojo de tierras en Montes de María.
En 2005, Ganadería Las Pampas entró en liquidación, y a pesar de sus más de 20 años de funcionamiento, en la región nunca se oyó hablar de ella. Así lo cuenta Efraín Cantillo*, quien fue jornalero en la finca: “siempre reconocimos a los de Tuercas y Tornillos como los dueños de todo el ganado, de las tierras de La Candelaria y de otras fincas cercanas en las que trabajamos como jornaleros y en oficios de vaquería durante varios años”.
A principios de los años ochenta, las familias campesinas vieron cómo en las montañas y a orillas del embalse de Arroyo Matuya, en tierras de la finca La Candelaria, se levantó un negocio de cría y venta de ganado de raza. La ganadería, según un jornalero de la finca, era administrada y representada por representantes de Tuercas y Tornillos. “Esta empresa era usada por los narcotraficantes Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, y Pablo Escobar para mantener el control en la zona y ejercer dominio sobre las fincas: Belén, Vayan Viendo y Las Pampas, en el municipio de San Onofre”, detalló un habitante de la zona, a quien por motivos de seguridad se le reserva su identidad.
El negocio del ganado empezó a caerse en 1989 cuando mataron a el Mexicano en San Sebastián de Tolú, otro municipio de Sucre. Cuatro años después, en 1993, también cayó Pablo Escobar en el barrio Los Olivos de la ciudad de Medellín. El ganado que había en la finca La Candelaria fue sacado y llevado en camiones hacia Antioquía y el Valle del Cauca, recuerdan los campesinos que vieron, de un día para otro, la caída de la próspera empresa ganadera. Tras la muerte de los capos, La Candelaria quedó abandonada hasta que, en 1994, alrededor de 200 familias campesinas decidieron entrar a trabajar sus tierras y aseguraron que encontraron todo casi destruido. Las familias que se asentaron allí compartían una misma situación y propósito: no tenían tierras para trabajar y vieron en ellas la oportunidad para establecer cultivos de pancoger que aseguraran la alimentación de sus familias sin que nadie les reclamara. Con los campesinos como dueños de la tierra pasaron diez años.
Jueces y políticos en la reconfiguración territorial
En Maríalabaja el apellido Coronel tiene una relación histórica con la política local y regional. En el siglo XIX, Atenógenes Coronel Guerrero amasó una notoria riqueza, con la cual aseguró el control de la fuerza electoral en el municipio y en el departamento de Bolívar. Su influencia pública ayudó para que, en 1954, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena le entregará bajo sentencia de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio un predio de 412 hectáreas, al cual llamó La Candelaria. Posteriormente, el señor Coronel consiguió más tierra y conformó una hacienda de aproximadamente 620 hectáreas, integrada por nueve lotes: El Olvido, Membrilla, Lote Arroyo de la fuente, El Deseo, La Providencia, Candelarita, Upa, Leticia y un predio sin nombre. Al revisar los certificados de libertad y tradición de estos lotes se pudo constatar que la mayoría tienen vida jurídica propia, lo cual le permitió a la familia Coronel Varela realizar varios negocios con los lotes de la Hacienda La Candelaria.
Con la reforma agraria de 1971, Maríalabaja fue priorizada para la construcción de un distrito de riego y para ello el Incora compró 102 hectáreas de la finca La Candelaria. Posteriormente, el Instituto Colombiano de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (Himat), entidad encargada de las obras de riego y adecuación de tierras, demarcó los linderos con un sistema de amojonamiento compuesto por pequeños bloques de concreto sólido que exponen una placa de bronce con las coordenadas satelitales. Esta fue la manera como el Incora separó el lote La Franja del resto de la finca. La división también se materializó en una escritura.
El antiguo Incora delimitó los terrenos en cercanías del Distrito de Riego de María La Baja con mojones metálicos que contienen las coordenadas satelitales de la marcación. Los mojones han ido desapareciendo según la población y algunos pueden verse en el lote La Franja. Foto: archivo particular.
Tras la construcción del Distrito de Riego, algunas familias que antes se habían desplazado por el llenado de los embalses regresaron a los lotes comprados por el Incora. Uno de esos lotes pertenecía a la finca La Candelaria. Allí los campesinos sembraron yuca y maíz. Las familias vivían tranquilas, pensaban que al ser parte de las reservas de la represa y propiedad del Estado nadie los sacaría de los predios, pero se equivocaron.
En la década de los ochenta, la familia Coronel Varela decide vender el resto de la finca La Candelaria a la empresa Ganadería Las Pampas y en la venta incluyó el lote que había vendido nueve años antes al Incora. Las familias campesinas que se encontraban ocupando el predio alertaron a las oficinas del Incora acerca de la venta irregular, pero a nadie le importó. Los nuevos dueños presionaron el desalojo y las familias no tuvieron otra opción que recoger lo que tenían e irse.
Las comunidades rurales en medio del fuego cruzado
Entre 1996 y 2006 la región, incluyendo a Maríalabaja, vivió tiempos de horror y violencia. Según el Informe Montes de María bajo fuego, publicado en 2020, solo en Maríalabaja, las AUC perpetraron siete masacres que dejaron 44 personas asesinadas y centenares de familias desplazadas.
Con el territorio vacío, las tierras se llenaron de proyectos agroindustriales. En 1998, entre la Gobernación de Bolívar, el Ministerio de Agricultura y la Promotora Hacienda Las Flores S.A, propiedad de Carlos Roberto Murgas Guerrero, firmaron el proyecto público privado que denominaron Alianza para el Progreso. Un proyecto que buscaba la reconversión del Distrito de Riego de Maríalabaja y la siembra de 5.000 hectáreas de palma de aceite con fines de exportación. En 1999 la siembra fue de 100 hectáreas y hoy hay más de 11.000.
En Maríalabaja, varias investigaciones han documentado cómo después de la desmovilización del Bloque Héroes de los Montes de María empezaron a llegar empresas comprando tierras para proyectos de palma de aceite, de maderables y ganado. A principios del 2009, el exministro de Agricultura Andrés Fernández asistió a una reunión con campesinos y empresarios de la región para hablar de los planes del Gobierno para la zona. A esa reunión también asistió Murgas… Y con ellos, organizaciones de víctimas.
“En esa reunión esperábamos obtener respuestas sobre varios de los acuerdos que el gobierno nos venía incumpliendo. Para nosotros fue de gran sorpresa oír al ministro de Agricultura que nos invitaba a vender nuestras tierras a sus amigos. Él nos decía que todos ellos eran gente de bien de la ciudad de Medellín y de Bogotá, y que venían a invertir en la región, pero para eso debían levantarse las medidas de protección que tenían nuestras tierras”, recuerda José del Toro*, líder campesino de la región. La invitación del ministro de Agricultura coincide con el momento en que se registra un proceso de compras masivas de tierra en Maríalabaja y en la región. El video lo dio a conocer el entonces representante a la Cámara Iván Cepeda, quien denunció que la tierra y los subsidios para campesinos estaban siendo puestos al servicio de empresarios amigos del Gobierno.
Campesinos sin tierras
“En Maríalabaja, las tierras para la siembra de alimentos son escasas y los precios de arrendamiento de la que hay disponible son caros y cada año sube más”, dice José González*, un hombre que a sus 75 años ha vivido tres desplazamientos y aún no tiene tierra. “Luego de la violencia todo está casi cubierto por el monocultivo de la palma africana”, agrega María, una campesina que cada vez que quiere sembrar algo debe arrendar tierras para poder hacerlo.
Desde mediados del 2005 el negocio ganadero a orillas de los embalses fue reemplazado por grandes extensiones de cultivos de palma de aceite, lo cual ha ocasionado problemas medioambientales en los cuerpos de agua de Arroyo Grande, Matuya y El Pondaje del Viento. Foto: archivo particular.
En este contexto, el 8 de marzo de 2014, un grupo de campesinos acudió ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para solicitar la inclusión de la finca La Candelaría, de 470 hectáreas, en el Registro Único de Tierras Despojadas. Ellos alegan que por más de diez años las han ocupado. Ante la incertidumbre de no ver ningún avance sobre la solicitud, las 42 familias campesinas se acercaron al personal del Incoder para pedir protección. Los funcionarios de la entidad les manifestaron que podían trabajar en el terreno siempre y cuando dejaran 30 metros entre la orilla del embalse y sus cultivos. Transcurridos diez meses, las familias no recibieron respuesta alguna de las entidades, así que decidieron ocupar el lote de 102 hectáreas comprado por el Incora en 1971 y del cual la firma comercial Murgas Dávila dice ser dueña.
Desde enero de 2015 las familias de la Franja sembraron cultivos de pancoger en el lote del Incoder. Dos meses después de estar instalados, empezaron a recibir amenazas por hombres armados que vestían uniformes del grupo Empresarial Oleoflores S. A. S., quienes un día les impidieron el ingreso al lote. Las familias campesinas han realizado varias demandas ante la URT para que el predio les sea devuelto, pero las respuestas han sido negativas.
Una de esas solicitudes realizadas a la URT y a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) busca que se lleve a cabo un proceso de verificación de linderos del predio La Franja. En otra piden esclarecer las relaciones de la finca de La Candelaria con el narcotráfico. Esto con la intención de que las 102 hectáreas de la Franja les sean tituladas a las familias campesinas.
Primeras amenazas
En Maríalabaja la gente dice que los terrenos a las orillas de las represas Arroyo Matuya, Arroyo Grande y La Piscina son de propiedad del Estado. En el caso de La Franja, la ocupación de los campesinos tiene historia.
Como es costumbre en la región, la búsqueda de tierras para la agricultura familiar se inicia durante el último mes de cada año y los trabajos de preparación para la siembra arrancan el primer mes de cada año. “Luego de celebrar la llegada del año nuevo, las familias campesinas que hacíamos parte de la organización queríamos iniciar temprano nuestros trabajos y las siembras de nuestros alimentos. Eso nos llevó a que el 2 de enero de 2015 decidiéramos entrar a la tierra. Empezamos a tumbar el monte, dejando entre 30 y 50 metros entre lo que sería nuestros cultivos y las aguas de la represa, tal como nos recomendó el personal del Incoder meses antes”, recuerda José Gonzales*. “Desde ese día hasta el mes de marzo de 2015 logramos preparar unas 30 hectáreas en las que soñábamos tener cultivos colectivos de yuca, maíz o ñame”, añade
Los campesinos prepararon la tierra con entusiasmo, pero todo empezó a cambiar de un momento para otro. Efraín Padilla* tiene 58 años, su cabello blanco y las manos callosas de labrar la tierra. Junto a sus compañeros, han recorrido todos los caminos que van hacia la represa Arroyo Matuya cultivando la tierra. Efraín fue uno de los primeros que sembraron ñame y maíz en la Franja. “El 7 de marzo, a eso de las 6:30 de la mañana, íbamos unas 20 personas a trabajar en nuestros cultivos. No se escuchaba sino el sonido de nuestros propios pasos y los tropezones de nuestros pies con las piedras del camino. Al llegar al punto conocido como La Puerta de Hierro nos encontramos con unos hombres armados que nos amenazaron y nos dijeron que no podíamos volver a esa tierra, y que, si lo hacíamos, ya sabíamos lo que nos tocaba”, narra Efraín.
Entre los hombres armados los campesinos reconocieron a Wilmer Sánchez, capataz de La Candelaria, y a tres jornaleros de la finca. El 21 de enero del 2015 los campesinos pusieron una denuncia ante la Inspección Central de Policía de Maríalabaja contra estas personas y solicitaron una medida de amparo policivo con el fin de garantizar el acceso a las tierras de La Franja.
Seis semanas después de haber interpuesto la denuncia, las familias campesinas se organizaron e intentaron ingresar por segunda vez al predio, pero nuevamente fueron detenidos por hombres encapuchados y armados que se identificaron como parte de la empresa de seguridad de Hacienda Las Flores S. A. Los hombres también dijeron ser los dueños del predio La Franja.
Las familias, desesperadas por no poder ingresar a sus cultivos ni siquiera para recuperar sus herramientas de trabajo, pusieron en conocimiento de la Defensoría del Pueblo los amedrentamientos que estaban sufriendo. El 20 de marzo de 2015 los campesinos hicieron una visita de verificación en compañía de la Defensoría y organizaciones sociales de Maríalabaja. Allí quedó evidenciado que hombres armados no permitieron la entrada de los campesinos a la tierra.
Así lo documentó la Defensoría del Pueblo: “Siguiendo por el camino que conduce a La Franja hasta encontrar una reja de hierro, donde tres hombres armados les impidieron su ingreso y manifestaron que el predio estaba bajo amparo policivo, medida que fue expedida por la Inspección de Policía de Maríalabaja en favor de Carlos Roberto Murgas Guerrero que impedía dejar entrar al predio sin consentimiento previo”.
Y agrega el informe: “El 20 de marzo del 2015 personas portando armas largas impidieron el paso de la Defensoría del pueblo a la zona denominada La Franja, la Defensoría le explicó a una de las personas, el objeto de la visita, quien vestía prendas con el logo de La Hacienda Las Flores S.A. manifestó que las tierras eran del señor Carlos Murgas y que no se podía entrar al mismo tiempo que realizó una llamada telefónica con otra persona que se identificó como Carlos Mestra abogado de la Hacienda Las Flores S.A. quien ratificó a la Defensoría que el predio poseía un amparo policivo y que no se podía ingresar”.
Ese día los campesinos supieron del amparo policivo que tenía el predio y que este no estaba a su favor, como lo habían solicitado a la Inspección de Policía unas semanas antes, sino en beneficio de Carlos Murgas. Las familias regresaron a sus hogares con temor y sin respuesta. Unos días después, un viejo campesino le informó a una de las familias de la organización que varios de sus compañeros se encontraban demandados ante la Fiscalía. “Un vecino, muy amigo de nosotros, se acercó y me dijo: vea, tienen que andar con mucho cuidado, 11 personas que hacen parte de la organización están denunciadas y usted es uno de ellos”.
El 10 de abril de 2015, un año después de haberse solicitado a la URT la restitución de la finca La Candelaria, los campesinos conocieron que dicha entidad había sacado una resolución en la cual se iniciaban el estudio de su solicitud.
Quince días después, a una de las viviendas de las familias pertenecientes a la organización, llegó una notificación de la Fiscalía en la que se le solicita comparecer a las oficinas de la entidad en Cartagena a las 11:00 a.m. del 28 de abril por haber cometido supuestos delitos en contra de los recursos naturales y el medioambiente. El oficio fue firmado por un funcionario de la Policía Judicial de la ciudad amurallada.
Las familias de La Franja se llenaron de temor por lo que les podría pasar si seguían luchando por la tierra. “Mucha gente se me acercó para decirme que dejáramos así, incluso campesinos que son dueños de cultivos de palma. Me decían que era un pulpo con brazos por todos los lados, que esto es pelea de burro amarrao con tigre suelto, que Murgas tenía plata y poder para no dejarse quitar esas tierras de simples campesinos como nosotros”, añadió María Toro*, una campesina perteneciente a la organización.
Al tiempo que los campesinos de la Franja sufrieron el revés judicial, mucha gente en Maríalabaja los empezó a ver como invasores de tierras que representaban un peligro para los cultivos de palma de aceite y la propiedad privada en la zona. Pero a pesar de todo las familias campesinas no se rindieron y volvieron a solicitar al Incoder una visita de acompañamiento y de verificación de linderos sobre el predio La Franja. La visita se llevó a cabo el 5 de mayo de 2015 y de nuevo contó con el acompañamiento de la Defensoría. El informe producto de esta visita confirmaría por segunda vez la presencia de hombres armados en la entrada del predio.
El informe consigna que no se pudo hacer la diligencia de verificación de linderos porque “hombres armados con uniforme de la empresa Extractora Maríalabaja S.A.S obstruyeron el paso de los funcionarios y de los campesinos. Quienes hicieron disparos al aire y dijeron que cualquier situación tendría que ser tratada con El Patrón. Al preguntarle quién era, apuntaron con sus armas a los campesinos y les dijeron: ‘Ustedes saben quién es el patrón, es con el que están peleando’”.
Para ese mismo momento, según las 42 familias campesinas, Murgas estaba quitando los pequeños bloques de concreto que marcaban los linderos entre La Candelaria y el predio de la Franja. “Entre el 8 y el 9 de marzo de 2015, unos días antes de que viniera el Incoder, varios bulldozers se internaron en las tierras a orillas de la represa y pelaron todo. El monte grande que estaba en la tierra, lo apilaron en varios ojos de agua, taparon las cañadas que pasan por el terreno y desembocan en la represa. Los mojones que separan las tierras de La Franja de La Candelaria los arrancaron. Todo quedó como un desierto”, recuerda Efraín Julio*, a quien le tocó arrendar tierras en otra zona de la represa luego de ser expulsado de las tierras de la Franja.
Después de este procedimiento, Murgas desarrolló un cultivo de ñame en toda la tierra. “Varios mojones fueron arrancados y la cosecha de esa siembra de ñame la llevaron a las instalaciones de La Planta Extractora, propiedad del mismo Murgas, y la otra parte se perdió en el monte”, detalló Efrían Julio.
En el mes de mayo de 2015, la firma Murgas Dávila y Compañía fue notificada por la Unidad de Restitución de Tierras sobre el trámite que se adelantaba sobre el predio La Candelaria. En su defensa radicó los certificados de libertad y tradición, una promesa de compraventa y varias escrituras públicas que los acreditaban como dueños de esas tierras desde 2004, incluido el lote de 102 hectáreas de propiedad del Incora reclamado por las familias campesinas.
El 14 de junio de 2015, la URT dictó medidas cautelares sobre el predio Membrillal. Luego de revisar los certificados de libertad y tradición y escrituras asociadas a la finca La Candelaria, se pudo observar que el predio sobre el cual se realizaron las medidas de protección no tiene un número de hectáreas específicas y se encuentra asociado a la finca como un lote adjunto que no representa el globo de tierras de 440 hectáreas
En el 2016, la solicitud presentada por la familias campesinas fue negada por la URT, mediante la Resolución N° RB 0959, y se ordenó al Registrador de Instrumentos Públicos del Circuito de Cartagena cancelar la medida cautelar de sobre el predio. Los campesinos insisten en que las tierras de La Candelaria deben ser inscritas en el Registro de Tierras Despojadas porque consideran que en su tradición existen muchas irregularidades, como haber pertenecido a narcotraficantes. Así como reclaman que se reconozca la ocupación pacífica e interrumpida de las familias campesinas durante 10 años.
Para el 2017, los campesinos buscaron en la Notaría Única de Maríalabaja todo lo relacionado con la finca La Candelaria. “En la notaría unos compañeros fueron a buscar unas escrituras y un mapa, pero allá había una orden de no entregarnos ninguno. No sabemos quién la dio. Los papeles siguen ahí, pero no nos los entregan”, detalló Efraín.
En el 2019, la URT rechazó en segunda instancia y de forma plena la petición. El argumento de la entidad es que los campesinos no actuaron en calidad de dueños de las tierras y que carecen de legitimidad para el ejercicio del derecho a la restitución como lo menciona la ley. La decisión fue tomada con base en los documentos presentados por Murgas ante la Unidad que lo acreditan como dueño de la finca, es decir, sin tener en cuenta los argumentos de su contraparte
Los campesinos dicen que Murgas, con su accionar, no solo ha tenido la idea de adueñarse del predio La Franja, sino también de los predios Arroyo de la fuente, de 15,5 hectáreas, y el predio El Sol, de 7 hectáreas, englobados en la década de 1980 en el lote El Deseo de 440 hectáreas por la ganadería Las Pampas. La prueba es la escritura en la que la propia ganadería realizó el desenglobe del predio El Deseo en dos lotes: uno de 418 hectáreas y otro de 22 hectáreas en los cuales estarían los predios que fueron vendidos a Murgas el 2005.
El panorama actual para las familias es desalentador. La posibilidad de regresar a esas tierras se ve lejana y los campesinos no solo perdieron la tierra sino que en la lucha por ella también ha perdido su organización que, poco a poco, se ha desmoronado entre la fatiga y los señalamientos. Para conocer la versión de la familia Murgas se contactó tanto al grupo empresarial Oleoflores S.A.S, como con su hijo Carlos José Murgas, quien hoy encabeza los negocios familiares. Sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna.
A este proceso de reclamación se ha sumado el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Maríalabaja, que viene uniendo sus fuerzas a las de las 42 familias para que se les restituyan las tierras. Esperan que dentro de la reforma agraria, que el gobierno Petro ha anunciado a los campesinos de Maríalabaja, puedan recibir aunque sea una franja de tierra.
*Todos los nombres han sido cambiados para proteger la identidad y la seguridad de los entrevistados.
Esta historia fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción (CdR) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS) como parte del proyecto ‘CdR/Lab Periodismo para cubrir los conflictos por la tierra’. Los textos que aquí se publican son de exclusiva responsabilidad de los autores y no expresan necesariamente el pensamiento ni la posición de estas organizaciones.