Un día en 2016, Nelcy Ruth Quintero Sarmiento, una mujer de 63 años, encontró a un grupo de hombres desconocidos observando y tomando medidas en una zona alejada de Pomarroso, una finca ubicada en la vereda Cubsio, en San Antonio del Tequendama. Su familia es la dueña de esa tierra desde hace seis generaciones, por lo que no entendía qué hacían esas personas caminando por los bosques de niebla como si fueran de su propiedad.
Desde ese día, la vida de Nelcy Ruth dio un vuelco. Hasta cuando se acercó al grupo de hombres, nadie le había informado que en Pomarroso se tiene proyectada la construcción de la torre 296 de UPME 01-2013 Sogamoso 500 kV, un megaproyecto de interconexión eléctrica adjudicado al Grupo de Energía de Bogotá (GEB). El megaproyecto pretende conectar la subestación Sogamoso en Betulia, Santander, con la estación de Nueva Esperanza, en Soacha, a través de unos 380 km de redes eléctricas. En la región del Tequendama, en Cundinamarca, el proyecto impacta directamente a los municipios de Soacha, San Antonio del Tequendama, Albán, Tena, La Mesa, Cachipay, Zipacón y Anolaima.
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La finca Pomarroso está dentro de los límites del Distrito de Manejo Integrado (DMI) Salto del Tequendama-Cerro Manjui, un área de protección y manejo especial para la conservación de ecosistemas vulnerables como el bosque de niebla. No obstante, en diciembre de 2018, la CAR expidió el Acuerdo no. 44, que sustrajo 19 hectáreas del DMI, incluyendo el área de la instalación de la torre y la servidumbre, ubicados en la finca de Nelcy Ruth Quintero Sarmiento. La sustracción era un requisito indispensable para la expedición de la licencia ambiental del megaproyecto.
La CAR ha extraído hectáreas en otras reservas ambientales de Cundinamarca —el Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes, la Cuenca Alta del río Bogotá, y los páramos de Guargua y Laguna Verde— para el desarrollo de este y otros proyectos de interconexión eléctrica que van a llegar a Soacha.
“Lo que pasó con los relictos del bosque de niebla a nivel físico está pasando también en los papeles institucionales”, dijo Carlos Tafur, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Retiro, en Cachipay, municipio en donde tienen proyectada la construcción de nueve torres, un centro de acopio y un helipuerto. “El bosque de niebla está desapareciendo en el papel; cuando la ANLA va a revisar cuáles son los ecosistemas que podrían verse afectados, no aparece el bosque de niebla en la caracterización, y eso da lugar a que las licencias sean más expeditas”.
El GEB, siguiendo la delimitación que realiza la CAR, solo reconoce en sus estudios de impacto ambiental la existencia de reductos de bosque de niebla en los municipios de San Antonio del Tequendama y Soacha —es decir, en la parte alta del cerro Manjui—, pero ambientalistas y comunidades de la región afirman que existe una conexión entre estos reductos y las veredas altas de municipios como Zipacón, Cachipay, Albán y Anolaima. Allí, de acuerdo con campesinos y biólogos, hay corredores forestales por donde circulan animales en peligro como el oso perezoso y el tigrillo lanudo.
Uno de los mapas del estudio ambiental del GEB. Imagen: Grupo de Energía de Bogotá (GEB).
“Esta franja de bosques, junto con otros sectores del escarpe al sur de Zipacón o al norte de Manjui, representa un corredor biótico regional de gran importancia para la comunidad de ese sector, ya que es uno de los mayores corredores de bosques que existen en la cuenca magdalénica de Cundinamarca”, aseguró en el artículo de 2010 ‘Escarpe: productor de agua’, el botánico e investigador colombiano Eduardo Calderón Sáenz. Estos ecosistemas son fundamentales para la conservación de un recurso que se ha vuelto escaso en la parte baja de municipios como La Mesa y Anolaima: el agua.
La suerte de esos corredores y de fincas como la de Nelcy Ruth Quintero Sarmiento tiene complicaciones sociales que son difíciles de navegar. Muchas de las personas que se oponen al proyecto hablan de afectaciones a la salud y al medioambiente producidas por los campos electromagnéticos que generan las redes de alta tensión. En junio de 2022, la Corte Constitucional, respondiendo a una tutela interpuesta por una ciudadana de Tabio que se sentía afectada por la instalación de una de las torres del proyecto UPME 03-2010 (un proyecto paralelo al UPME 01-2013), señaló cómo la producción científica actual permite afirmar que “no hay riesgo alguno para la salud derivado de la exposición a campos electromagnéticos relacionados con la transmisión de energía eléctrica”, descartando cualquier riesgo de carcinogenicidad para los humanos.
Infografía del proyecto UPME 01-2013. Imagen: Grupo de Energía de Bogotá (GEB).
En una entrevista de febrero de 2023, en el periódico El Tiempo, Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB, dijo lo siguiente sobre las torres: “A alguna gente le parecen feas, pero que algo sea feo no creo que sea argumento para que uno interponga un interés particular sobre el general por un tema estético, pero algunas comunidades se han vuelto muy intolerantes y agresivas”. Sin embargo, la belleza escénica de los paisajes, una cualidad que tiene que ver con el agua, la flora y el relieve, junto con las percepciones subjetivas de las personas, también forman parte de los servicios ecosistémicos que brinda la naturaleza, dice Nelly Rodríguez, profesora del departamento de Biología de la UNAL.
Más allá de eso, como afirma Rodríguez, la principal funcionalidad del bosque de niebla es la regulación del ciclo hídrico: las corrientes de aire que ascienden de zonas cálidas como el valle del Magdalena, se enfrían y producen una precipitación horizontal que, al ser absorbida por la vegetación, alimenta toda la cuenca hídrica de la región.
En la licencia ambiental, expedida en agosto de 2020, la ANLA no autorizó la localización de ocho torres, incluida la proyectada en Pomarroso, dos plazas de tendido de cables y un centro de acopio. Para la ANLA, lo anterior se encuentra ubicado “en zona de bosque de niebla, Área de Importancia para Conservación de Aves AICA y Distrito Regional de Manejo Integrado Salto del Tequendama y Cerro Manjui, razón por la cual no se considera viable el tramo de la línea Norte Tequendama entre el sitio de torre 295 y el pórtico 500 kV de la SE Tequendama con una longitud aproximada de 4.664 km”.
La licencia no autorizó la localización de otras 72 torres en Cundinamarca, 40 por estar a menos de 30 metros de aguas superficiales, y 32 por estar a menos de 100 metros de aguas manantiales. Tampoco aprobó los trabajos de ampliación de la estación Nueva Esperanza en Soacha, la construcción de la subestación norte en Gachancipá, unas plazas de tendido de cables, un centro de acopio, un helipuerto y algunos caminos de acceso.
“La quebrada El Salitre no la tuvieron en cuenta en el estudio de impacto ambiental”, dice Carlos Tafur, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Retiro. Según Tafur, esa quebrada nutre otros cuatro ríos, incluido el Bogotá, por lo que se verían afectados municipios como Zipacón y Anolaima.
Paisaje de escarpe en la vereda Petaluma, Cachipay. Foto: Juan Carlos Pérez Álvarez.
Eso por no hablar de las afectaciones causadas por la construcción de las torres. El 18 de octubre de 2023, durante la instalación de una de estas en la vereda Petaluma, en Cachipay, se rompió un tubo de Acuapec, uno de los ocho acueductos que existen en el municipio, lo que dejó sin agua a buena parte de la vereda durante un par de días.
El GEB insiste en la importancia de las torres y en que estas no causarán un gran impacto. Según Bibiana Pescador, la líder ambiental del GEB en la región del Tequendama, la restricción de la licencia ambiental no afecta la localización de las torres en el cerro Manjui. Pescador dice que las restricciones son para torres individuales y que el GEB está haciendo los trámites pertinentes para la relocalización dentro del trazado que se concertó con la ANLA en el diagnóstico ambiental de las alternativas. El GEB ya solicitó la modificación de la licencia en marzo de 2023, pero el trámite fue suspendido hasta tanto la CAR no autorice la sustracción de nuevas áreas del DMI Salto del Tequendama-Cerro Manjui. “Cada vez que hay una modificación de licencia, hay un estudio de impacto ambiental que debe cumplir con los términos de referencia del proyecto”, dice Pescador.
Carlos Tafur, vicepresidente de la JAC de la vereda El Retiro, en Cachipay, haciendo pedagogía sobre el conflicto con el GEB. Octubre de 2023. Foto: Juan Carlos Pérez Álvarez.
Desde 2016, los gestores sociales del GEB han visitado varias veces la finca de Nelcy Ruth Quintero Sarmiento, pero para ella es difícil abrirles la puerta de su casa. En 2020, el GEB la demandó a ella y a su familia para imponer una servidumbre en el Pomarroso, lo que le ha generado gastos, conflictos familiares y la pérdida de su tranquilidad. La servidumbre es un corredor que se deja sin obstáculos a lo largo de una línea de conducción eléctrica, como margen de seguridad. Esta implica un permiso permanente para el tránsito de personal y contratistas de la empresa que realicen labores de instalación y mantenimiento, la construcción de vías temporales de acceso y la remoción de cultivos, árboles o cualquier otro obstáculo que afecte las obras. Para el caso del proyecto UPME 01-2013, la servidumbre es de 30 metros a lado y lado de la línea de conducción eléctrica.
“En su momento teníamos muchas demandas por imposición de servidumbre y la empresa tomó la decisión de hacer un rescate a esas demandas, intentar otra negociación con estas personas”, afirma Alejandra Escobar, líder social del GEB en la región del Tequendama.
Muchos de los propietarios ya han negociado con el GEB, que levanta las torres a medida que adquiere los permisos. Desde las veedurías ciudadanas y las comunidades que se oponen, se plantea demandar la licencia ambiental. Entre tanto, se han realizado medidas de presión y movilización en los territorios. El 18 de febrero de 2023, por ejemplo, se impidió la realización de una reunión de inicio de obra en la vereda El Retiro de Cachipay.
Estación hidroeléctrica Salto 1, San Antonio del Tequendama. Foto: Juan Carlos Pérez Álvarez.
El GEB busca financiar una segunda fase de un proyecto de investigación en torno al tigrillo lanudo, una especie amenazada de felino manchado que hace presencia en el área de influencia del proyecto. La empresa ha anunciado que se encuentra trabajando en la delimitación de los ecosistemas que pueden estar en riesgo: “Estamos haciendo una mesa interinstitucional para poder redelimitar el bosque de niebla”, dice Bibiana Pescador. Pero, para las comunidades, se advierte que estos estudios debieron realizarse antes de solicitar la licencia ambiental y con la participación de la gente de la zona.
Desde el año en que por primera vez llegó el GEB, Nelcy Ruth Quintero Sarmiento cultiva catleyas y otros tipos de orquídeas en Pomarroso. Allí, en su finca, donde vive con su madre, recoge las cápsulas que albergan las semillas y las vende a otros cultivadores para realizar propagaciones in vitro. Es una estrategia importante para la conservación de especies en peligro, y tiene proyectado un negocio con el fin de comercializar diferentes variedades. No obstante, le inquieta el momento en que lleguen a construir la torre en su finca.
Los empleados de la empresa subcontratada para la construcción, Sdv Energía e Infraestructura, ya hicieron una visita. Ahora la CAR debe decidir sobre la sustracción de nuevos polígonos en el DMI Salto del Tequendama-Cerro Manjui, y la ANLA debe autorizar los nuevos sitios para las torres y las subestaciones. Está en juego la seguridad energética del país, como dice el GEB, pero también la protección de ecosistemas en peligro como el bosque de niebla, importantes fuentes hídricas y las vidas de personas como Nelcy Ruth Quintero Sarmiento.
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Esta historia forma parte del especial periodístico ‘Historias en clave verde: reportajes sobre justicia ambiental’, como resultado de la formación ‘CdR/Lab Memorias de la tierra: periodismo para cubrir temas de justicia ambiental’, apoyada por el Servicio Civil para la Paz de Agiamondo en Colombia.