Los otros rostros de los mercados COVID-19 en el Caribe

Durante el primer año de pandemia, las gobernaciones y alcaldías capitales del Caribe invirtieron más de 100 mil millones de pesos en alimentos para intentar mitigar el hambre, que aumentó con la llegada del coronavirus. Esas compras convirtieron a cinco privados en megacontratistas de la emergencia sanitaria en esta región.

Tras la pista de los dineros del COVID-19

Los otros rostros de los mercados COVID-19 en el Caribe

Autor:

Antonio Canchila, Tatiana Velásquez y María Alejandra Romero

Abril 20 de 2021

El desesperado clamor por la comida y las entregas masivas de alimentos subsidiados son algunas de las imágenes que dejó el primer año del coronavirus en Colombia. En el caso del Caribe, sus ocho gobernaciones y siete alcaldías capitales compraron, entre marzo y octubre de 2020, casi 153 000 millones de pesos en mercados para los más pobres de esta región, donde la mitad de sus habitantes vive del rebusque callejero.

Lee la nota secundaria de esta investigación periodística 'El hambre que la pandemia caldeó'.

Se trató de negociaciones millonarias en casi todo el país que no escaparon a los señalamientos ciudadanos por posibles sobreprecios o por presunta falta de idoneidad de los contratistas seleccionados, en parte porque se celebraron bajo la modalidad de urgencia manifiesta; una figura legal que les permitió a los gobernantes locales contratar de manera directa y en tiempo récord para enfrentar con más rapidez los estragos de esta emergencia en sus territorios.

Tan pronto los mandatarios entregaron los primeros mercados empezaron las denuncias e investigaciones de los organismos de control. Hasta junio de 2020, después de la primera ola de contagios en el país, la Fiscalía había dictado medida de aseguramiento contra diez alcaldes y citado a interrogatorio, en calidad de indiciados, a otros tres gobernadores y a tres mandatarios municipales por distintas compras para la emergencia, según informó esa entidad en un comunicado oficial.

Sobre las investigaciones en curso contra alcaldes y gobernadores, por compras de mercados para atender la emergencia sanitaria, no fue posible obtener información actualizada, porque la Fiscalía no la entregó, argumentando que “constituyen información pública clasificada y que pertenecen al ámbito privado o semiprivado cuya divulgación indiscriminada pone en riesgo los derechos fundamentales a la intimidad”. Eso respondió la entidad a un derecho de petición enviado por este equipo periodístico.

Algunas de las investigaciones de la Contraloría y la Procuraduría por presuntas irregularidades en las compras de mercados, incluso, llevaron a la suspensión temporal de sus cargos a varios gobernantes y funcionarios en el país, como le sucedió en mayo de 2020 al alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez —después absuelto—.

Por esa misma época también fueron separados temporalmente de sus cargos, como parte de una investigación por presuntas faltas disciplinarias adelantadas por la Procuraduría, la secretaria general de la Gobernación del Cesar y la jefe de la Oficina de Riesgo y Cambio Climático de ese departamento.

Pero más allá de las posibles irregularidades, poco se ha contado de los rostros detrás de la contratación de alimentos, que en el Caribe graduaron como “millonarios contratistas” de la emergencia sanitaria a cinco empresas.

Fueron esas cinco firmas las que vendieron más de la mitad del millón de mercados, que gobernaciones y alcaldías capitales del Caribe compraron para repartir entre marzo y octubre de 2020.

Se puede apreciar la base de datos completa con los 89 contratos aquí.

Esas empresas —que firmaron 17 de 89 contratos— tienen en común experiencia previa en contratación pública y un sólido músculo económico para abastecer una demanda de comida como la requerida durante esta emergencia sanitaria. Cuatro de ellas, de hecho, ya eran conocidas en el sector de alimentos del país.

Algunos de los contratos suscritos por estas firmas son examinados por los organismos de control después de denuncias ciudadanas por supuestas irregularidades.

Estos son los rostros de los cinco megacontratistas de los mercados por la emergencia que dejó el 2020 en el Caribe.

Cuadro

1. Trading Group, el megacontratista del primer año de pandemia

Esta firma barranquillera dejó de ser un modesto contratista que le arrendó en 2019, durante tres meses, un inmueble a la Alcaldía de Barranquilla por 129 000 000 de pesos, para convertirse en un peso pesado de la venta de alimentos durante la pandemia.

Trading Group firmó un contrato por 19 308 millones de pesos (el más cuantioso de todos los del Caribe) con la Gobernación del Atlántico, en cabeza de Elsa Noguera, quien es miembro del grupo de los Char. Esa casa política maneja la Alcaldía de Barranquilla desde 2008 y la Gobernación desde 2020.

Esta empresa, dedicada al almacenamiento y depósito de insumos desde 2009, tiene sedes en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Buenaventura y Bogotá, y es propiedad de los esposos Mónica Liliana Agudelo Vallejo y Carlos Jaramillo Agudelo. Los dos suelen aparecer en celebraciones y eventos de las páginas sociales de los medios locales de la capital de Atlántico.

El contrato que Trading Group obtuvo con la Gobernación del Atlántico por la venta de 420 000 mercados fue uno de los investigados por la Procuraduría debido a supuestas irregularidades durante las primeras semanas de pandemia. Hasta la fecha no se conocen sanciones contra ese contratista por dichos hechos.

Desde su firma, ese negocio produjo una avalancha de cuestionamientos ciudadanos, pues no incluía los valores unitarios de los artículos de cada mercado en el documento inicial, publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop). Después de dos otrosíes, como se les llama en lenguaje jurídico a las modificaciones de un contrato ya firmado, la Gobernación redujo el valor total de 19 319 000 000 de pesos a 19 308 000 000 y detalló cada costo.

Esas acusaciones por sobrecostos obligaron a la gobernadora Noguera a dar explicaciones públicas, una decisión poco usual tanto en su estilo de gobierno como en el de su grupo político.

Noguera explicó, mediante un video difundido en redes sociales, que el 80 % del pago lo invirtió en alimentos y el 20 % restante en la logística; es decir, en el empaque, bodegaje y transporte de los mercados hasta las casas de las 210 000 familias que recibieron las ayudas durante el primer semestre de 2020.

Raúl Lacouture, secretario general de la Gobernación y funcionario que firmó el contrato con Trading Group, dijo además que esa empresa fue la escogida por “su alta experiencia en Colombia y el exterior”. Sin embargo, Lacouture tiene una investigación disciplinaria en la Procuraduría General por dicha negociación, que hasta finales del año pasado estaba en etapa probatoria.

2. Alimentación N. P., contratista afortunado con los Char

Esta empresa, que comenzó como un modesto negocio familiar de almuerzos en 1980, es la segunda megacontratista de los mercados en lo que va de pandemia en el Caribe.

Es conocida en la capital del Atlántico por su marca La Vianda, por medio de la cual vende al por mayor comida lista para el consumo y se convirtió en una de las empresas locales más robustas del sector de alimentos. Sus dueños son los esposos María del Socorro Polanía y Ricardo Navarro Rodríguez.

A esta firma, hoy con 606 empleados, le ha ido bien con los Char tanto en la Alcaldía de Barranquilla como en la Gobernación del Atlántico. De hecho, 2020 fue un gran año de contratación pública para este ente privado, pues ganó tres procesos millonarios: dos con la administración del alcalde Jaime Pumarejo (uno para mercados COVID-19 y otro dentro del Programa de Alimentación Escolar) y un tercero, que lo obtuvo con el gobierno de Elsa Noguera para meriendas a los estudiantes de los municipios del departamento.

De esos tres contratos, el que más reflectores tuvo fue el firmado con la administración Pumarejo por 18 652 millones de pesos para la venta de 360 670 mercados. Un contrato que mostró cómo se entrecruzan caminos entre el gobierno local y los organismos de control en Barranquilla, y que produjo señalamientos ciudadanos por posibles sobrecostos dado el tamaño de cada uno de los mercados.

Para esclarecer si hubo o no sobrecostos, la Contraloría inició una investigación preliminar sobre el contrato tras encontrar una diferencia de 8820 pesos por cada uno de los mercados. Esa indagación pasó posteriormente de la Contraloría General de la República a la de Barranquilla.

La funcionaria local inicialmente encargada de recopilar las pruebas de oficio fue Ederlinda Pacheco Venecia, delegada para procesos de responsabilidad fiscal hasta el 31 de julio de 2020, y quien había llegado a ese cargo después de trabajar durante diez años como asesora de contratación de la Alcaldía de Barranquilla; justo el mismo periodo que lleva en el poder local el grupo político del alcalde Pumarejo. Una relación laboral que podría ser un indicio de la falta de independencia en la investigación por parte la Contraloría distrital

Cuando se solicitó a la Contraloría de Barranquilla el estado de esa investigación, Jairo Pérez Arrieta, nuevo delegado para procesos de responsabilidad fiscal, dijo que debido a la reserva de dicha diligencia “no es posible suministrar información alguna sobre tales averiguaciones adelantadas por el despacho”.

Consultada sobre los sobreprecios señalados por la Contraloría General, la Alcaldía respondió que para la época de la firma del contrato había escasez de alimentos e incertidumbre por el anuncio de la cuarentena nacional, por ello “muchos productos de la canasta familiar presentaron variaciones muy altas”.

La Alcaldía, a su vez, explicó que antes de comprar los mercados hizo un análisis a partir de los precios ofrecidos por las cadenas de grandes superficies como ARA, Jumbo, Éxito, Olímpica y Merqueo. El estudio arrojó un costo promedio de 42 604 pesos por cada kit; es decir, 3625 pesos por encima de la oferta hecha por el contratista Servicios de Alimentación N. P. S. A. Por tanto, según la Alcaldía, esa había sido la mejor oferta. También argumentó que ese fue el contratista seleccionado por tener disponibilidad inmediata para entregar los mercados.

Asimismo, hubo críticas ciudadanas porque los mercados llegaron con material fotográfico alusivo al alcalde. Sobre eso, la Alcaldía respondió que los plegables formaban parte de una estrategia pedagógica para prevenir la propagación del virus.

Si bien eso no está prohibido por ley, la Procuraduría sí incluyó la publicidad para “resaltar la imagen de alcaldes, gobernadores o partidos políticos” dentro de los riesgos de contratación con plata de la emergencia.

3. Invercomer del Caribe, un megacontratista hecho en pandemia

En lo que va del contagio, Invercomer del Caribe ha firmado seis contratos por 16 387 millones de pesos para la venta de mercados y bonos canjeables por alimentos: cinco con la Alcaldía de Cartagena por 11 387 millones de pesos y uno por 5000 millones de pesos con la Gobernación de Bolívar.

El rostro detrás de esta empresa es Guillermo Ramírez Jiménez, conocido popularmente en Cartagena como el Cachaco Ramírez, quien empezó hace décadas como un pequeño comerciante en el mercado de Bazurto y hoy es uno de los gigantes del sector de alimentos de Bolívar.

Este antioqueño vive en Cartagena desde 1978, emprendió desde entonces un negocio con su hermano para la venta y empaque de panela.

Años después, Ramírez abrió su primera tienda y desde entonces no ha parado de construir un sólido grupo económico, del que forman parte dos supermercados de cadena: Megatiendas, con 14 almacenes y 1355 empleados en el país, y Megatiendas Supermayorista, con otros tres establecimientos en la capital de Bolívar.

De manera paralela a sus negocios, Ramírez incursionó en la política cartagenera. Primero fue concejal en varios periodos y después candidato a la Alcaldía. Una carrera política que empezó de la mano del conservador Farid Curi.

Tras su fallido intento por llegar a la Alcaldía de Cartagena en 1997, Ramírez no ha vuelto a aspirar a algún cargo de elección popular, pero ha mantenido su participación en otros escenarios del debate público como vocero de los tenderos en la Cámara de Comercio y presidente de su junta directiva.

“Él ha cimentado su fuerza política en la cantidad de tiendas que ha logrado abrir y en sus relaciones con comerciantes y empresarios. Eso es lo que le ha dado fuerzas para apoyar económicamente a varias campañas políticas en la ciudad”, detalló una fuente que conoce a Ramírez desde hace años, pero que pidió no ser citada en esta historia.

Guillermo Ramírez se convirtió en uno de los contratistas millonarios del primer año de pandemia en Cartagena debido a los contratos que ganó con su empresa Invercomer, porque según la entonces secretaria general de la Alcaldía, Diana Martínez, fue una de las que hizo la mejor oferta en precios.

Y para acabar de despejar dudas sobre la transparencia de la negociación, la administración de William Dau recordó, mediante un video publicado por Martínez, que el mandatario llegó al poder por su discurso anticorrupción, sin el apoyo de los tradicionales grupos políticos y económicos que han mandado en Bolívar y Cartagena durante décadas.

4. Makro Supermayorista, el megacontratista de los alimentos en Magdalena

Esta es una sólida empresa de origen holandés, con 1834 empleados y 22 sucursales en las principales ciudades de Colombia. Su músculo económico le ha permitido ser un gran contratista con diferentes entidades públicas. Solo entre 2011 y 2020 firmó 261 convenios en el país.

Este supermayorista se convirtió en uno de los contratistas más grandes del primer año de pandemia en el Caribe porque obtuvo seis contratos de alimentos por 12 251 millones de pesos de la Alcaldía de Santa Marta y la Gobernación del Magdalena, administraciones que tienen detrás un mismo poder político: el del actual gobernador y exalcalde Carlos Caicedo Omar.

Aunque no fueron objeto de investigación por los entes de control, esos contratos no estuvieron libres de críticas ciudadanas, como tampoco del escrutinio de la prensa local por la falta de transparencia informativa.

La documentación inicial publicada por la Alcaldía y la Gobernación no especificó los valores unitarios de los alimentos, porque muchos de esos contratos se hicieron bajo monto agotable. Ese sistema consiste en adquirir los productos hasta agotar los recursos asignados, por lo cual solo es posible conocer la cifra total de mercados hasta la ejecución de cada contrato.

Pero lo que más críticas produjo en Magdalena y su capital fueron las aglomeraciones propiciadas por los mismos gobiernos locales, que terminaron convirtiéndose en potenciales focos de contagio de coronavirus. La Alcaldía, por ejemplo, les entregó 6000 bonos a las familias más pobres de Santa Marta para que los cambiaran por alimentos en una misma semana, lo que produjo largas filas alrededor de la única sede que Makro tiene sobre la Avenida del Ferrocarril de esa ciudad.

El gobernador Caicedo, por su parte, hizo correría por los distintos municipios para entregar 80 000 mercados en convocatorias que terminaron en desórdenes. Por esas aglomeraciones la Procuraduría Regional le solicitó “garantizar el aislamiento” de los ciudadanos y trabajar de la mano de las alcaldías municipales para entregar los alimentos “puerta a puerta”.

A diferencia de la mayor parte de las administraciones del Caribe, Magdalena no compró los kits de alimentos, sino que optó por armarlos bajo criterios propios de cantidades y tipos de nutrientes.

5. Mercadería S. A. S., el contratista de los bonos

Esta empresa de alimentos de bajo costo, dueña de los almacenes Justo y Bueno, terminó el primer año de pandemia como contratista de gran parte de los bonos que las familias más pobres del Caribe canjearon por alimentos. Ganó casi 12 000 millones en contratos que firmó en Atlántico y Magdalena. Nada mal para una cadena emergente de supermercados en Colombia que desde 2015 ha logrado abrir 1114 establecimientos y contratar a 8003 empleados.

Los contratos de Mercadería S. A. S. durante 2020 en todo el país sumaron 15 637 millones de pesos, firmados con distintas entidades públicas para la venta de bonos canjeables por alimentos.

El cerebro detrás de esta línea de bajo costo es el ingeniero chileno Michel Olmi, quien antes creó y le vendió al Grupo Santo Domingo otra marca de precios bajos: Tiendas D1.

Colombia comenzó este 2021 con las cifras de contagios y muertes disparadas en regiones como la Andina y la Pacífica, que obligaron a sus gobernantes locales a decretar nuevas cuarentenas para evitar el colapso sanitario. Con un virus imposible de predecir, incluso con vacunación masiva, el Caribe está alerta de lo que pueda sucederle en los próximos meses. Por eso, este segundo año de pandemia les plantea a alcaldes y gobernadores otro reto adicional: transparencia en la contratación por la emergencia sanitaria y respuestas claras a la ciudadanía debido a las investigaciones iniciadas por los entes de control.

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Esta investigación hace parte del proyecto ‘Tras la pista de los dineros del COVID-19’ de Consejo de Redacción (CdR).
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